Hay una empresa vasca que en las últimas horas ha copado la actualidad política en Madrid: Tubos Reunidos, una compañía de Álava fundada en 1982 que se dedica a fabricar tubos de acero sin soldadura. En verano de 2021, en el marco de la pandemia de coronavirus, recibió un rescate del gobierno español de 112,8 millones de euros con el mismo fondo del que se beneficiaron, por ejemplo, Air Europa o Plus Ultra. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, relata que el grupo que integraban Leire Díez, Vicente Fernández –presidente de la SEPI entre 2018 y 2019– y Antxon Alonso –empresario vasco relacionado con Santos Cerdán– habría llevado a cabo acciones para "facilitar" que la empresa recibiera el rescate. Y ahí incluye un acercamiento al PNB que "podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento [de la ayuda]". Por las gestiones que el grupo hizo antes y después del rescate, habría recibido comisiones por valor de 247.000 euros en diferentes pagos canalizados por diversas vías.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

"Jamás de los jamases". Y así una y otra vez. La directora general de la Guardia Civil, que aparece salpicada en el sumario del caso Leire Díez, ha negado de raíz y rotundamente que interviniera de alguna manera en las maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que investiga la Audiencia Nacional. "No he participado nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO, no he participado nunca en ninguna campaña de desprestigio contra la UCO y no he adoptado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO", ha proclamado con vehemencia Mercedes González justo al arrancar la comparecencia en la comisión de Interior del Senado, convocada por la mayoría absoluta del PP. "No he perseguido nunca a los míos porque son mi familia", ha añadido más tarde. "No me dedico a ninguna cloaca", ha llegado a decir. Para defenderse, ha sacado pecho de que no ha habido "ninguna queja" de agentes de la UCO que se sintieran amenazados o coaccionados y, después de dos horas y media, ha cerrado su intervención con una proclama: "Cada día me tengo que repetir que no he hecho nada malo. Mientras tanto, rugirá la furia deseosa de alcanzar la destrucción y la desolación".

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, apunta el presunto rol de líder que habría ejercido Santos Cerdán en el caso Leire Díez. La Audiencia Nacional está investigando una supuesta "estructura criminal" para obstaculizar" causas judiciales y proteger los intereses" de Pedro Sánchez. El documento, de 107 páginas, refuerza los indicios que había hasta ahora y, entre otras cosas, incluye un informe sobre la "gestión de los gastos de viajes" relativos a Santos Cerdán y a otras personas de su equipo en 2024 y 2025 que elaboró el PSOE y que entregó a la UCO hace tres semanas. "Dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez de tal manera que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para solicitar viajes", recoge el informe que hizo Santiago Llorente, coordinador de la gerencia del partido.

En las últimas semanas, la actualidad política en Madrid ha estado marcada por los sumarios judiciales. El estallido del caso Leire y del caso Zapatero han conmocionado al PSOE y han vuelto a instalar a Pedro Sánchez en un momento de máxima debilidad. Y hay un nombre repetido que aparece vinculado a la conocida como fontanera del PSOE y a la investigación sobre el expresidente del gobierno español: Nervis Gerardo Villalobos, que fue viceministro de Energía en Venezuela con Hugo Chávez del 2004 al 2006.

La Fiscalía General del Estado, comandada desde diciembre por Teresa Peramato, ha confirmado al juez del caso Leire Díez que la conocida como fontanera del PSOE se reunió dos veces con la mano derecha de su predecesor, Álvaro García Ortiz, junto con el abogado Jacobo Teijelo, que actualmente forma parte de la defensa de Santos Cerdán y también está investigado por la Audiencia Nacional. El interlocutor era Diego Villafañe, que era el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía y que "informó a posteriori" al fiscal general del Estado de las dos citas. El primer encuentro fue el 6 de marzo de 2025 y también participó la fiscal Beatriz López Pesquera. Fuentes fiscales explican que Jacobo Teijelo informó de "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, hubo una segunda reunión, en la cual Teijelo comunicó su "voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

Nuevas revelaciones del sumario del caso Leire Díaz, la supuesta fontanera del PSOE. En este caso, sobre uno de los asuntos más sangrantes de la guerra sucia contra el independentismo en pleno proceso soberanista. El sumario del caso Leire Díez incluye el audio de una conversación con el exmilitante del PSOE y ex número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, donde este admite que el informe que decía que el entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias tenía una cuenta bancaria en Suiza "era todo falso" y que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era quien lo había filtrado a los medios de comunicación afines al PP. Martínez afirma que la persona que se encargó de redactar el informe “se lo inventó todo”, y describe un sistema de creación y filtración de dossieres contra rivales políticos.

