"Salo [Salomé Pradas], de confinar, nada", "quítatelo de la cabeza" o "confinar a toda una provincia es una barbaridad". ¿Esas palabras del exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, debían interpretarse como una orden del propio Mazón, cómo ha defendido la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas o, por el contrario, eran una opinión personal de la mano derecha del expresidente? Son las dos versiones que han ofrecido este lunes los dos exaltos cargos del gobierno valenciano durante el cotejo en el juzgado de Catarroja, en una de las jornadas más destacadas de la instrucción de la dana, como lo ha demostrado la gran afluencia de víctimas de la catástrofe, que les abuchearon mientras eran escoltados por la Gu.

El posible colapso del embalse de Forata –que regula el río Magro y que se desbordó el día de la dana– centró la atención de los servicios de emergencia, que dejaron de seguir con la atención necesaria la situación del barranco de Poio –el causante de la mayoría de los fallecidos durante la dana del pasado año en la Comunidad Valenciana–. Así lo explicó este miércoles el subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, en la segunda jornada de su declaración como testigo, según explicaron al ARA fuentes presentes en el interrogatorio.

Salomé Pradas no pudo cumplir el plan que le habían diseñado sus abogados de no responder a las preguntas que le formularan en la comisión de investigación de la dana del Congreso aduciendo que está imputada en un proceso judicial en marcha. O, de hecho, lo ha ejecutado a la perfección al hacer creer que no respondería a ningún diputado pero después contestando puntualmente por criticar la actuación de los organismos dependientes del gobierno español durante la catástrofe. "Ante falsedades y mentiras no puedo quedarme callada", se ha justificado ante las protestas de los diputados, que le han reprochado que haya concedido una entrevista a un programa de televisión, pero no dé explicaciones a los representantes de la ciudadanía.

Las declaraciones ante la juez de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias del País Valenciano, han revelado un detalle que retrasó aún más el envío del mensaje de alerta a los móviles de la ciudadanía: la traducción al catalán les entretuvo un buen rato porque Salomé Pradas, más allá de retocar el texto para que no fuera demasiado. propias del catalán estándar que del valenciano. En el debate por la traducción, pidió hacer hincapié en Valencia y sustituir tipos por tipo y este por este. Los medios de comunicación catalanes se han hecho eco de esta circunstancia, mientras que en los españoles se ha pasado por alto. En Informativos Telecinco se limitaban a subrayar "el tiempo que invertieron en materializar el mensajey en el Telediario de La 1 apuntaban que "El presidente de la Diputación sugirió hacer cambios ortográficos", sin especificar cuáles.

El confinamiento decretado durante la pandemia por razones sanitarias creó una enorme brecha entre la izquierda y la derecha. Por lo general, para la izquierda la restricción de movimientos estaba justificada porque se hacía en nombre de un bien superior, que era salvar el máximo número de vidas; sin embargo, para cierta derecha aquella decisión suponía una intromisión inadmisible del Estado en la libertad del individuo, que por entonces pasaba a vivir en una especie de dictadura orwelliana. La madrileña Isabel Díaz Ayuso abanderó a la oposición institucional en el confinamiento negándose, por ejemplo, a cerrar los bares y establecimientos de restauración como hacían el resto de presidentes autonómicos, entre ellos Núñez Feijóo. Hasta el punto de que la capital española se convirtió en un polo de atracción de jóvenes europeos en busca de fiesta y diversión.

Uno, Carlos Mazón, se desentendió de la gestión de la dana. El otro, Juan Manuel Cuenca, intentó evitar que la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, restringiera la movilidad de la ciudadanía en las zonas afectadas por la dana. Ésta es la principal conclusión que se puede extraer de los mensajes que la exconsejera intercambió con el expresidente y su exjefe de gabinete y que Pradas ha entregado voluntariamente a la juez instructora que así se lo había solicitado tras la entrevista concedida al programa Salvados.

Salomé Pradas, la consejera investigada por la dana, ha pasado a la ofensiva desde que Carlos Mazón dimitió de presidente. Antes Mazón le había señalado como máximo responsable de la tragedia destituyéndola y sacudiéndose cualquier responsabilidad en el envío tardío y erróneo de la alerta a la ciudadanía. Pradas ya lo demostró cuando desmintió al ya ex jefe del Consell, que a las puertas del aniversario de la tragedia aseguró que no le había informado del Es Alert. Pradas aseguró que lo había hecho a las 19:43 h tras llamarle dos veces previamente sin que Mazón le cogiera el teléfono: el expresidente sostuvo que tenía el móvil en la mochila.

