Una de las medidas pactadas entre el PSOE y Junts en el decreto social aprobado esta semana aborda la paralización de los desahucios de familias vulnerables. Este punto ha ido generando polémica: tanto los junteros como el PP le cogieron como ejemplo de por qué habían rechazado convalidar el primer decreto de la Moncloa. Por último, ambos partidos han aceptado avalar la medida, que, de hecho, lleva vigente desde la pandemia y cuenta con el apoyo de las formaciones parlamentarias de izquierdas. Sin embargo, lo han hecho después de flirtear con los movimientos contra la inquiemple, un fenómeno del que hace tiempo que se habla –especialmente en las redes sociales– y que denuncia, sin datos concluyentes, la proliferación de los casos en que un inquilino deja de pagar uno o dos meses después de firmar el contrato.