Estos días que los Mossos vigilan las alcantarillas se encontrarán que bajan muy llenas. De grabaciones, por ejemplo, como la de un exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que admite a la exlegisladora del PSOE, Leire Díez, que el cuento de la cuenta de Xavier Trias en Andorra era falso, inventado por un policía y filtrado por el “filtrador número 1, ya te puedes imaginar quién es. A Jorge [Fernández Díaz], eso de filtrar lo volvía loco [...] eso lo hacía ella hablando con los pedrojotas”. Ellos, que querían ser como Bernstein y Woodward haciendo caer a un presidente, no pasaban, en realidad, de ser obedientes impresores de la mercancía tóxica de un ministro. Todo por la patria y por el negocio editorial, claro; nada por la verdad ni por el estado de derecho. ¿Qué deberá haber pensado el muy creyente exministro cuando ha oído al Papa diciendo que “nadie puede arrodillarse ante Dios y menospreciar al hermano”?Mientras León XIV preparaba estas palabras, Pedro Sánchez (probablemente “PS” en los papeles de la lampista) se escapaba al Primavera Sound. Cuando no pueden más del Madrid que los quiere matar, se refugian en Cataluña y nos llenan de tópicos: “Una manera de mostrar al mundo Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía. [...] Su éxito internacional habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad”. Si hace años que somos así. Y más que lo seríamos si no hubiéramos cargado con la guerra sucia y el desinterés premeditado de un estado inútil para hacer ir sus trenes a la hora, chupador de energías y recursos, que de vez en cuando usa el cepillo del que hablaba Tarradellas.

"Antonio Balas: peligroso". Esta es una de las diversas anotaciones de las agendas intervenidas a Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE. Se refiere al jefe del departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas. Tiene 52 años y es natural de un pueblo de Badajoz, aunque este teniente coronel se forjó en el País Vasco en los años de ETA. "Si en algo puedo decir que soy un poco especialista es en el ámbito de la investigación criminal", se definía a sí mismo en un acto en noviembre de 2023, tres años después de ponerse al frente del departamento de delincuencia económica de la UCO con el objetivo de poner fin a la corrupción, que él mismo definía como "una grave amenaza [...] para el estado de derecho y para la sociedad del bienestar".

Cuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

El caso Leire se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para el PSOE. El goteo de informaciones sobre el sumario y la aparición de nombres que salen salpicados ha hecho que los socialistas se hayan visto obligados a salir al paso para desmarcarse de lo que el juez cree que era una "estructura criminal" por "desestabilizar" investigaciones judiciales. El mantra que repiten en Ferraz es que los imputados hicieron "uso del nombre del PSOE en vano". Quien por fin se ha pronunciado ha sido Pedro Sánchez, que, de visita oficial a los Balcanes, ha asegurado que todo se hizo a sus espaldas: "Nunca se me ha informado sobre las aventuras de Leire Díez. Nunca avalé y nunca tuve conocimiento de algo que jamás habría tolerado", ha dicho desde Montenegro. El presidente español ha reconocido que todo lo que se ha ido sabiendo le llena de "decepción, preocupación e indignación" y ha anunciado que el equipo jurídico del PSOE está estudiando "qué acciones se emprenderán" en "defensa de la honorabilidad y limpieza" del partido.

