La intención de las administraciones públicas de vaciar la playa de El Trampolín de Ceuta choca con el temor de muchos inmigrantes a ser deportados a la fuerza a Marruecos. Hasta en dos ocasiones (jueves por la mañana y viernes por la mañana) han sido desalojados para ser trasladados a los centros de acogida temporal, y en ambas ocasiones han vuelto a ocupar la arena. Al miedo a que los envíen al otro lado de la frontera se suma la evidencia de que las 1.800 plazas abiertas por el gobierno español en dos espacios son del todo insuficientes para atender a todos los inmigrantes, cuyo número sigue siendo una incógnita. Ante esta situación, muchos de los que el jueves fueron desalojados del campamento de la playa han vuelto este viernes al no tener un lugar donde refugiarse.

Justo cuando empezaba a salir el sol, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron este jueves un enorme dispositivo en la playa de El Trampolín de Ceuta para desalojar a los miles de inmigrantes –no hay cifras oficiales para saber cuántos son– que malvivían allí en condiciones inhumanas desde la entrada masiva de finales de julio. Escoltadas por la policía y con el apoyo de entidades sociales, unas 1.700 personas han ido desfilando a pie hasta los dos primeros centros de acogida temporal que el gobierno español acaba de abrir para intentar que la ciudad africana recupere la normalidad rota por la llegada de miles de inmigrantes. Tan solo unas horas después, cuando las brigadas municipales aún limpiaban basura y todo tipo de enseres que los inmigrantes habían usado para levantar un campamento precario, unas 500 personas han vuelto, lo que ha obligado a detener los trabajos de las brigadas municipales. Su temor es que, en un lugar oficial, sean devueltos a Marruecos, como han explicado algunos a el ARA.

El ministerio de Juventud e Infancia trabaja para trasladar a la Península hasta a 500 niñas y adolescentes inmigrantes no acompañadas que ahora están en Ceuta, según explican fuentes del ministerio. La propuesta es que el gobierno de la ciudad autónoma mantenga la tutela de las menores y que la guarda y custodia pase a las entidades sociales que gestionan centros de acogida. Es la solución que han encontrado para acelerar el trámite habitual por el cual la tutela pasa a ser de la comunidad de acogida, que es la que tiene las competencias.

Dieciocho días después de la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, la Comisión Europea mantiene su posición sobre el futuro de los migrantes que continúan en la ciudad autónoma. El ejecutivo comunitario ha defendido que se retorne a todos, incluidos los más de dos mil menores que han entrado sin familiares adultos y a quienes el derecho comunitario y la misma ley de extranjería española otorgan una protección especial. Bruselas argumenta que el derecho de la Unión Europea también prevé que sean retornados. "Continuamos insistiendo en que la expectativa es que todos los que estén irregularmente en Ceuta sean retornados", ha dicho el portavoz de la comisión de Asuntos Internos, Markus Lammert, este martes en rueda de prensa.

El gobierno español ha asegurado que el retorno seguro de los menores marroquíes que entraron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio es prioritario. Pero, con la ley en la mano, las repatriaciones de jóvenes tienen una especial protección frente a los trámites ordinarios que se aplican a los adultos. De hecho, en los últimos años los retornos con las familias biológicas son la excepción absoluta y solo se hacen en casos puntuales. Además, según recoge la fiscalía, no se ha podido tramitar ninguno a Marruecos "por la falta de cooperación" de las autoridades alauíes. Sin ir más lejos, en 2024 solo se repatriaron ocho criaturas: cuatro de Colombia, tres de Rumanía y una de Francia.

Los funcionarios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta aún no han llegado y ya hay menores no acompañados que esperan haciendo cola para ser registrados. El desbordamiento de niños y adolescentes en la puerta se repite de nuevo este viernes y desemboca en momentos de cierto caos y nerviosismo, una imagen que las autoridades y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quieren evitar que se produzca en el centro de la ciudad autónoma, donde se encuentra la Jefatura. Buscan que se respire "normalidad". Miembros del ejército son los encargados de la situación, mientras les ordenan ponerse en fila. En este edificio es donde estos niños y niñas tienen puestas ahora todas sus esperanzas: dentro cumplirán con el primer trámite burocrático que les permita quedar bajo la tutela de la administración autonómica.

El gobierno español prevé activar todos los mecanismos disponibles para dar una respuesta a los menores migrantes no acompañados que entraron desde Marruecos a Ceuta nadando y que se encuentran en estos momentos en la ciudad autónoma. El ejecutivo de Ceuta calcula que son "un millar": "No les podemos dar una cifra exacta porque el proceso de localización [de los menores] e incorporación al sistema de protección sigue en marcha", ha indicado el portavoz del gobierno local de Ceuta, Alejandro Ramírez, este martes en rueda de prensa. Entre estos mecanismos se incluye el reparto de los niños y adolescentes no acompañados entre las comunidades autónomas, tal como ha apuntado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, y confirman fuentes del ministerio de Infancia pilotado por Sira Rego. Un planteamiento, sin embargo, que ya ha puesto en pie de guerra a la derecha.

Más de la mitad de los ahogamientos mortales de niños en Cataluña producidos entre los años 2019 y 2023 corresponden a menores de origen extranjero, según un estudio impulsado por el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) y la Agència de Salut Pública de Catalunya.

A principios de siglo, el Casal dels Infants, toda una institución en el área metropolitana, se planteó la necesidad de tener ojos y manos en Marruecos que trabajaran en red con las entidades locales, las criaturas con intención de marcharse y sus familias. La francesa Claire Trichot es la responsable de la delegación del Casal en el país magrebí, con sede en Tánger.

