El presidente del Constitucional defiende la amnistía a los líderes del Procés: “Es de sentido común”

MadridEl presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

“En una interpretación impredictible, las resoluciones no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma y las finalidades que justifican la amnistía”, sostiene. En contraposición con el Supremo, que optó por “eludir el genuino sentido” de la ley, subraya que la amnistía “conduce inexorablemente” a la conclusión de que su finalidad es excluir solo la “desviación de fondos públicos efectuada con fines de corrupción personal” y no con el objetivo de hacer posible, por ejemplo, el 1-O. El borrador habla de una “contradicción interna” en el razonamiento del Supremo y acusa a Manuel Marchena de hacer una argumentación “de todo punto desrazonada”.

La consecuencia es clara: el Constitucional ordenará directamente al Supremo que dé marcha atrás y dicte una “nueva resolución” en la cual “declare amnistiado” el delito de malversación. E irá más allá recordándole que lo debe hacer de manera “preferente y urgente”. Esto sentará las bases para el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña, dado que Pablo Llarena se ha abierto a levantar la orden de detención cuando el TC haya emitido su primer veredicto. La ponencia también critica que el Supremo mantuviera una “línea argumental” en la cual le resultara “absolutamente indiferente” la “idoneidad” de la amnistía para “apaciguar” el “conflicto generado” por el Procés.

El texto se debatirá y se aprobará en el pleno del Constitucional del martes 6 de octubre, junto con la nueva ponencia que ha elaborado el conservador José María Macías sobre el recurso de amparo de Jordi Turull. La ha tenido que rehacer después de que su primera versión, en la que avalaba dejar a los líderes del Procés fuera de la amnistía, quedara en minoría. Ahora bien, su texto evitaba instar a Manuel Marchena a aplicar la amnistía. ¿Cuál se impondrá? Aunque inicialmente la intención de los magistrados progresistas era aprobar solo la ponencia del presidente del TC, ahora –según ha podido saber este medio– se decantan por votar a favor del texto de Macías si acepta incluir esta exhortación explícita. Ahora bien, hay otros magistrados que consideran que esta redacción es una “extralimitación”.

“Un ensanchamiento del ámbito de lo punible”

Cándido Conde-Pumpido recrimina al Supremo que no hiciera una “interpretación estricta” de la ley, sino que planteara una “reducción teleológica” para “expulsar” de su aplicación casos de malversación que “están comprendidos en su tenor literal”. “Una interpretación extensiva de las causas de exclusión puede significar un ensanchamiento del ámbito de lo punible”, esgrime. También denuncia que la exclusión que hizo de ella el Supremo conduce a una “drástica contracción de las posibilidades” de aplicar la amnistía a la malversación, lo cual es “manifiestamente contrario al espíritu y finalidad” de la ley.

Por su parte, el texto de José María Macías llegaba a la conclusión de que el Supremo “se apartó de la finalidad de la norma” e incurrió en una “quiebra lógica” porque aplicó las exclusiones con una “manifiesta falta de sintonía” con los objetivos de la ley: “Es decir, hizo decir a la norma lo que esta no dice, ni quiso decir expresamente”, resumía el magistrado conservador.

Una “contradicción flagrante” sobre la Unión Europea

La ponencia del presidente del TC es especialmente crítica con el argumento de que el 1-O puso en peligro los intereses financieros de la Unión Europea, que es una de las exclusiones de la amnistía y es el segundo argumento que esgrimió el Supremo para impedir aplicarla a los líderes del Procés. Es un razonamiento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desactivó con la sentencia del mes de julio pasado. El texto acusa al Supremo de caer en una “contradicción flagrante e insoluble” que supone una “quiebra de racionalidad”.

¿Por qué lo dice? Recuerda que la sentencia del juicio del Procés aseguraba que los consejeros del Govern eran “conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica” del referéndum y sabían que la aprobación de las leyes de desconexión “no podría conducir a un espacio de soberanía”, sino que eran un “anzuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado”. En cambio, cinco años más tarde, el Supremo cambió este diagnóstico para afirmar que hubo una “afectación potencial” del presupuesto de la UE y que el 1-O supuso un “grave peligro” para los intereses financieros comunitarios por el riesgo de que hubiera una “descomposición territorial” de España. Ahora, Pumpido lamenta que el Supremo haya emitido “dos pronunciamientos diferentes y recíprocamente inconciliables”.