Los disturbios en el barrio de Cerdanyola de Mataró de hace una semana han puesto contra las cuerdas al gobierno de la ciudad, del PSC y En Comú Podem. Todo empezó con un intento de ocupación de un piso vacío que desató. una ola de protestas por la crisis de la vivienda del barrio, como ya ocurrió en Salt con el desahucio de su imán. Y, como también ocurrió entonces, PP y Vox han aprovechado los disturbios —con contenedores y vehículos quemados y una decena de detenidos— para acusar a los socialistas de dejadez de funciones en materia de seguridad. Ante esto, el alcalde de Mataró, David Bote, ha prometido contundencia ante unos hechos de los que acusa a "grupos extremistas" (de derechas y de izquierdas) como atizadores e instrumentalizadores. En coordinación con la conselleria de Interior, se ha multiplicado la presencia policial en el barrio —con altos índices de pobreza y un 26% de vecinos de origen extranjero— y las identificaciones a jóvenes. Una estrategia de mano dura que critican al Sindicato de Vivienda y varias entidades antirracistas de la ciudad, que consideran que el PSC ha preferido asimilar su discurso al de la derecha y la extrema derecha en lugar de prestar atención al malestar social tras las protestas.