Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.

Cristina Narbona se ha desvinculado completamente de las maniobras que presuntamente instigó Leire Díez para desestabilizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE, que se intercambió mensajes de WhatsApp con la entonces militante socialista el día que el presidente español comenzó los cinco días de reflexión, ha dejado claro que “no tenía el mínimo conocimiento” de la supuesta trama que está investigando la Audiencia Nacional. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de una declaración como testigo de menos de media hora ante el juez Santiago Pedraz. Leire Díez le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes” y ella la remitió a Santos Cerdán porque él, como secretario de organización del partido, se encargaba de la política de comunicación. Según ha podido saber el ARA, a puerta cerrada ha dicho que Díez la llamó porque “quería colaborar y ayudar” y tenía “información útil para el partido”. “Me refiero a información, nada de cloacas”, ha puntualizado. Eso sí, ha reconocido que los informes de la Guardia Civil describen “indicios preocupantes”.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

Santiago Pedraz estrecha el círculo sobre el entorno de Pedro Sánchez. El juez que está investigando el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de que llegara a la Moncloa y presidente de Correos del 2018 al 2023. Da este paso después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción a raíz de el último informe de la Guardia Civil, que concluyó que él tuvo una “participación relevante y preeminente” en la presunta trama. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaba que él y Díez habrían “trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos” de la supuesta organización, tanto en la presunta adjudicación irregular de contratos en el entorno de la SEPI como en los intentos de desestabilizar causas judiciales vinculadas a los socialistas.

Casi todo el espacio de análisis está ocupado por el ruido de la política española, un ruido que tiene dos emisores fundamentales. El primero es la corrupción próxima al PSOE y a Pedro Sánchez (Ábalos, Koldo, Cerdán), que suma una nueva imputada:

El juez que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha sumado 25 nuevos investigados a la causa. En una breve providencia, a la que ha tenido acceso el ARA, Santiago Pedraz ha citado como investigada –entre otros– a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en la investigación relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Hasta ahora estaban imputados Vicente Fernández –expresidente de la SEPI–, Antxon Alonso –empresario navarro próximo a Santos Cerdán– y Leire Díez. La decisión del magistrado llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y uso de información privilegiada. Desde el gobierno español se "mantiene" la "confianza" en Gualda –la SEPI, como brazo inversor del Estado, es un organismo que depende del ministerio de Hacienda–, indican fuentes gubernamentales, que defienden que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa a la actual presidenta".

Hay una empresa vasca que en las últimas horas ha copado la actualidad política en Madrid: Tubos Reunidos, una compañía de Álava fundada en 1982 que se dedica a fabricar tubos de acero sin soldadura. En verano de 2021, en el marco de la pandemia de coronavirus, recibió un rescate del gobierno español de 112,8 millones de euros con el mismo fondo del que se beneficiaron, por ejemplo, Air Europa o Plus Ultra. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, relata que el grupo que integraban Leire Díez, Vicente Fernández –presidente de la SEPI entre 2018 y 2019– y Antxon Alonso –empresario vasco relacionado con Santos Cerdán– habría llevado a cabo acciones para "facilitar" que la empresa recibiera el rescate. Y ahí incluye un acercamiento al PNB que "podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento [de la ayuda]". Por las gestiones que el grupo hizo antes y después del rescate, habría recibido comisiones por valor de 247.000 euros en diferentes pagos canalizados por diversas vías.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

"Jamás de los jamases". Y así una y otra vez. La directora general de la Guardia Civil, que aparece salpicada en el sumario del caso Leire Díez, ha negado de raíz y rotundamente que interviniera de alguna manera en las maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que investiga la Audiencia Nacional. "No he participado nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO, no he participado nunca en ninguna campaña de desprestigio contra la UCO y no he adoptado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO", ha proclamado con vehemencia Mercedes González justo al arrancar la comparecencia en la comisión de Interior del Senado, convocada por la mayoría absoluta del PP. "No he perseguido nunca a los míos porque son mi familia", ha añadido más tarde. "No me dedico a ninguna cloaca", ha llegado a decir. Para defenderse, ha sacado pecho de que no ha habido "ninguna queja" de agentes de la UCO que se sintieran amenazados o coaccionados y, después de dos horas y media, ha cerrado su intervención con una proclama: "Cada día me tengo que repetir que no he hecho nada malo. Mientras tanto, rugirá la furia deseosa de alcanzar la destrucción y la desolación".

