Desde enero del año 2022 que hay imputada la cúpula de Bomberos de la Generalitat en el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona por presunta corrupción: la empresa en el punto de mira es Iturri, encargada en ese momento, y desde hacía veinte años, del mantenimiento de la flota de vehículos del cuerpo, por presuntas irregularidades en la contratación y el coste de las facturas Ante esto, el Gobierno decidió detener los pagos (11 de enero de 2022) a la contratista al menos hasta que fueran o bien "objeto de auditoría la totalidad de los servicios prestados y facturas emitidas" o recayera "una resolución judicial firme que establezca la corrección de dicha facturación", es decir, que finalizara el proceso penal, según ha sabido el ARA, pero el ejecutivo ha optado por la primera opción y no se ha esperado. a que concluya la instrucción judicial para ver si existe delito: ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Iturri para abonarle buena parte de las cantidades que reclamaba, que suben a 2,1 millones de euros. De esta manera se ha puesto fin al procedimiento contencioso administrativo que la empresa había interpuesto contra el Gobierno para reclamar ese dinero. Ahora, sigue en curso sólo la instrucción penal, en que los Mossos concluyen que Iturri cobró un sobrecoste sistemático en la Generalitat.