El Supremo bloquea el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos hasta que demuestren que son descendientes de exiliados

MadridEl Tribunal Supremo ha accedido a las pretensiones de Vox y de Iustitia Europa –un partido extraparlamentario habitual en las causas que rodean al PSOE– y ha paralizado temporalmente el derecho a voto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática. Es una medida cautelar que ha adoptado hasta que dicte una sentencia definitiva y mientras los consulados españoles no “expidan certificación acreditativa” de su condición de descendientes de exiliados: “Nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

Tanto Vox como el PP se han apresurado a reaccionar a la noticia en las redes sociales. “Teníamos razón”, se ha limitado a celebrar Alberto Núñez Feijóo en X. “Lo irresponsable no era dudar de las intenciones de este gobierno, lo irresponsable habría sido no hacerlo”, ha añadido la número 3 del PP, Alma Ezcurra. Mientras que la extrema derecha, que hace tiempo que prepara el terreno para cuestionar el resultado de las próximas elecciones españolas, saca pecho de haber conseguido “suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones”. Desde la Moncloa, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha reaccionado poco después de conocerse la noticia: “No compartimos la decisión, pero confiamos en la imparcialidad de la Justicia”.

La vista en el Supremo

La decisión del Supremo llega 24 horas después de que se celebrara una vista para confrontar los argumentos de Vox e Iustitia Europa con los postulados de la Fiscalía y el gobierno español. Jorge Buxadé, coordinador jurídico del partido de extrema derecha, justificó que la suspensión del derecho a voto era necesario para "preservar la legalidad, objetividad, transparencia e igualdad" del censo electoral y evitar que continúe "aumentando de manera anómala". Por su parte, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, esgrimió que estaba "en juego" la "certeza del proceso democrático" y defendió que una futura sentencia favorable no podría "reconstruir con certeza unas elecciones ya celebradas".

En cambio, la abogada del Estado –en representación del gobierno español– acusó a Vox e Iustitia Europa de basarse en "riesgos hipotéticos y eventuales" y sostuvo que suspender las altas en el CERA vulneraría el derecho del sufragio activo: "¿Cómo podría privarse de derechos judiciales a personas que han adquirido una nacionalidad por actos administrativos firmes?", se preguntó.