Un juez de Madrid, Arturo Zamarriego, se enmendó este viernes a sí mismo y aceptó incorporar en una causa judicial que tiene abierta contra al exmilitante del PSOE Leire Díez dos denuncias de dos fiscales de Anticorrupción. Se trata de Ignacio Stampa y José Grinda, que sostienen que el grupo que forman principalmente Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patrícia López les sobornaron: les ofrecieron beneficios del gobierno español a cambio de favores judiciales y/o información comprometedora de investigadores de la Guardia Civil u otros fiscales para desacreditarlos. Zamarriego ya tenía un procedimiento abierto contra Leire Díez a raíz de los audios publicados en los que podía escucharse cómo ofrecía tratos judiciales a imputados a cambio de información de Antonio Balas, por ejemplo, que es el responsable de la UCO que investiga el caso Cerdán.

Nuevo capítulo de la guerra sucia en torno a Leire Díez, la periodista exmilitante del PSOE al que pillaron buscando paños sucios de miembros de la Fiscalía y de la UCO de la Guardia Civil. Según ha podido saber el ARA, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal de Anticorrupción José Grinda, con quien desvela un enfrentamiento que se arrastra desde los últimos dos años. Le acusa de haber presentado una denuncia falsa contra ella el pasado febrero, y le atribuye delitos de revelación de secretos continuada, amenazas, coacciones y cohecho. Grinda es el fiscal que estuvo detrás de la investigación del caso 3% y el caso Palau.

Aún lleva cola la semana más sórdida de la política española, con el espectáculo que Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Víctor de Aldama protagonizaron el miércoles en un hotel de Madrid. Tres personajes hasta hace poco prácticamente desconocidos.

El PP ha encontrado en la presuntaoperación contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye al PSOE, su principal filón para atacar a Pedro Sánchez. Por eso, pocos días antes de la manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo en Madrid contra la "mafia" que atribuyen a los socialistas, los populares han ampliado su ofensiva en el ámbito judicial.