Cuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

El caso Leire se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para el PSOE. El goteo de informaciones sobre el sumario y la aparición de nombres que salen salpicados ha hecho que los socialistas se hayan visto obligados a salir al paso para desmarcarse de lo que el juez cree que era una "estructura criminal" por "desestabilizar" investigaciones judiciales. El mantra que repiten en Ferraz es que los imputados hicieron "uso del nombre del PSOE en vano". Quien por fin se ha pronunciado ha sido Pedro Sánchez, que, de visita oficial a los Balcanes, ha asegurado que todo se hizo a sus espaldas: "Nunca se me ha informado sobre las aventuras de Leire Díez. Nunca avalé y nunca tuve conocimiento de algo que jamás habría tolerado", ha dicho desde Montenegro. El presidente español ha reconocido que todo lo que se ha ido sabiendo le llena de "decepción, preocupación e indignación" y ha anunciado que el equipo jurídico del PSOE está estudiando "qué acciones se emprenderán" en "defensa de la honorabilidad y limpieza" del partido.

El sumario del caso Leire Díez que se está investigando en la Audiencia Nacional incluye la grabación de dos reuniones que mantuvieron la conocida como "fontanera del PSOE con Francisco Martínez, que fue número dos del ministro Jorge Fernández Díaz como secretario de estado de Seguridad y que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen. El 15 de julio de 2024, él mismo relató a Leire Díez cómo Gonzalo Boye –el abogado de Carles Puigdemont– y Javier Pérez Dolset –que también está investigado– le habrían ofrecido entrar en la ley de amnistía. Según se puede oír en la grabación a la que ha tenido acceso el ARA, fue el empresario quien contactó con él para poner sobre la mesa una "colaboración" con la que, a cambio, él tendría que "dar explicaciones" y "reconocer la autenticidad" de unos documentos en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya. Todo ello le sorprendió: "Me parece extraño, no veía ninguna posibilidad de que yo pudiera entrar en la amnistía en términos jurídicos y políticos, pero pensé que no tenía nada que perder por sentarme. Y me senté muchas veces con el empresario Javier y el abogado Gonzalo", le explicaba.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE, a pesar de que hasta ahora tanto ella como el gobierno español lo habían negado tanto por escrito –en respuesta a preguntas parlamentarias del PP– como oralmente: la semana pasada lo volvió a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con nadie [...] Ni con Leire ni con cualquier otra". Este relato ha cambiado este jueves, una vez conocido el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. En un comunicado este jueves por la noche, la misma Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros —no descarta un tercero— y asegura que González cortó la relación tan pronto como Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, apartado del cuerpo por estar inmerso en una causa judicial.

"Una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". La frase, escrita en X por la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, resume la estrategia de defensa que ha activado el partido para desvincularse de la trama que actuaba desde su sede en la calle Ferraz. El PSOE ya no niega que pudiera existir un grupo organizado que se dedicaba a intentar obtener información de investigaciones, policías, jueces y fiscales para presionarlos. "El sumario conocido hoy revela una suma de comportamientos intolerables de personas que usaron en falso y en vano el nombre del PSOE para beneficiarse o defender intereses oscuros", publicaba, también este miércoles, la cuenta oficial del partido. Lo que rechaza de plano la dirección socialista es que ellos estuvieran detrás, como, en cambio, sí sospecha el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De hecho, la intención del grupo presuntamente encabezado por Santos Cerdán y Leire Díez era precisamente desactivar las causas judiciales contra el PSOE.

El mismo día que el juez autorizó a la Guardia Civil a presentarse en la sede del PSOE en Madrid, desde la calle Pallars de Barcelona, el PSC enviaba toda la documentación relativa a su campaña electoral de 2024. Aunque la petición iba dirigida al PSOE, los socialistas catalanes quisieron adelantarse remarcando que todo era transparente y estaba auditado por la Sindicatura de Comptes. Con esta información, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado no tiene suficiente y ha elevado una reclamación de información adicional a la Audiencia Nacional, que el juez Santiago Pedraz ha aceptado.

La supuesta trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también mostró interés por la ley de amnistía. Un informe de la Guardia Civil de 372 páginas, al que ha tenido acceso el ARA, contiene referencias a la norma y a la persecución judicial contra el independentismo. Concretamente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró un documento Word elaborado en noviembre de 2024 por la conocida como "fontanera del PSOE que aludía directamente a José Manuel Villarejo. Decía que el comisario jubilado de la policía española, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, tenía las "pruebas que demostrarían la corrupción" de Manuel Marchena, que fue el presidente del juicio del Procés y fue uno de los jueces que cerró el paso a amnistiar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados por decisión de Pablo Llarena–.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán, Leire Díez y otras personas conformaron un grupo para impulsar un “conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas” con la voluntad de “proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales” que afectan al PSOE y, “directa o indirectamente”, a Pedro Sánchez o “ciertos miembros” del gobierno español. Es uno de los elementos que constan en uno de los informes a los que tuvo acceso el ARA y que forma parte del sumario de la causa que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

No hay duda de que el PSOE vive inmerso en una auténtica tormenta judicial en la que casi cada día nuevos titulares sustituyen a los anteriores y donde es difícil separar el grano de la paja. De entrada, tanto en el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como en esta ramificación del llamado caso Leire, las acusaciones son graves y los indicios preocupantes. Pero se hace difícil creer que todo ello obedece a la acción ciega de la justicia cuando este es un gobierno que se ha enfrentado directamente a los jueces, por ejemplo con la aprobación de la amnistía, y cuando es notorio que se han abierto causas contra el entorno del presidente Pedro Sánchez con un notable tufillo a lawfare, como la que afecta a su esposa.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

