El sábado 3 de agosto, Sebastià Alzamora publicó en este diario una columna titulada "Compañeros (y otros avances menospreciados)" que comentaba mi posicionamiento como presidente de la Comisión de la Dignidad en cuanto a la reciente declaración de nulidad del consejo de guerra del presidente Companys. En respuesta a ese artículo, debo hacer constar una serie de hechos que explican mi posicionamiento.

La reparación de la memoria del presidente Companys, detenido (con la necesaria colaboración de los nazis en Francia), encarcelado, torturado y finalmente fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940, después de un juicio farsa y un consejo de guerra sumarísimo, es una vieja y justa reivindicación del soberanismo catalán. Esta semana, más de ochenta años después, el gobierno de España, a petición del Gobierno de la Generalitat, ha reconocido la nulidad del juicio y el consejo de guerra que condenaron a Companys, y los ha considerado ilegales e ilegítimos. Asimismo, se declara explícitamente que Companys (el único presidente de gobierno ejecutado por los fascistas en toda Europa) fue asesinado por su militancia y por los cargos que ocupaba, singularmente por ser el presidente de la Generalitat de Catalunya: “por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat”, dice el texto que declara la nulidad de la causa contra Companys.