El domingo por la noche, Salvados entrevistó a Salomé Pradas, consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana durante la dana y, por lo tanto, responsable de emergencias ante la catástrofe. Fernando González, Gonzo, le hizo una larga entrevista para profundizar cronológicamente en todo lo ocurrido aquel 29 de octubre y entender la gestión del Cecopi. La entrevista tiene un gran mérito periodístico. Ante el relato ambiguo e inverosímil de Mazón, Pradas es quien dispone de detalles y muchos motivos, en estos momentos, para darlos a conocer. Y más después de ser cesada por Mazón. Sin embargo, hay que tener una circunstancia presente. Salomé Pradas está imputada y pendiente de juicio y, por lo tanto, hay que entender también su testimonio como parte de una estrategia de defensa.

Salomé Pradas, ex consellera valenciana de Emergencias, ha decidido hablar sin tapujos sobre la tarde en la que se desató la dana y ha puesto al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el punto de mira. Pradas le ha acusado de mentir y subestimar la gravedad de la gota fría. De hecho, ha culpado a Mazón de haberla utilizado como "cabeza de turco" cuando la cesó como consellera para "tapar" su gestión. "Con mi cese se estaba buscando una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pensara que debía taparse", ha afirmado en una entrevista en el programa Salvados, de La Sexta. Pradas ha explicado que cuando el expresidente valenciano le comunicó su cese -la citó en su casa- le replicó que estaba siendo "injusto" con ella: "Me estaba señalando, culpabilizando, cuando yo había estado desde el principio donde debía estar", aseveró.

Las transcripciones de las conversaciones de víctimas mortales de la dana en el País Valenciano están poniendo cada vez más luz en las dimensiones de la catástrofe que sucedió hace un año en pleno desbarajuste del operativo de emergencias, condicionado por una convocatoria del Cecopio muy tardía, según reconoce la propia juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra; y por la larga sobremesa del presidente Carlos Mazón. La magistrada ha incorporado al sumario las conversaciones escalofriantes de dos personas que acabaron muriendo en Utiel y Picanya. Los testigos confirman que 37 usuarios del servicio que prestan la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia mediante una empresa concesionaria murieron pese a pedir auxilio.

Una semana y un día después de dimitir, el presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes en la comisión de investigación sobre la dana en las Corts Valencianes. Lo hace a petición propia tras pedirlo el pasado miércoles con el objetivo explicar las actuaciones que ha realizado la Generalitat "para la recuperación social y económica de las zonas afectadas" y "todo lo que consideren los grupos". La oposición, que no confía en una comisión controlada por PP y Vox, quiere que aclare todas las incógnitas que aún rodean ese día. Repasémoslas:

Salomé Pradas señala a Carlos Mazón. La ex consellera de Interior valenciana ha precisado este viernes que informó en todo momento al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de todo lo que ocurría en el Cecopio el día de la dana, también de la posibilidad de enviar el ES-Alert. Pradas lo ha explicado en una entrevista en Radio Castellón y también en la agencia Efe, donde ha contradicho, de este modo, al propio presidente valenciano, que hace tres días aseguró en una entrevista en El Español que nadie le informó ni le consultó nada sobre el envío de esa alerta masiva a la población. En la misma entrevista, Pradas también confía en que la periodista Maribel Vilaplana, que está citada el lunes a declarar en el juzgado, "explique toda la verdad". Vilaplana es con quien Mazón almorzó el día de la catástrofe hasta casi las siete de la tarde.

Nuevas pruebas contra Salomé Pradas por la gestión de la DANA. Al menos dos vídeos incorporados a la causa que instruye la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ya los que ha tenido acceso el ARA, demuestran que la exconsejera valenciana de Justicia e Interior sabía desde el mediodía del día de la tragedia que había que controlar el barranco de Poio y el río Magro. Incluso había expresado su preocupación ante posibles desbordamientos. Sin embargo, el órgano de coordinación de emergencias, el Cecopio, no se convocaría hasta las 17 horas y la alerta a la ciudadanía no se emitiría hasta las 20.11 horas.

A medida que se va reconstruyendo cómo actuó cada responsable político el día de la DANA en el País Valencià queda más claro que Carlos Mazón tuvo una actitud negligente y absolutamente carente de profesionalidad e institucionalidad durante esa jornada fatídica. Ahora hemos sabido que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, intentó contactar con el presidente valenciano a las 12.52 hya las 16.29 h sin éxito. ¿Cómo es posible que un presidente no atienda las llamadas de la consellera encargada de emergencias en un día con alerta roja meteorológica por la DANA?