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, apunta el presunto rol de líder que habría ejercido Santos Cerdán en el caso Leire Díez. La Audiencia Nacional está investigando una supuesta "estructura criminal" para obstaculizar" causas judiciales y proteger los intereses" de Pedro Sánchez. El documento, de 107 páginas, refuerza los indicios que había hasta ahora y, entre otras cosas, incluye un informe sobre la "gestión de los gastos de viajes" relativos a Santos Cerdán y a otras personas de su equipo en 2024 y 2025 que elaboró el PSOE y que entregó a la UCO hace tres semanas. "Dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez de tal manera que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para solicitar viajes", recoge el informe que hizo Santiago Llorente, coordinador de la gerencia del partido.

En las últimas semanas, la actualidad política en Madrid ha estado marcada por los sumarios judiciales. El estallido del caso Leire y del caso Zapatero han conmocionado al PSOE y han vuelto a instalar a Pedro Sánchez en un momento de máxima debilidad. Y hay un nombre repetido que aparece vinculado a la conocida como fontanera del PSOE y a la investigación sobre el expresidente del gobierno español: Nervis Gerardo Villalobos, que fue viceministro de Energía en Venezuela con Hugo Chávez del 2004 al 2006.

La Fiscalía General del Estado, comandada desde diciembre por Teresa Peramato, ha confirmado al juez del caso Leire Díez que la conocida como fontanera del PSOE se reunió dos veces con la mano derecha de su predecesor, Álvaro García Ortiz, junto con el abogado Jacobo Teijelo, que actualmente forma parte de la defensa de Santos Cerdán y también está investigado por la Audiencia Nacional. El interlocutor era Diego Villafañe, que era el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía y que "informó a posteriori" al fiscal general del Estado de las dos citas. El primer encuentro fue el 6 de marzo de 2025 y también participó la fiscal Beatriz López Pesquera. Fuentes fiscales explican que Jacobo Teijelo informó de "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, hubo una segunda reunión, en la cual Teijelo comunicó su "voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

Nuevas revelaciones del sumario del caso Leire Díaz, la supuesta fontanera del PSOE. En este caso, sobre uno de los asuntos más sangrantes de la guerra sucia contra el independentismo en pleno proceso soberanista. El sumario del caso Leire Díez incluye el audio de una conversación con el exmilitante del PSOE y ex número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, donde este admite que el informe que decía que el entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias tenía una cuenta bancaria en Suiza "era todo falso" y que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era quien lo había filtrado a los medios de comunicación afines al PP. Martínez afirma que la persona que se encargó de redactar el informe “se lo inventó todo”, y describe un sistema de creación y filtración de dossieres contra rivales políticos.

Estos días que los Mossos vigilan las alcantarillas se encontrarán que bajan muy llenas. De grabaciones, por ejemplo, como la de un exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que admite a la exlegisladora del PSOE, Leire Díez, que el cuento de la cuenta de Xavier Trias en Andorra era falso, inventado por un policía y filtrado por el “filtrador número 1, ya te puedes imaginar quién es. A Jorge [Fernández Díaz], eso de filtrar lo volvía loco [...] eso lo hacía ella hablando con los pedrojotas”. Ellos, que querían ser como Bernstein y Woodward haciendo caer a un presidente, no pasaban, en realidad, de ser obedientes impresores de la mercancía tóxica de un ministro. Todo por la patria y por el negocio editorial, claro; nada por la verdad ni por el estado de derecho. ¿Qué deberá haber pensado el muy creyente exministro cuando ha oído al Papa diciendo que “nadie puede arrodillarse ante Dios y menospreciar al hermano”?Mientras León XIV preparaba estas palabras, Pedro Sánchez (probablemente “PS” en los papeles de la lampista) se escapaba al Primavera Sound. Cuando no pueden más del Madrid que los quiere matar, se refugian en Cataluña y nos llenan de tópicos: “Una manera de mostrar al mundo Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía. [...] Su éxito internacional habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad”. Si hace años que somos así. Y más que lo seríamos si no hubiéramos cargado con la guerra sucia y el desinterés premeditado de un estado inútil para hacer ir sus trenes a la hora, chupador de energías y recursos, que de vez en cuando usa el cepillo del que hablaba Tarradellas.

"Antonio Balas: peligroso". Esta es una de las diversas anotaciones de las agendas intervenidas a Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE. Se refiere al jefe del departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas. Tiene 52 años y es natural de un pueblo de Badajoz, aunque este teniente coronel se forjó en el País Vasco en los años de ETA. "Si en algo puedo decir que soy un poco especialista es en el ámbito de la investigación criminal", se definía a sí mismo en un acto en noviembre de 2023, tres años después de ponerse al frente del departamento de delincuencia económica de la UCO con el objetivo de poner fin a la corrupción, que él mismo definía como "una grave amenaza [...] para el estado de derecho y para la sociedad del bienestar".

Cuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

El caso Leire se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para el PSOE. El goteo de informaciones sobre el sumario y la aparición de nombres que salen salpicados ha hecho que los socialistas se hayan visto obligados a salir al paso para desmarcarse de lo que el juez cree que era una "estructura criminal" por "desestabilizar" investigaciones judiciales. El mantra que repiten en Ferraz es que los imputados hicieron "uso del nombre del PSOE en vano". Quien por fin se ha pronunciado ha sido Pedro Sánchez, que, de visita oficial a los Balcanes, ha asegurado que todo se hizo a sus espaldas: "Nunca se me ha informado sobre las aventuras de Leire Díez. Nunca avalé y nunca tuve conocimiento de algo que jamás habría tolerado", ha dicho desde Montenegro. El presidente español ha reconocido que todo lo que se ha ido sabiendo le llena de "decepción, preocupación e indignación" y ha anunciado que el equipo jurídico del PSOE está estudiando "qué acciones se emprenderán" en "defensa de la honorabilidad y limpieza" del partido.

El sumario del caso Leire Díez que se está investigando en la Audiencia Nacional incluye la grabación de dos reuniones que mantuvieron la conocida como "fontanera del PSOE con Francisco Martínez, que fue número dos del ministro Jorge Fernández Díaz como secretario de estado de Seguridad y que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen. El 15 de julio de 2024, él mismo relató a Leire Díez cómo Gonzalo Boye –el abogado de Carles Puigdemont– y Javier Pérez Dolset –que también está investigado– le habrían ofrecido entrar en la ley de amnistía. Según se puede oír en la grabación a la que ha tenido acceso el ARA, fue el empresario quien contactó con él para poner sobre la mesa una "colaboración" con la que, a cambio, él tendría que "dar explicaciones" y "reconocer la autenticidad" de unos documentos en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya. Todo ello le sorprendió: "Me parece extraño, no veía ninguna posibilidad de que yo pudiera entrar en la amnistía en términos jurídicos y políticos, pero pensé que no tenía nada que perder por sentarme. Y me senté muchas veces con el empresario Javier y el abogado Gonzalo", le explicaba.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE, a pesar de que hasta ahora tanto ella como el gobierno español lo habían negado tanto por escrito –en respuesta a preguntas parlamentarias del PP– como oralmente: la semana pasada lo volvió a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con nadie [...] Ni con Leire ni con cualquier otra". Este relato ha cambiado este jueves, una vez conocido el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. En un comunicado este jueves por la noche, la misma Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros —no descarta un tercero— y asegura que González cortó la relación tan pronto como Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, apartado del cuerpo por estar inmerso en una causa judicial.