El sumario del caso Leire Díez que se está investigando en la Audiencia Nacional incluye la grabación de dos reuniones que mantuvieron la conocida como "fontanera del PSOE con Francisco Martínez, que fue número dos del ministro Jorge Fernández Díaz como secretario de estado de Seguridad y que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen. El 15 de julio de 2024, él mismo relató a Leire Díez cómo Gonzalo Boye –el abogado de Carles Puigdemont– y Javier Pérez Dolset –que también está investigado– le habrían ofrecido entrar en la ley de amnistía. Según se puede oír en la grabación a la que ha tenido acceso el ARA, fue el empresario quien contactó con él para poner sobre la mesa una "colaboración" con la que, a cambio, él tendría que "dar explicaciones" y "reconocer la autenticidad" de unos documentos en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya. Todo ello le sorprendió: "Me parece extraño, no veía ninguna posibilidad de que yo pudiera entrar en la amnistía en términos jurídicos y políticos, pero pensé que no tenía nada que perder por sentarme. Y me senté muchas veces con el empresario Javier y el abogado Gonzalo", le explicaba.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE, a pesar de que hasta ahora tanto ella como el gobierno español lo habían negado tanto por escrito –en respuesta a preguntas parlamentarias del PP– como oralmente: la semana pasada lo volvió a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con nadie [...] Ni con Leire ni con cualquier otra". Este relato ha cambiado este jueves, una vez conocido el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. En un comunicado este jueves por la noche, la misma Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros —no descarta un tercero— y asegura que González cortó la relación tan pronto como Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, apartado del cuerpo por estar inmerso en una causa judicial.

"Una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". La frase, escrita en X por la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, resume la estrategia de defensa que ha activado el partido para desvincularse de la trama que actuaba desde su sede en la calle Ferraz. El PSOE ya no niega que pudiera existir un grupo organizado que se dedicaba a intentar obtener información de investigaciones, policías, jueces y fiscales para presionarlos. "El sumario conocido hoy revela una suma de comportamientos intolerables de personas que usaron en falso y en vano el nombre del PSOE para beneficiarse o defender intereses oscuros", publicaba, también este miércoles, la cuenta oficial del partido. Lo que rechaza de plano la dirección socialista es que ellos estuvieran detrás, como, en cambio, sí sospecha el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De hecho, la intención del grupo presuntamente encabezado por Santos Cerdán y Leire Díez era precisamente desactivar las causas judiciales contra el PSOE.

El mismo día que el juez autorizó a la Guardia Civil a presentarse en la sede del PSOE en Madrid, desde la calle Pallars de Barcelona, el PSC enviaba toda la documentación relativa a su campaña electoral de 2024. Aunque la petición iba dirigida al PSOE, los socialistas catalanes quisieron adelantarse remarcando que todo era transparente y estaba auditado por la Sindicatura de Comptes. Con esta información, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado no tiene suficiente y ha elevado una reclamación de información adicional a la Audiencia Nacional, que el juez Santiago Pedraz ha aceptado.

La supuesta trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también mostró interés por la ley de amnistía. Un informe de la Guardia Civil de 372 páginas, al que ha tenido acceso el ARA, contiene referencias a la norma y a la persecución judicial contra el independentismo. Concretamente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró un documento Word elaborado en noviembre de 2024 por la conocida como "fontanera del PSOE que aludía directamente a José Manuel Villarejo. Decía que el comisario jubilado de la policía española, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, tenía las "pruebas que demostrarían la corrupción" de Manuel Marchena, que fue el presidente del juicio del Procés y fue uno de los jueces que cerró el paso a amnistiar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados por decisión de Pablo Llarena–.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán, Leire Díez y otras personas conformaron un grupo para impulsar un “conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas” con la voluntad de “proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales” que afectan al PSOE y, “directa o indirectamente”, a Pedro Sánchez o “ciertos miembros” del gobierno español. Es uno de los elementos que constan en uno de los informes a los que tuvo acceso el ARA y que forma parte del sumario de la causa que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

No hay duda de que el PSOE vive inmerso en una auténtica tormenta judicial en la que casi cada día nuevos titulares sustituyen a los anteriores y donde es difícil separar el grano de la paja. De entrada, tanto en el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como en esta ramificación del llamado caso Leire, las acusaciones son graves y los indicios preocupantes. Pero se hace difícil creer que todo ello obedece a la acción ciega de la justicia cuando este es un gobierno que se ha enfrentado directamente a los jueces, por ejemplo con la aprobación de la amnistía, y cuando es notorio que se han abierto causas contra el entorno del presidente Pedro Sánchez con un notable tufillo a lawfare, como la que afecta a su esposa.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.