Los Mossos vinculan los seis asesinatos a tiros del 2026 al crimen organizado

BarcelonaCuando se produce una ejecución a tiros en plena calle, de entrada los Mossos d'Esquadra ya piensan si podría estar relacionado con el tráfico de drogas. Y, en los últimos meses, si estos narcotraficantes podrían ser del este de Europa. Lo hacen después de que varios asesinatos casi calcados vinieran de estas mafias y ahora también investigan si detrás del último crimen, el de la calle Balmes, también están las venganzas constantes entre clanes del este.

En 2026 se han producido seis muertes a tiros. Todas estas, sin embargo, se han concentrado en poco más de dos meses. Y entre las dos últimas –la ejecución de la Zona Franca y la de la calle Balmes– solo han pasado tres días. Esta situación ha llevado la Conselleria de Interior a hacer un briefing con los medios de comunicación sobre la situación de las armas de fuego en Cataluña. Y los seis crímenes de 2026 refuerzan una de las principales conclusiones: todos estos homicidios están vinculados al crimen organizado, y en una mayoría al narcotráfico. Si nos preguntamos por qué hay más armas en el país, la respuesta la encontramos, sobre todo, en el mercado de la droga, tal como ha explicado el intendente Toni Rodríguez, miembro de la jefatura del cuerpo.

Las cifras muestran que los incidentes en los que alguien ha mostrado o ha usado una pistola –sacando de la ecuación las situaciones de violencia de género y doméstica– bajaron en 2025 y han disminuido los primeros cinco meses de 2026, concretamente un 7,8%. Ahora bien, hay datos que suben y que preocupan, como es el caso de las armas reales. En 2025, el 28% de las pistolas que se sacaron en estos incidentes eran reales. El primer trimestre de 2026 este dato aumenta hasta el 35%. También preocupa que crecen los casos en que el arma llega a dispararse. Hasta mayo de este año, estos casos han crecido un 32% respecto al mismo periodo de 2025. Entonces ya habían subido un 35% comparado con 2024. Este año estos disparos han herido a 18 personas y han muerto seis.

Se concentran en el litoral

La gran mayoría de estos tiroteos tienen lugar en el litoral catalán, una zona que coincide con el recorrido de la AP-7 –una carretera muy activa en cuanto al tráfico de drogas– y donde los grupos criminales están principalmente asentados. Además, cada vez se usan más armas cortas, más fáciles de ocultar en entornos urbanos. Los Mossos no han detectado la presencia de redes que hacen un uso indiscriminado, social, de estas armas. Sí que hay conflictos con armas de fuego protagonizados por clanes autóctonos, que a menudo se intimidan por el control del barrio. En todo caso, la mayoría de los incidentes vienen precisamente dados por conflictos de drogas a gran escala. Esto preocupa a la policía, sobre todo por los daños colaterales que se pueden producir y también ante el riesgo de que pueda generar un efecto mimético en delincuentes locales.

Todavía es pronto para asegurar que el crimen de la calle Balmes provenga de un conflicto de drogas, ya que los Mossos todavía no tienen del todo identificada a la víctima. En todo caso, las principales hipótesis apuntan a un conflicto de clanes del este, señalando sobre todo a Montenegro. De hecho, el consulado de Montenegro estaba justo al lado del lugar que escogió el asesino para abrir fuego, que también fue justo enfrente de una oficina de la Policía Nacional. De hecho, un agente del cuerpo policial intentó perseguir al asesino durante unos metros, pero consiguió huir y dejó la pistola debajo de un casco de bici en una parada de autobús. Este jueves, los Mossos recogen imágenes de cámaras de negocios en la zona de la plaza Gal·la Placídia para intentar seguir su recorrido.

El penúltimo crimen, el de la Zona Franca, también se investiga si está vinculado con las bandas del este. La víctima sería de origen serbio –un hecho que los Mossos deben acabar de confirmar del todo– y también están mirando si un crimen podría haber sido consecuencia del otro. En todo caso, los Mossos admiten que su principal objetivo es intentar que estas bandas no se establezcan en Cataluña. Ahora, ante esta reiteración de asesinatos, no descartan que ya tengan una cierta infraestructura. Añaden que no es un problema catalán, sino europeo, que empezó con la producción de marihuana y se ha extendido a medida que han llegado nuevos traficantes, si bien aclaran que en algunos puntos de España, Francia, Bélgica y los países nórdicos, por ejemplo, están peor que aquí. A menudo hablamos de problemas solucionados por sicarios, profesionales que saben escaparse y que es muy difícil, según la policía, atrapar. Por eso, admiten los agentes, poner más policías en la calle no solo es la solución.

Penas más altas

De hecho, la consellera Núria Parlon ha apuntado que pocas veces ha habido tantos policías como este miércoles en Barcelona, blindada por la visita del papa León XIV. Tanto la titular de Interior como el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, han reclamado que las penas vinculadas a la tenencia de armas y al tráfico de marihuana se endurezcan. Ahora mismo, solo un 10% de los detenidos por tráfico de marihuana y por tenencia de armas acaban en prisión preventiva. Por ello, Trapero ha explicado que las penas por tráfico de drogas se dividen entre aquellas drogas que causan consecuencias graves a la salud –como la cocaína y las sintéticas– y las que se consideran más leves, como la marihuana y el hachís. Trapero propone trabajar para que el tráfico de marihuana, cuando hablamos de grandes plantaciones, se considere un "daño a la salud pública de la comunidad", para pasar de las penas de 1 a 3 años de prisión a condenas que pueden llegar a los 9 años.

Lo mismo pasa con las armas: por llevar un arma corta te pueden condenar a dos años de prisión cuando, según Trapero, en Francia o en Alemania las penas van de 4 a 6 años de prisión. Por ello, también propone subir estas penas. En conjunto, la consellera y el director ya lo comentaron este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Parlon ha afirmado que la propuesta busca "endurecer" las penas para "disuadir con mejores herramientas" el uso de armas. La titular de Interior ha dicho que se está trabajando en la documentación para presentarlo y llevarlo al Congreso.