El Estado reconoce que Lluís Companys fue condenado por tribunales "ilegales e ilegítimos"

BarcelonaMás de ocho décadas después de ser extraditado de Francia, encarcelado y torturado en los calabozos de Madrid y juzgado en el castillo de Montjuïc y fusilado de madrugada un 15 de octubre de 1940, la memoria de Lluís Companys sigue siendo un capítulo abierto. El Gobierno ha anunciado este martes que el Estado ha reconocido la nulidad del juicio y el consejo de guerra sumarísimo que sentenciaron el presidente. Además, en una carta que el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho llegar a la Generalitat se reconoce que Companys fue represaliado y condenado por ser el máximo representante de la Generalitat de Catalunya y por su militancia e ideología. Por ello, considera "ilegales e ilegítimos" tanto el consejo de guerra como las sentencias emitidas por varios tribunales contra el presidente.

En realidad, se trata del tercer gesto de reparación en el presidente. En 2009, con el gobierno Zapatero, y después en 2018, se realizaron dos actos de reparación de la dignidad de Companys, pero fueron retóricos porque no llegaron a reconocer la nulidad del juicio, argumentando que era necesaria una "previsión normativa y legal". Para el Govern fueron actuaciones insuficientes. Por eso hace unos meses, ERC reclamó en el Congreso "de forma inmediata" una "declaración de reconocimiento y reparación personal" de Companys y la anulación de las sentencias, que es lo anunciado este martes. La diferencia con los gestos previos es que se ha logrado un certificado de nulidad que, por petición de la conselleria de Justicia, Derechos y Memoria, se inscribirá próximamente en los expedientes judiciales.

De hecho, a raíz de la ley catalana de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, desde el 2017 ya son nulos no sólo los consejos de guerra sino las actuaciones y resoluciones de todos los tribunales militares que actuaron en Cataluña durante el franquismo . Y el documento de nulidad individual se puede pedir a la consejería de Justicia. Además, en cumplimiento de la ley de memoria democrática española de 2022, el Estado también había anulado las sentencias y resoluciones franquistas contra los represaliados, e incluso se ha incluido en los expedientes judiciales. Lo que ha hecho la Generalitat es solicitar al Estado una declaración expresa con el nombre del presidente. Desde la conselleria de Justicia señalan que se trata de "una reparación en la institución" debido a que se declara que fue asesinado por sus cargos y su militancia. Companys es el único presidente de Europa ejecutado por los fascistas.

Condenado por ser presidente de Cataluña

Sin embargo, desde la Comisión de la Dignidad, en vez de celebrarlo, se muestran indignados: "Cada vez que quieren quedar bien, sacan la memoria de Companys como un espantajo", lamenta el portavoz Josep Cruanyes, quien asegura que la familia del presidente no ha querido saber nada de ese anuncio, después de los dos anteriores actos, que sólo fueron declaraciones políticas.

Para Cruanyes, lo que hace falta es "que el Estado pida perdón a Catalunya y las instituciones catalanas por el asesinato del presidente Companys". Por otra parte, el abogado también señala que el Parlamento ya anuló en el 2017 las sentencias franquistas y cree que, con esa insistencia por obtener la nulidad del juicio por parte del Estado, "lo que está haciendo el Gobierno es un desprecio al Parlament de Catalunya", asegura. "Si un juicio se declara nulo, no se puede anular dos veces", dice Cruanyes, quien señala el valor jurídico, no sólo simbólico, de aquel hecho porque "el Parlamento asume la responsabilidad en función de las competencias judiciales que tenía durante la República". Ya entonces se emitió el certificado de nulidad, señala.

En la carta que el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho llegar a la Generalitat, declara "ilegítima y nula cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Lluís Companys i Jover" por razones "políticas, ideológicas , de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior". De hecho, en el texto se señala que Companys fue condenado “por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos desempeñados durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat”. Desde la Comisión de la Dignidad, Cruanyes cree que "si es el estado español el que le condenó a muerte, lo que debe hacer el Estado es pedir perdón por la muerte de Companys como presidente de Catalunya". Franceses y alemanes, países que contribuyeron a su deportación, ya lo han hecho”.