Imputada la cúpula de los Bomberos de la Generalitat por presunta corrupción
Interior dice que actuará con "transparencia" pero niega indicios de que ningún funcionario se haya beneficiado económicamente
BarcelonaEl juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha imputado por presunta corrupción a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat, tras encontrarse indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2% en el mantenimiento de la flota de vehículos del cuerpo, un servicio que la consejería de Interior llevaba veinte años externalizando a la compañía sevillana Iturri. Según ha avanzado este domingo La Vanguardia, se han hallado facturas duplicadas e incluso triplicadas de reparaciones que nunca se realizaron en camiones de extinción de incendios. El responsable de la empresa contratista, Eduardo José Díaz, también ha sido imputado en este caso y, además, la juez ha citado a declarar el próximo viernes a quien fue director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el mes de junio pasado, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort.
La causa está abierta por presunta corrupción y por un delito contra la administración pública. En un comunicado, el departamento de Interior ha asegurado que "está actuando y actuará con total transparencia" en relación a la investigación abierta y que ya está facilitando toda la información que el juzgado requiere en relación a los expedientes de contratación relacionados con la empresa Iturri. Sin embargo, y si bien admite "episodios de insuficiencia de crédito" por "disfunciones" en los procesos de licitación, puntualiza que de momento "no hay ningún indicio de que ningún funcionario se haya beneficiado económicamente ni que haya maniobrado para favorecer el empresa Iturri".
Esta compañía sevillana, que se ha visto implicada en otras causas por corrupción en otras comunidades autónomas, ha sido siempre la adjudicataria de todas las pujas que se han tramitado por este servicio en Catalunya, además de ser la única empresa licitadora . En declaraciones a La Vanguardia, los responsables de Iturri han negado haber facturado trabajos que no se han realizado. Según dicen, prestaron el servicio durante la última década después de ofrecer mejores condiciones económicas, aunque las cifras mostraron un gasto total que casi dobla el presupuesto inicial.
"No podemos quejarnos"
El pasado abril, el jefe del servicio técnico de Bomberos advirtió a los responsables del departamento de que el contrato con Iturri ya no tenía saldo tras compensar en el primer trimestre la desviación presupuestada del ejercicio anterior. Según el diario, en el 2020 se cerró con una deuda de 1,7 euros que quiso corregirse con facturas en enero, febrero y marzo del 2021. Las sospechas en torno a estas cifras forzaron una reunión de urgencia en Interior con una abogada del departamento y durante la que Pardo defendió su gestión. De hecho, aseguró que el contrato estaba "históricamente mal dimensionado a nivel económico", por lo que la deuda se acumulaba cada año.
Sin embargo, el entonces director general de Prevención y Extinción de Incendios anotó un "2%" en una hoja a la vez que decía en voz alta: "Estas son las facturas más el 2%". Los responsables de Interior y la abogada pidieron aclaraciones al respecto y Pardo respondió: "No podemos quejarnos porque antes la cifra a pagar era mayor", según explican a La Vanguardia fuentes cercanas al caso. La abogada de la conselleria se hizo con el documento donde estaba anotada la presunta irregularidad y el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, encargó una información reservada a la secretaria general del departamento, Elisabet Abad. Tras leer el informe, lo envió a la Fiscalía y, finalmente, fue la juez Miríam de Rosa quien dirigió una investigación secreta y autorizó intervenciones telefónicas, así como recibió varios atestados de los Mossos d'Esquadra en los que aparecían indicios de delitos.
El levantamiento del secreto de las investigaciones, a finales de diciembre, coincidió con la decisión de Interior de destituir al intendente jefe de la comisaría de investigación de los Mossos, Toni Rodríguez, y la marcha del jefe de la unidad de anticorrupción y autor de los atestados, el subinspector Juan Manuel Lazo. En el mismo comunicado de réplica, el actual equipo de gobierno de Interior afirma estar trabajando para revertir la situación, con una serie de medidas que pasan por una mejora en la gestión de los circuitos de control de la ejecución del contrato, una propuesta de licitación que mejore la concurrencia y una dotación económica suficiente en relación con las necesidades reales del servicio.
Facturas con retrasos
Según Interior, el servicio de mantenimiento de vehículos tiene un alto nivel de complejidad tanto por la singularidad de los vehículos de los bomberos como por la necesidad de prestar el servicio en todo el territorio y con disponibilidad permanente y funcionaba con retrasos que dificultaban el control de la disponibilidad de crédito. Los parques de bomberos hacían las peticiones de reparación, que debían validarse en el Servicio Técnico de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) o en las Regiones de Emergencias, y después de este trámite, Iturri realizaba la reparación o mantenimiento correspondiente en talleres propios o en la red de talleres concertados. Este hecho suponía un retraso de unos dos o tres meses entre el encargo y la recepción de la factura.
Este desfase acababa provocando que, a partir de un cierto momento del año, los encargos generaran una facturación que carecía de cobertura de crédito disponible para su pago, dice la conselleria. Además, el envejecimiento del parque de vehículos había provocado un incremento de la presión sobre el servicio sin que la dotación presupuestaria para hacer frente aumentara. "Como consecuencia de estas disfunciones, en los últimos cinco años se han producido de forma recurrente episodios de insuficiencia de crédito que han derivado en la tramitación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno a finales de 2016 y otro en 2019 ", detalla Interior.
A finales de 2020, el departamento dio un toque de atención porque la facturación presentada por Iturri había consumido ya el 71% del crédito anual disponible. No es hasta el junio pasado, sin embargo, que decide iniciar el expediente de resolución del contrato, dado que se prevé el agotamiento inminente del crédito presupuestario. En julio comienza la redacción del pliego de cláusulas del nuevo contrato de mantenimiento para el año 2022 -con una dotación anual de 4,8 M€, un 46% más que la dotación de 2021- y en octubre se notifica al empresa sevillana la resolución del contrato, a quien se le requiere que continúe prestando el servicio estrictamente necesario para mantener la operatividad de la flota de vehículos del cuerpo de Bomberos.
Interior también expone que el 20 de octubre se publicó el anuncio de licitación del servicio, que finalmente se adjudica a una empresa distinta por primera vez en veinte años. En concreto, se adjudican cuatro contratos simplificados, uno de ellos a una empresa distinta a Iturri. La previsión de la conselleria es restaurar la normalidad del servicio de mantenimiento en el primer trimestre de 2022, con una dotación presupuestaria suficiente para no volver a caer en insuficiencia de crédito.
