Llarena se abre a levantar la orden de detención de Puigdemont con la primera sentencia del TC sobre la malversación

MadridAhora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

Para que el Supremo levante la orden de detención, las mismas fuentes aclaran que se deben cumplir dos condiciones: primero hará falta que el Constitucional haga pública la integridad de la sentencia –no pueden decidir solo con la resolución sobre si estima o no el recurso– y después que la resolución del TC sea muy clara en su argumentación. “Si contiene expresiones constitucionales que tienen repercusión y relevancia en el caso de Puigdemont, se aplicaría inmediatamente”, alegan estas voces. Es una manera que tiene el alto tribunal de asegurar que aplicará la amnistía siempre que el Tribunal Constitucional sea muy claro en su pronunciamiento y, por tanto, contenga una conclusión “extrapolable” al resto de casos. En el alto tribunal reafirman que la doctrina constitucional es de aplicación “generalizada” y que, por tanto, hace falta que se aplique en cada caso concreto más allá de si hay o no una resolución individual.

“Nadie” debe tener “ninguna duda”

Asimismo, y a pesar de la posición de rebeldía que ha mantenido el Supremo desde que la amnistía entró en vigor, las fuentes consultadas por el ARA insisten en más de una ocasión en que los efectos de la sentencia inicial serán “inmediatos” y que “nadie” debe tener “ninguna duda” de que el Supremo aplicará el veredicto que provenga del Constitucional. Cuando este escenario llegue, Pablo Llarena revisará las medidas cautelares que todavía están en vigor a los exiliados, también Toni Comín y Lluís Puig, entre las cuales se encuentra la orden de detención. Otra voz de alta jerarquía del Supremo también ve en el horizonte la posibilidad de poner fin a la carpeta del Procés: “A ver si nos quitamos esta espina que dura mucho”, ironiza.

Después de la sentencia del Constitucional, ¿podría Pablo Llarena volver a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Ahora mismo, fuentes conocedoras no aclaran cuál puede ser el desenlace. Por una parte, confían en que el Constitucional no dictará una sentencia que contradiga la legislación europea. Pero, por otra parte, no descartan de todas todas enviar la amnistía de nuevo a Luxemburgo. Eso sí, dejan claro que –mientras espera una hipotética respuesta del TJUE– el juez instructor “respetará” la sentencia del TC y no tendrá más remedio que permitir que Puigdemont vuelva a Cataluña en libertad. Posteriormente, cerrará el sumario y remitirá el caso a la Sala Penal para que lo amnistíe formalmente y dé carpetazo definitivo a la causa. Es lo mismo que pasó con Marta Rovira, que no tiene ninguna orden de detención en vigor, pero continúa pendiente de que la Audiencia de Barcelona archive del todo la investigación por desobediencia contra ella.

A partir del 22 de septiembre

El Tribunal Constitucional dará el pistoletazo de salida a la deliberación sobre el recurso de amparo de Jordi Turull el próximo 22 de septiembre. El ponente es el conservador José María Macías, así que todo hace pensar que la mayoría progresista tumbará su presumible propuesta de rechazar el recurso. Esto conducirá a tener que cambiar la ponencia: podría reescribirla él o podría cambiar de manos. Si la mantuviera él, llevaría el nuevo texto el 5 de octubre. Aun así, una fuente de peso del Constitucional no descarta que pudiera pasarle por delante el recurso de Dolors Bassa, una maniobra que supondría alejarse de la práctica habitual. Sea como sea, todos los cálculos sitúan la primera sentencia en el mes de octubre.

Amnistía en el Tribunal de Cuentas

En paralelo, el Tribunal de Cuentas también está a punto de aplicar la amnistía. Según fuentes conocedoras, el tribunal habría transmitido informalmente a algunas partes la voluntad de liberar de la responsabilidad contable a 35 excargos de la Generalitat a raíz de la sentencia del TJUE, que dictaminó que el 1-O no afectó a los intereses financieros europeos. Entre los afectados están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado el ARA, la decisión debería llegar en los próximos días o semanas. De esta manera, se pondría fin a las maniobras dilatorias del tribunal. ERC ha celebrado “el avance” y ha exigido la aplicación de la norma “inmediata” a todas las causas. Ahora bien, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha lanzado una advertencia en X: "Lo celebraremos cuando la amnistía sea aplicada, pero, por ahora, el Tribunal de Cuentas no ha notificado nada al respecto".