El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que comience "inmediatamente" los trámites para la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, un listado obligatorio por ley y aprobado por el Consejo Interterritorial (con presencia de todas las comunidades autónomas). El acta de la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal es un nuevo paso en el pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Mónica García al resistirse a tener el registro de profesionales que se niegan a practicar abortos. De hecho, los jueces avalan las medidas cautelares solicitadas por el ministerio.

España tiene hoy un protagonismo central en la agenda antigénero internacional por una doble vertiente: por un lado, los movimientos locales como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGo o Vox conservan el legado católico del franquismo y, por otro, han sido capaces de exportar sus estrategias a Europa, América Latina e incluso África. En pocos años, el Estado se ha convertido en un laboratorio de la ofensiva ultraconservadora global que tiene en la diana todo lo que apunte a la diversidad, ya sean los derechos de los colectivos LGBTIQ+, el del aborto o la batalla contra la educación sexual. Son conclusiones de un informe que ha impulsadoAsociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, firmado por varios investigadores que han analizado casos como los de España, Guatemala, El Salvador o Kenia.

En 2024 se notificaron al Estado 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que supone un aumento del 3% respecto al año anterior y un récord en el histórico de esta prestación que este año cumple cuarenta años. En estas cuatro décadas ha habido intentos de recortar los criterios y en la reforma del PP de 2011 se condicionó los abortos de jóvenes entre los dieciséis y los dieciocho años a una autorización paterna. Sin embargo, en el 2023 el gobierno español de Pedro Sánchez sacó adelante una modificación en el 2023 en la que devolvía la autonomía a las menores y, además, eliminaba los tres días impuestos de reflexión antes de la interrupción, lo que recogía la demanda histórica de las feministas que reprochaban que la medida infantilizaba a las mujeres. Ahora bien, ninguna de las modificaciones ha logrado poner fin a las desigualdades territoriales de acceso al aborto, un derecho garantizado en la cartera de servicios sanitarios, así como tampoco la dependencia del sector privado. Hay gobiernos autonómicos que, además, se niegan a abrir el obligatorio registro de médicos objetores, útil para ayudar a planificar los equipos y que ningún centro quede desatendido por falta de profesionales.