La madrugada del 16 de diciembre del 2005, tres jóvenes de Sarrià-Sant Gervasi van quemar viva a una mujer que dormía en un cajero automático de la calle Guillem Tell. Previamente, los agresores –que tenían 18 y 16 años– habían sitiado e insultado a Rosario Endrinal, que harta de ellos se encerró en ese pequeño espacio creyendo que era seguro. Pero el menor de edad la engañó para que le abriera la puerta y, por sorpresa, los otros dos chicos le arrojaron encima líquido disolvente que habían encontrado en unas obras cercanas y le prendieron fuego.

De tener un cochecito para niños totalmente gratis a pasar por delante de los ciudadanos autóctonos para recibir una atención sanitaria o una prestación social. Son los rumores que alimentan los discursos de odio contra los migrantes, que sin base alguna se esparcen entre una sociedad que ha visto cómo, a pesar de las mejoras macroeconómicas, hay mucha precariedad social. La decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña, Laura Morro, ha advertido que las profesionales de los servicios sociales municipales básicos intentan desmentir que haya un trato favorable hacia el vecino de origen extranjero al tiempo que solucionan los problemas que plantean los usuarios.

Vox entró en 2021 en el Parlament y este año se ha añadido Aliança Catalana. Con ellos, también ha crecido el flirteo con los discursos de odio, sobre todo hacia los inmigrantes y, en concreto, los musulmanes. Una situación que amenaza las costuras del debate parlamentario y los balances entre el odio y la libertad de expresión, especialmente cuando se hace referencia a la inmigración. Los presidentes del Parlament, primero Laura Borràs y ahora Josep Rull –con el interinaje de Alba Vergés de por medio– se conjuraron desde el primer momento para poner freno a la extrema derecha, interrumpiendo sus intervenciones cada vez que se recurría a la estigmatización y descalificación de colectivos minoritarios. Pero esta estrategia conlleva una contrapartida negativa: Vox y Alianza critican a la censura y se presentan como víctimas. Por eso, el Parlamento está ultimando la fórmula para combatir este fenómeno complejo de los discursos discriminadores introduciendo varios cambios.