Bakary y Lassana eran menores de edad y la Generalitat provocó que acabaran en la calle asegurando que eran adultos. Ahora la justicia da la razón a los dos chicos gambianos. Las pruebas de edad que les hizo la Fiscalía para determinar que eran adultos, y que sirvieron para que la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) les expulsara de los centros de menores, no tenían validez. El de Lassana y Bakary son sólo dos casos. Pero hay muchos más repartidos por todo el territorio. En Girona ciudad ya hay otras dos resoluciones judiciales, y en la Garrotxa, por ejemplo, ya ha habido una decena en los últimos meses.

Dos coches de los Mossos d'Esquadra acudieron a la llamada. El chico lloraba sin entender nada. Indefenso. Perdido. Superado. Era una noche de diciembre del año pasado en las afueras de Cabanes, un pequeño núcleo urbano del Alt Empordà. El resto de compañeros del centro lo miraban entre la resignación, la rabia y la pena. Mucha pena. Los agentes cogieron al chico y le condujeron a la estación de Figueres, y le despidieron con un frío "buena suerte".

Este ha sido un verano caliente, con múltiples incendios racistas. Las protestas o incluso agresiones contra centros de menores y migrantes se han multiplicado por todo el estado español. Lo que más trascendió fue lo ocurrido en Torre Pacheco, pero también se han producido ataques contra centros de menores en Vallirana —con cócteles molotov— y en Marcilla (Navarra), disturbios en Piera —donde en mayo también se lanzaron artefactos incendiarios—, en Alcalá de Henares (Madrid) y en Sabadell, y persecuciones en Hernani (Guipúzcoa). En Donostia se han organizado "cacerías" de personas magrebíes y africanas a través de un grupo de Telegram. Estos son solo algunos de los casos. Nos situamos así en la línea de Europa, que lleva un tiempo sumida en una crisis de vigilantismo y donde el aumento de la violencia contra los migrantes, y sobre todo contra los menores magrebís, parece imparable. 

Han pasado cinco meses desde que el Tribunal Supremo dio 10 días al gobierno español para que se hiciera cargo de un millar de menores inmigrantes no acompañados que son acogidos en las islas Canarias y que solicitaron el asilo o tenían intención de hacerlo. Pero la respuesta del ejecutivo central no ha llegado hasta ahora. Tras una reunión entre el gobierno central y el autonómico celebrada este martes, se ha acordado que el traslado de estos menores a la Península comience la próxima semana, indican fuentes del encuentro.

El gobierno español confía en empezar a repartir a los menores migrantes solicitantes de asilo que ahora están en Canarias entre las comunidades autónomas a finales de agosto. Ésta es la intención del ministerio de Juventud e Infancia pese al boicot de los territorios donde gobierna el PP, que este miércoles no han asistido a la conferencia sectorial de infancia donde debía encauzar el reparto. Salvo la ciudad autónoma de Ceuta, ningún gobierno popular se ha presentado en la conferencia de este miércoles en Madrid. Las comunidades que sí han participado en el encuentro han sido Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha.

Estrena la adolescencia y Amina S. sueña con poder entrar en la academia y ganar una plaza en los Mossos d'Esquadra o en la Policía Local. Antes, sin embargo, tendrá que conseguir "los papeles" e incluso adquirir la nacionalidad española. De momento con 17 años, después de cuatro en Catalunya, está a la espera de que se resuelva su expediente, una vez que su padre se ha regularizado y puede iniciar los trámites del llamado arraigo familiar de sus dos hijos, mientras que la madre debe seguir otro procedimiento por separado. "¡No tener papeles te hace sentir diferente, porque sientes tantas veces que hay una invasión de ilegales!", afirma esta joven que solo piensa "en el futuro" y que nunca ha podido volver a su país de origen, ni siquiera cuando murió una abuela. "No habríamos podido volver", apunta.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que el gobierno español aprobó hace tres semanas para el reparto de menores migrantes que colapsan los servicios de Canarias y Ceuta. El ejecutivo del Estado pactó unos criterios con Junts a cambio de su voto favorable, el único que quedaba pendiente por dar luz verde a la normativa, dado que el PP está encerrado en banda. La formación de Carles Puigdemont ha votado a favor. El real decreto, que ya está en vigor desde que lo aprobó el consejo de ministros, daba un plazo a las comunidades para facilitar datos de capacidad de acogida, y algunos han facilitado información "incompleta", según el ministerio de Infancia y Juventud, como Madrid y Extremadura, y otros que ni siquiera han dado ninguna. Todas ellas están gobernadas por la formación conservadora.

Esta mañana ha habido huelga encubierta en Cercanías. Los trenes se detenían mucho rato en las estaciones, llegaban tarde… Tenerte que oír decir que el traspaso va muy bien porque se han blindado los derechos de los trabajadores es una burla a los usuarios, que también tienen un derecho y que no es menor, a la movilidad. Presidente Isla: hace veinte años que Zapatero anunció el traspaso de Cercanías y usted está a punto de convertirse en un presidente más en la lista de quienes ven pasar los trenes sin poder hacer nada. Nos están tomando el pelo, y esto también le incluye a usted.

Hace un par de semanas que el debate sobre el reparto de los menores inmigrantes entre autonomías es uno de los temas que marcan la agenda política y mediática en el Estado. Fue el motivo esgrimido por Vox para romper los pactos autonómicos con el PP, cuyo argumentario vincula la inmigración con la inseguridad y la delincuencia. Desde entonces, el partido de Santiago Abascal se ha dedicado a explotar el tradicional recurso de la extrema derecha de atizar el miedo a la "inmigración ilegal masiva" para generar adhesiones, en un momento en el que a Vox le ha salido un competidor directo y aún más radical: la plataforma Se ha terminado la Fiesta del agitador ultra Alvise Pérez, ahora eurodiputado con intenciones de concurrir a las próximas elecciones españolas.