El presidente del Constitucional defiende la amnistía a los líderes del Procés: “Es de sentido común”

MadridEl presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a la malversación y considera que hacerlo es “lo único conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una “interpretación de la ley que atienda a su espíritu y finalidad, así como a su propia génesis”. Así lo recoge su ponencia, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el referéndum del 1-O y está inhabilitada hasta 2031. Argumenta que la interpretación del Supremo fue “extensiva”, “contraria al espíritu y finalidad” de la ley e “internamente contradictoria” en relación con la aplicación de las exclusiones.

La conclusión es clara: el Constitucional ordenará al Supremo que dé marcha atrás y dicte una “nueva resolución” en la que “declare amnistiado” el delito de malversación porque “no apreció la concurrencia de ningún otro motivo” que lo impidiera. Asimismo, le recuerda que hacerlo tiene un “carácter preferente y urgente”. Esto abrirá la puerta al retorno de Carles Puigdemont a Cataluña, dado que Pablo Llarena se ha abierto a levantar la orden de detención cuando el TC haya emitido su primer veredicto.

El texto se debatirá y se aprobará en el pleno del martes 6 de octubre, junto con la nueva ponencia que ha elaborado el conservador José María Macías sobre el recurso de amparo de Jordi Turull. La ha tenido que rehacer después de que su primera versión, en la que daba la razón al Supremo y avalaba dejar a los líderes del Procés fuera del perímetro de la amnistía, se quedara en minoría.

Macías habla de un “sentido inequívocamente diferente” a la voluntad del legislador

Hace cuatro días, José María Macías modificó su propuesta inicial sobre el recurso de amparo de Jordi Turull de acuerdo con la posición mayoritaria del pleno, de talante progresista. La nueva ponencia, a la que tuvo acceso el ARA, consideraba que la lectura de la malversación que hizo Pablo Llarena “no puede considerarse correctamente motivada y fundada en Derecho” y concluía que al actual secretario general de Junts se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a la representación y participación políticas y a la legalidad penal.

El borrador esgrime que la amnistía se había interpretado en un “sentido inequívocamente diferente” a la voluntad del legislador y considera que el juez instructor “se apartó” de la finalidad de la norma: “Incurriendo en un fallo lógico, consistente en aplicar un precepto con una manifiesta falta de sintonía con lo que la misma norma pretende. Es decir, hacer decir a la norma lo que esta no dice, ni quiso decir expresamente”.