Tras más de dos años de conflicto, la sala de lo social del Tribunal de instancia de Girona ha dado la razón a los 18 investigadores María Zambrano en su disputa con la Universidad de Girona. Según la sentencia, que ya es firme, no está justificado que la UdG utilizara el dinero de la convocatoria de este programa estatal de captación de talento –ya cancelado–, que debían destinarse al sueldo de los científicos, a pagar la llamada cuota patronal, es decir las cotizaciones a la Seguridad Social. La justicia obliga ahora a la universidad a devolver las cantidades retenidas de forma irregular.

Pocos días antes de terminar el año, la situación en las universidades catalanas de los cerca de 300 investigadores internacionales y senior –atraídos por el ya cancelado programa estatal de captación de talento María Zambrano– es desesperada. sus contratos en los diferentes centros donde actualmente trabajan y la inmensa mayoría sigue sin plan B. Si no llega una prórroga urgente de sus contratos que ofrezca una solución definitiva a la su situación, tal y como reclaman, acabarán en paro. alrededor de tres años atraídos por un programa de ayudas para la atracción de talento internacional lanzado por el entonces ministerio de Universidades, con Manuel Castells en líder.

Diluvios y sequías, masacres, miseria y hombrecillos escupiendo fuego alabados por las masas. Como dijo María Zambrano, "Todo es levantar barreras para que la vida verdadera y el hombre y la mujer verdaderas no puedan ni dar el primer paso, ni siquiera suspirar". ¿Cómo hacerlo para no sucumbir y perder toda esperanza? ¿O quizás necesitaríamos, más allá de la resistencia, seguir cayendo hasta llegar a lo que la propia Zambrano llama “abismarse”, que es esa caída libre hasta una nada que a la vez lo es todo, lugar donde los opuestos se funden? Poder metabolizar la angustia existencial en una inquietud espiritual.

De aquí a 2030 se prevé que se jubilará el 15% del profesorado universitario. Y ahora mismo la situación de la mayor parte de las universidades catalanas, y españolas, es la de un profesorado envejecido y un grueso de docentes jóvenes y bien preparados que acumulan años de precariedad y malas condiciones laborales si no han hecho, como un gran número de profesionales, el paso de emigrar por buscar mejores condiciones en universidades y centros de investigación extranjeros. En este contexto ha habido diversas iniciativas que han intentado captar ese talento de fuera para incentivar las políticas de investigación e innovación. Pero no todas han resultado tan exitosas como las del programa Icrea.

"Me siento estafada. Llegué de Estados Unidos con un currículo brutal y con ganas de aportar a mi país", explica MR, una psicóloga forense de 42 años especializada en casos de violencias. Con todo, afirma con crudeza y mucho desencanto: "Mientras allá se me rifaban, aquí nada. Ni una oportunidad". Su historia bien podría ser un guión de Hollywood: llegó a Nueva York en el 2010 con una reputada beca Fulbright bajo el brazo, después de licenciarse entre los mejores de su promoción y como deportista de alto rendimiento. En EE.UU. su talento le fue abriendo puertas, y ha trabajado en el país como experta en clínica forense por laboratorios de investigación que tenían vínculos con el FBI y otras organizaciones policiales; para el hospital penitenciario de mayor seguridad de EEUU y investigando aplicada en varias universidades del país.

Íntegra. Ésta es la palabra que faltaba en la convocatoria del programa de captación de talento internacional María Zambrano y que hizo que el millar de investigadores llegados a universidades de toda España se encontraran con que el sueldo que recibirían cada mes sería exactamente la mitad de lo prometido una vez instalados en el Estado. En la redacción de este programa de ayudas se fijaban 4.000 euros brutos mensuales por investigador, pero se daba libertad absoluta a las universidades para que establecieran la relación laboral que consideraran con ellos. La inmensa mayoría optaron por realizar contratos en los que descontaban la cuota patronal empresarial, el dinero que paga el empresario a la seguridad social para paro, Fogasa y formación, del dinero que Castells había anunciado como parte de las nóminas. El resultado es que el salario que recibían los investigadores era un 32% menor respecto al prometido –de los 4.000 euros, acabaron recibiendo 2.200 netos–, lo que empujó a algunos investigadores a llevar el caso a los tribunales. Ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón.