Primero fueron unos 22.000 agentes de Mossos d'Esquadra pactados entre la conselleria de Interior pilotada por Joan Ignasi Elena y el gobierno español con la mirada puesta en 2030. Después esta cifra se elevó a 25.000 a raíz de la última reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, ya con el gobierno de Salvador Illa y la consejera de Interior, Núria Parlon; y finalmente ha sido el acuerdo de inmigración sellado entre Junts y el PSOE, que en la proposición de ley fija que la dotación de agentes de los Mossos d'Esquadra en 2032, a raíz de la asunción de nuevas competencias, debe ser de 26.800 agentes. Se trata de un crecimiento excepcional: si se tienen en cuenta las jubilaciones previstas en el cuerpo (entre 600 y 800 por año a partir de ahora), debería producirse un incremento neto de más de 13.500 policías en ocho años. Esto representa un 70% del número de agentes actual del cuerpo, que cuenta con 19.200. La misión, según todas las fuentes consultadas por el ARA, puede calificarse de imposible. O, para los más optimistas, difícilmente viable o compleja.