"Hemos crecido con el desencanto y la rabia": ¿qué se esconde tras los disturbios de Salt?

SaltoSalt es el municipio con la renta per cápita más baja de Cataluña, y también uno de los pueblos con mayor concentración de población migrante: cerca del 40% de los vecinos son de nacionalidad extranjera. El lunes y el martes de esta semana, ya raíz del desahucio de la familia del imán senegalés Kalilu Diawara, la comunidad migrante de Salt ha salido a la calle para manifestarse y se han producido altercados y enfrentamientos con la policía. Pero el desalojo del guía espiritual de la mezquita, coincidiendo con el mes de Ramadán, ha sido el detonante de un malestar cada vez más generalizado entre la población de raíz africana del municipio; sobre todo entre los jóvenes nacidos en Catalunya, catalanes de pleno derecho, pero que hace tiempo que se sienten maltratados y discriminados por las instituciones, y sin las mismas oportunidades que las familias autóctonas.

Este sábado, una veintena de estas asociaciones, bajo el amparo del Sindicato de Vivienda, han convocado una nueva manifestación conjunta por el derecho a la vivienda en la que han participado unas 400 personas. En el ARA hemos hablado con cuatro catalanes de origen migrante, de edades y condiciones diferentes, presentes todos ellos en las movilizaciones y que conocen y viven de primera mano la realidad del municipio. También con Aliou Diallo, saltense e investigador de la Universidad de Girona (UdG), experto en racismo institucional. Éste es el diagnóstico.

Hipotecas concedidas con facilidad

Para explicar la situación de estos días en Salt hay que remontarse al estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, ya que muchas de las familias desahuciadas, como la del imán, habían accedido a sus casas con una hipoteca, según Diallo. "Son personas que llegaron al municipio en torno a los años 2000, en un momento de bonanza económica, en un contexto en el que la opción más al alcance que ofrecían los bancos a las personas con un contrato de trabajo de sólo un año era la de firmar una hipoteca con condiciones abusivas y precios hinchados", defiende.

Las familias extranjeras que aterrizaron en Salt —continúa Diallo— con la expectativa de acumular el patrimonio suficiente para volver al país de origen a medio plazo se vieron secuestradas por aquella crisis y todas las que se han encadenado a posteriori, generando un malestar que se hace más traumático cuando se ven como expulsadas. habitado como propietarias.

Diala Diarra, de 49 años, ha vivido esta situación en primera persona. "Los bancos deberían haber tenido en cuenta que dos nóminas de 1.500 euros y 4 o 5 criaturas no era suficiente para firmar una hipoteca, y menos si tenemos que enviar dinero a nuestras familias de África e ir a visitarlos cada uno o dos años", defiende. Ella conoce un montón de casos como el suyo, puesto que trabaja en una organización cultural que ayuda a las mujeres africanas de las comarcas gerundenses. "Después de 20 o 15 años pagando la hipoteca, que venga un fondo buitre y te eche significa perder el dinero que hemos invertido, la salud, la dignidad y el derecho humano a la vivienda".

Es por eso que Diarra entiende que sus hijos estén enfadados. "Sentimos todo el día que los inmigrantes venimos a robar el trabajo y las ayudas, pero llevamos muchos años trabajando duro, cotizando a la Seguridad Social, y, en cambio, nadie habla de la colonización, la esclavitud y el expolio de la riqueza de los europeos en nuestras tierras", afirma.

Racismo institucional y policial

Otra de las razones que han calentado el ambiente de los vecinos migrantes de Salt es el racismo institucional, ligado directamente a la problemática de la vivienda, expone Diallo. De hecho, el Sindicato de Vivienda saltenca nació en el 2021 como una lucha explícitamente antirracista, denunciando las discriminaciones de las inmobiliarias a la hora de seleccionar a sus inquilinos y las trabas del Ayuntamiento para ofrecer vivienda pública a personas sin nacionalidad española o sin permiso de residencia de larga duración.

"El Ayuntamiento no tuvo en cuenta la realidad demográfica saltense, poblada por personas extranjeras en situaciones precarias, e igualó los requisitos para toda la población con reservas porcentuales del parque de vivienda para diferentes colectivos, generando en la práctica que sea más fácil acceder a ellas para un estudiante que vive en Salt sólo durante el curso".