Lo que cabía esperar de la declaración ante la jueza de la ex consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, que era quien estaba al frente de la gestión de la emergencia el día de la DANA, era que acudiera en la línea de defender su gestión y la de sus técnicos, pero lo ocurrido este viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Pradas se ha justificado diciendo que ella "no sabía nada de emergencias" y que, por tanto, toda la responsabilidad recae en los técnicos. O sea, que la exconsejera utiliza su ineptitud como excusa para sacudirse las responsabilidades y derivarlas hacia sus subalternos, una actitud no sólo indigna sino especialmente peligrosa, puesto que alimenta la creencia de que todos los políticos son igual de incompetentes que ella. Esta maniobra se completa con otra, esa sí previsible, que es exculpar a su jefe, es decir, el todavía presidente Carlos Mazón. La culpa hacia los de abajo, nunca hacia los de arriba.

De repente la declaración ante la jueza de la ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha demostrado que el rey va desnudo, y que los políticos, en realidad, no saben demasiado de nada y son títeres de los técnicos. Pradas no tiene ningún problema en admitir que es una incompetente ("Soy sólo una licenciada en derecho sin experiencia en emergencias") porque considera que así es como esquivará la responsabilidad penal. El razonamiento es muy sencillo: ella no puede ser responsable de la muerte de 228 personas durante la DANA porque, de hecho, no sabía ni que su trabajo era salvarlas. Esto era cosa, dice ella, de los técnicos "con 100 años de experiencia" que había allí. Pero entonces ¿por qué un año antes, con los mismos técnicos, se gestionó una DANA en la Vega Baja de forma completamente diferente con Ximo Puig de presidente?

La comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana que se está desarrollando en la Diputación de Valencia ha dejado detalles reveladores. No sólo sobre responsabilidades, sino también sobre por qué hubo tantas carencias en el control del caudal del barranco de Poio el día de la tragedia, el 29 de octubre de 2024. Lo que era entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de los Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, señaló este martes que la exconsejera de Justícia'e Interior cero", y no el presidente valenciano, Carlos Mazón. Sin embargo, también explicó el motivo de la dejadez en el control del caudal con la retirada de los bomberos a las 14.30 horas: detectaron un descenso y tenían ganas de "comer", ya que era la hora de comer.

La investigación judicial en el Gobierno de Mazón por la gestión de la DANA continúa su curso: la juez ha citado como investigada el 11 de abril a la exconsejera de Interior Salomé Pradas, cesada después por el desastre de las riadas que dejaron al menos 225 muertos en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, Pradas se ha revuelto contra esta decisión y ha pedido a la titular del juzgado número 3 de Catarroja que archive la investigación contra ella. La exconsejera se presenta como una "cabeza de turco" de la tragedia y atribuye a las víctimas y los daños de la DANA a la falta de ejecución de las obras de canalización del agua que desbordó el barranco de Poio. La defensa de Pradas también argumenta que todo ello se debió a una catástrofe natural que, "por sus características y velocidad", no pudo preverse ni evitarse. "Nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos", recoge su recurso, que pide que la causa salga de la vía penal y pase, en todo caso, a la administrativa.

El gobierno de Carlos Mazón "sabía perfectamente" que el barranco del Poio se había desbordado y, sin embargo, tardó horas en enviar una alerta masiva a la población. Es lo que concluye la juez que investiga la gestión de la DANA de la Generalitat Valenciana y su presunta responsabilidad en la muerte de más de 220 personas en las riadas. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja analizó los audios de las llamadas al 112 y constató que, desde las 17.10 horas, ya había personas pidiendo auxilio. Por ello concluye que la administración valenciana estaba en el caso de la gravedad de la situación a esa hora. Sin embargo, la alerta masiva a la población no se envió hasta pasadas las 20.00 horas.

Contradicciones. Ésta es una de las palabras que mejor definen actualmente la figura de Salomé Pradas (Castellón de la Plana, 1978), la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y responsable política de emergencias. En menos de 12 horas ha sido la protagonista de dos de los episodios más inverosímiles sobre el reparto de responsabilidades por la gestión de la DANA. El primero, por haber mentido y dicho que la delegada del gobierno español en el País Valenciano, Pilar Bernabé, no le había ofrecido desplegar el UME hasta la tarde. TVE ha emitido este viernes unas imágenes en las que se veía cómo la propia Pradas explicaba a su equipo el 29 de octubre por la mañana que los efectivos militares estaban a disposición del gobierno valenciano. Y el segundo, para mostrar su desconocimiento sobre el mecanismo Es-Alert para avisar a la población. Ella misma se contradijo pocas horas después y afirmó conocer este sistema, y ​​la Cadena SER emitió un audio de la reunión del Cecopio –en la que Pradas estaba presente– donde se discutía, precisamente, el envío de la alerta .