La Audiencia Nacional envía al Supremo el caso de terrorismo contra Puigdemont y Rovira por el Tsunami Democrático

BarcelonaEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sigue observando indicios de terrorismo en las acciones de Carles Puigdemont, Marta Rovira y diez personas más investigadas por la organización del Tsunami Democrático, pero envía la causa al Tribunal Supremo para que supere las dificultades que podría encontrarse para seguir con el caso. Tanto Puigdemont, como eurodiputado, como el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg están aforados en virtud de sus cargos y, por eso, es necesario que el Supremo –o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya– se impliquen en la causa . A ambos, recuerda García Castellón, se les ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente porque él carecía de potestad para obligarles a hacerlo. Tanto la Fiscalía como las defensas ya reclamaron que la causa, que niegan que pueda seguir instruyéndose por terrorismo, saliera de la Audiencia Nacional.

Tendrá que ser la sala segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena –el también presidente del tribunal que condenó a los presos políticos– quien determine si acepta seguir con la investigación por terrorismo, tal y como solicita la Audiencia Nacional.

Además de Rovira, Puigdemont y Wagensberg, están siendo investigados por terrorismo Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, José Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaime Cabaní, Nicola Flavio y Oleguer Serra, que ha recorrido el auto de recusación contra García Castellón, que el propio García Castellón rechazó. Fuentes consultadas por el ARA reconocen el temor que había ante la citación del juez porque podrían derivarse medidas cautelares –precisamente lo que quiere evitar la ley de amnistía–, entre ellas la cárcel provisional, como ya ocurrió con los miembros de los CDR detenidos en la Operación Judas de 2019 ya los que, ya en libertad, la Audiencia Nacional ha enviado recientemente a juicio. En todo caso, si el Supremo acepta seguir con la investigación debería citarlos a declarar y, por tanto, el riesgo de las cautelares sigue bien vigente mientras la ley de amnistía no esté vigente (se espera que lo esté hacia el mes de marzo o abril del próximo año).

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La batalla judicial

Sin embargo, parece evidente que la tramitación de la ley de amnistía no ha influido en la determinación de los jueces de seguir adelante en las investigaciones contra los dirigentes independentistas que se implicaron con el 1-O y con las protestas post-sentencia. Este mismo martes, además de las novedades en el caso del Tsunami Democrático, el TSJC ha fijado fecha de juicio contra Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, por su implicación en el referéndum.

Los casos del Tsunami Democrático y también de la causa contra los CDR son los más delicados de todos los que debería amparar la ley de amnistía. Ambos se están instruyendo por terrorismo y, aunque la ley en ningún caso asume que el terrorismo sea uno de los delitos que deba ser amnistiado, sí pone límites: asume que los condenados "en sentencia firme" por terrorismo no podrán ser amnistiados, pero no cita los casos en los que no haya sentencia firme, lo que abre una rendija a incluir a los procesados ​​de los CDR y del Tsunami. En todo caso, serán los jueces los que tendrán que interpretar y aplicar la ley y el Tribunal Constitucional (o la justicia europea) tendrán la última palabra.

La determinación de los jueces a bloquear o al menos aplazar la entrada en vigor de la ley de amnistía no es ningún secreto. Todas las organizaciones que reúnen a magistrados, también numerosos fiscales y jueces de primera instancia se han posicionado de forma vehemente contra la ley de amnistía, incluso antes de conocer su redactado concreto.