Discriminación racial en el alquiler en más del 80% de agencias de Girona y Salt

Habla Tarek Cheriha, de 29 años, que nació en Marruecos pero ha crecido en Salt. Es muy crítico con el racismo congénito en la sociedad: "Nunca nos hemos quitado de encima el estigma que somos el pueblo de los inmigrantes, siempre nos vinculan con la delincuencia, y ahora que estamos en ola reaccionaria, eso se alimenta más", defiende. En su opinión, la respuesta de las administraciones ante esta situación ha sido la represión, poniendo cámaras en cada esquina de los barrios más segregados, y con un aumento clarísimo de las identificaciones indiscriminadas.

Por este motivo, él mismo ha salido a manifestarse esta semana, convencido de que la juventud está cada vez más concienciada y politizada. "Hemos crecido con el desencanto, la rabia, pero tengo esperanza: veo a las nuevas generaciones muy involucradas para batallar por nuestros derechos, protegiendo a las vecinas del barrio contra la especulación inmobiliaria y la extrema derecha", concluye Cheriha.

Desahucios semanales con menores

En Salt, una población de 34.000 habitantes, cada semana se produce más de un desahucio, a menudo con familias con menores a cargo. Como la de Saliha o Hawa Jallow, madres que perdieron la casa en el primer trimestre de este año y todavía no tienen la solución resuelta y capean como pueden. Un trance que afecta directamente a sus hijos, que acuden a los centros de primaria y secundaria del municipio. Allí los docentes deben tratar constantemente con estos alumnos que ven interrumpido su proceso educativo por culpa de un desahucio.

De hecho, muchos profesores participan activamente en las movilizaciones para detener desalojos, hasta el punto de que han formado la Plataforma de Docentes por el Derecho a la Vivienda, que es pionera en Cataluña. "Estamos hablando de un municipio en el que no hay prácticamente ninguna persona de origen extranjero que no conozca a una familia desahuciada, con una consecuencia añadida para los niños –más allá de cargar con esta violencia–, como es la de dejar de ir a la escuela o tener que ir añadiendo más kilómetros a los trayectos", lamenta Ali.

El drama educativo de los menores que han sufrido un desahucio: "¿Cómo quieres que hagan los deberes si no tienen un techo en el que vivir?"

Mònica Saguer es técnica de integración social del Institut Salvador Espriu y se ha enfrentado a un montón de casos como estos. "No es una situación de urgencia sino de emergencia: es muy bestia, tenemos alumnos que están durmiendo en el comedor de un restaurante o que cogen el tren a las seis de la mañana porque están alojados en otro municipio", explica. Y sobre la reacción airada de algunos adolescentes que han estado presentes en las manifestaciones, concluye: "No están al margen de los desahucios de sus familias y lo viven como una injusticia, con rabia, vergüenza o silencio. En este contexto tan agresivo, pedagógicamente tenemos el gran reto de defender la paz y la no violencia".

Trato desigual con la administración

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salt se encargan de tramitar y asistir a los casos de todas estas familias en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, a muchos vecinos les cuesta acceder, no sólo porque los servicios están saturados, sino porque no dominan el idioma o el funcionamiento de los trámites administrativos. Por eso Alhagie Nyabally, padre de familia que lleva 14 años en Salt, se ha formado en materia de leyes de extranjería y actúa de mediador entre la comunidad migrante y las instituciones para ayudar a tramitar ayudas.

"Los chicos y chicas que han nacido aquí tienen estudios de secundaria, grados medios o licenciaturas, pero, por su color de piel, todavía los tratan como extranjeros, no tienen las mismas oportunidades, y acaban trabajando en el campo, en los mataderos o haciendo de personal de limpieza, sin poder pagarse. Él está satisfecho del trabajo del ayuntamiento saltiendo, pero cree que las administraciones deberían abrir sus puertas a las personas migrantes para que puedan trabajar.

"¿Cuántos negros y árabes trabajan en el Ayuntamiento? Si los que deben solucionar los problemas que tenemos en Salt son todos blancos, no iremos bien; hacen falta personas que entiendan nuestra cultura y nos traten de igual a igual", cuestiona. Emocionado, y con lágrimas en los ojos, Nyabally concluye: "No está bien que los jóvenes tiren huevos o piedras a la policía, pero la policía también debe aprender a tratarlos sin pensar que son malos, deben entender que son como sus hijos, hermanos, y que son el futuro".

Por último, Diallo también señala que, pese a las condiciones socioeconómicas de la población saltense migrante, pese al racismo institucional que sufren cada día y la alta presencia policial en los barrios habitados por colectivos sin derecho a voto, "la paz social en Salt se sostiene sobre dos pilares fundamentales". Por un lado, un tejido social que ata diferentes diásporas y que genera ejes de ayuda mutua con un carácter más familiar que vecinal. Por otro lado, una red asociativa que suple deficiencias institucionales estructurales.