La derecha y la extrema derecha españolas están dispuestas a torpedear la llamada ley de nietos, la disposición que el gobierno español incluyó en la ley de memoria democrática para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad. La cruzada política del PP y Vox contra el texto legislativo, que califican de instrumento de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral, ha saltado a los tribunales y el Supremo ya ha bloqueado el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Pero esta no es la única derivada política y judicial de la ley. En el blanco de las críticas, y de las querellas, está el nombre de Sofía Puente, fiscal de carrera, alto cargo del gobierno español y, también, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.