Hay un nombre relacionado con el PSOE que ha aparecido en las dos primeras sesiones del juicio del caso Kitchen, que salpica la cúpula del ministerio del Interior del PP: Javier Pérez Dolset. Es empresario y colaborador de Leire Díez, la exmilitante socialista bautizada como fontanera del PSOE, y se considera una víctima de las cloacas del Estado. Hace meses reconoció que se reunió con Santos Cerdán en Ferraz para entregarle documentos sobre prácticas irregulares del gobierno de Mariano Rajoy y desde el pasado octubre está investigado por haber intentado sobornar a dos fiscales. ¿Qué relación tiene con la Kitchen? Hace cuatro años, aportó a la Unidad de Asuntos Internos de la policía española una batería de grabaciones de José Manuel Villarejo. Y ahora, a petición del comisario jubilado, tendrá que declarar como testigo en el juicio.

El secretario de estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, también ex adjunto al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, admitió este lunes ante el juez que se reunió con Leire Díez, la llamada fontanero del PSOE (ahora ya ex militante), para abordar la documentación que tenían entre manos sobre los movimientos de la policía patriótica en contra del presidente español y sus hijas. Hernando, que declaró como testigo, también explicó que le hicieron saber que estos policías hacían un seguimiento de la familia de Sánchez antes de que accediera a la Moncloa, según recogen fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Lo que no ha aclarado es si esta reunión fue justo antes de que el presidente del gobierno español se tomara cinco días de reflexión para decidir si abandonaba o no su puesto en la primavera del 2024, en plena campaña electoral de las elecciones catalanas.

Las siglas SEPI han formado parte en los últimos días de muchos titulares sobre el caso de presunta corrupción que salpica al exmilitante socialista Leire Díez, investigado bajo secreto por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Se trata de la abreviatura de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad pública adscrita al ministerio de Hacienda que gestiona la participación del estado español en numerosas empresas estratégicas de los sectores energético, de defensa, de infraestructuras o de telecomunicaciones, entre otros. La SEPI, de alguna forma, actúa como brazo inversor del gobierno español, y si aparece relacionada con la trama Leire Díez es por la propia naturaleza de la causa, que tiene varios contratos públicos bajo la lupa.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

Cinco detenciones conocidas en 24 horas incrementaron la presión sobre Pedro Sánchez. Los arrestos, realizados en el marco de operaciones diferentes, revelaron la existencia de otras dos investigaciones judiciales por presunta corrupción que afectan a personas y empresas con conexiones con el gobierno español. Los más recientes, que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este jueves, han sido los del propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y del director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Efe, la actuación se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales dirigida por el juzgado de instrucción 15 de Madrid. ¿Por qué acosa al presidente del gobierno español? Plus Ultra fue rescatada por el Estado con 53 millones de euros en el 2021 en una operación que generó polémica por las dudas sobre su viabilidad y por los presuntos vínculos con el chavismo.

Este análisis puede avanzarles hoy que las negociaciones entre PSOE, PSC, Esquerra y gobierno español para el nuevo sistema de financiación han llegado a su fin. Que existe acuerdo con la cifra resultante para Cataluña de la mejora y también de cómo será el nuevo modelo. En cambio, no existe acuerdo definitivo para el traspaso de las competencias que ahora tiene la Agencia Tributaria a la Agencia Tributaria de Cataluña. Parece ser la vicepresidenta Montero, que debe ir de candidata a Andalucía, la que se muestra más reacia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles al exmilitante del PSOE Leire Díez, así como al expresidente de la SEPI, el brazo inversor del Estado, Vicente Ferández Guerrero, según confirman fuentes del instituto armado al ARA. Las detenciones se han realizado por orden de la Audiencia Nacional en el marco de una causa abierta relacionada con la adjudicación de contratos públicos y bajo secreto de sumario. Lo ha impulsado el juzgado de instrucción número 6, que encabeza el magistrado Antonio Piña, y está tutelada por la Fiscalía Anticorrupción, según añaden fuentes de la investigación a Efe. Es un juez distinto al que está investigando el caso Koldo.

¿Leire Díez ofrecía beneficios judiciales a cambio de trapos sucios sobre los investigadores de la Guardia Civil? Y si es así, ¿actuaba en nombre del PSOE? ¿A las órdenes de quién actuaba? Aunque tanto ella como los socialistas niegan que la periodista y ex militante trabajara para el partido, un nuevo audio apunta en dirección contraria. Según la grabación de una conversación que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa, y que en las últimas horas han adelantado a medios como El País y El Mundo, Díez se presentaba como "la persona que ha puesto al PSOE" y, más concretamente, como la "mano derecha" de Santos Cerdán, ex número tres del partido y ahora investigado –y en prisión preventiva– en el marco del caso Koldo.

Pedro Sánchez es quien habría dado la orden de buscar trapos sucios en la Guardia Civil y en la Fiscalía. Concretamente, trapos sucios de quienes investigan casos que rodean al presidente español. Esto es lo que traslada al fiscal Ignacio Stampa en la denuncia que presentó contra el exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, con el que se reunió el 7 de mayo, por un presunto cohecho. Estas dos personas le habrían pedido información sobre irregularidades de fiscales de Anticorrupción en un encuentro que, inicialmente, tenía como objetivo trasladarle unas disculpas por parte del gobierno español por su "injusta" salida del ministerio público.