Las defensas del caso Tsunami se unen aprovechando un error de García-Castellón para intentar archivar la causa

MadridA la espera de que el Tribunal Supremo decida si asume la causa de Tsunami Democrático, las defensas han movido ficha conjuntamente para tratar de detener la investigación que lleva al controvertido instructor del caso en la Audiencia Nacional. En un escrito presentado en el alto tribunal, esgrimen que Manuel García-Castellón cometió un error que convierte en ilegales todos los movimientos del magistrado en la investigación de los últimos tres años y medio. La fecha clave es el 29 de julio de 2021, cuando vencían los primeros doce meses de instrucción. A partir de ese momento, para mantenerla viva, el magistrado ha tenido que dictar prórrogas de hasta seis meses. El escrito de las defensas alega que la primera prórroga se hizo fuera de plazo y, por tanto, ninguna de las diligencias hechas a partir de ese día son válidas. Otros recursos con la misma objeción se están analizando también en la Audiencia Nacional, aunque inicialmente uno de ellos fue rechazado por el juez.

El auto de García-Castellón que prorroga la investigación es del 30 de julio de 2021, un día más tarde. El magistrado, además, no la firma hasta el 2 de agosto, con tres días de retraso. Las defensas afirman en el escrito que el hecho de que se hayan practicado diligencias fuera del plazo legal lesiona los derechos fundamentales de los investigados y compromete a toda la causa. En este sentido, reclaman al Supremo que dictamine la finalización de la instrucción el 29 de julio de 2021, archive la causa y la deje de nuevo a manos de la Audiencia Nacional para que ésta dictamine las resoluciones pertinentes para adecuar las diligencias "a las consecuencias y efectos" que se deriven de la decisión del Supremo.

Las defensas reprochan, además, que no pudieron ejercer el derecho a defensa en el momento en que se produjo el error procesal de García-Castellón porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Lo estuvo desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 8 de mayo de 2023.

Puigdemont y Wagensberg no han declarado

El juez Manuel García-Castellón quiere que el caso pase a manos del alto tribunal debido a que dos de los investigados -el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado republicano Ruben Wagensberg- son aforados. El escrito presentado este miércoles por las defensas también alega que no puede abrirse un procedimiento contra Puigdemont y Wagensberg cuando ni siquiera han sido citados a declarar como investigados. Sin una declaración válida de los investigados antes de que expire el período de instrucción, las defensas argumentan que "no es posible dirigir un procedimiento contra las personas aforadas" y, por tanto, el Supremo no puede declarar su competencia para instruir la causa.

"En la fecha de conclusión de la instrucción el 29 de julio de 2021 no se había acordado la citación en calidad de investigadas que en la exposición razonada se identifican como investigadas/aforadas", dice el escrito , que insiste en que es una diligencia "imprescindible" para que la instrucción pueda continuar y se garantice el derecho a la defensa de los investigados.

La decisión que las defensas quieren que tome el Supremo, dice el escrito, debe tener repercusión en la de la Audiencia Nacional también para los no aforados, ya que varias de ellas se encuentran en la misma situación por el hecho de no haber declarado antes de la fecha en la que esgrimen que venció la instrucción.