La reparación de la memoria del presidente Companys, detenido (con la necesaria colaboración de los nazis en Francia), encarcelado, torturado y finalmente fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940, después de un juicio farsa y un consejo de guerra sumarísimo, es una vieja y justa reivindicación del soberanismo catalán. Esta semana, más de ochenta años después, el gobierno de España, a petición del Gobierno de la Generalitat, ha reconocido la nulidad del juicio y el consejo de guerra que condenaron a Companys, y los ha considerado ilegales e ilegítimos. Asimismo, se declara explícitamente que Companys (el único presidente de gobierno ejecutado por los fascistas en toda Europa) fue asesinado por su militancia y por los cargos que ocupaba, singularmente por ser el presidente de la Generalitat de Catalunya: “por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat”, dice el texto que declara la nulidad de la causa contra Companys.
Sin embargo, la Comissió de la Dignitat ha recibido mal la medida del gobierno español. Encuentran que llega tarde y mal, que es fruto de la mera coyuntura política y que lo que sería necesario sería que el estado español (se supone que a través del jefe del estado, que es el rey Felipe VI) pidiera perdón a Cataluña y las instituciones catalanas por el asesinato del presidente Companys. También, el presidente de la entidad, Josep Cruanyes, señala que el Parlament de Catalunya ya declaró nulo el juicio contra Companys en 2017, y que esta nueva declaración de nulidad del gobierno de España no sólo es reiterativa (“un juicio no se puede anular dos veces”, argumenta), sino que representa un desprecio al Parlament de Catalunya. Y lo que es peor, un desprecio perpetrado a petición de un Govern que se supone que es independentista (y del mismo partido político que Companys).
También es mala suerte que todo se haga tan mal. Recuerda, en otro orden de cosas, el paso adelante que sin duda significa el hecho de hablar el catalán en el Congreso de Diputados (y es posible que, contra pronóstico, también en el Parlamento Europeo): son avances de gran relevancia, y no sólo simbólica, porque desmontan efectivamente partes importantes del discurso y el imaginario del nacionalismo español de Estado. Pero pasan inadvertidos o directamente son menospreciados o rechazados por quien más rendimiento debería sacar de ellos. Esto ocurre porque el independentismo catalán se ha dejado ir por una pendiente de rencor, suspicacia y populismo que le hace estar mucho más pendiente de identificar traidores y vendidos que de hacer política con los recursos que tiene a mano. Siguiendo un poco con lo que decíamos en el artículo de ayer, por este camino se pueden hacer muchas cosas, pero no hay ninguna que se parezca a una República.
