La fiscal general reclama “rigor, independencia y determinación” para luchar contra la corrupción

MadridUn año más el Tribunal Supremo acoge un acto solemne para dar el pistoletazo de salida al curso judicial. Lo ha hecho la misma semana que la pesadilla judicial de Pedro Sánchez se ha reactivado en la Audiencia Nacional, y a pocos metros de donde estaba declarando el exdirector general de la Guardia Civil, investigado en el caso Leire Díez. Todo el mundo sabe –en Ferraz, en Génova y en la Moncloa– que los tiempos de la justicia marcarán los próximos compases y los últimos vaivenes de la legislatura, tanto por los casos que salpican al PSOE como por la aplicación de la amnistía. Quien ha debutado ha sido Teresa Peramato, que es fiscal general del Estado desde el mes de noviembre. Haciendo tándem con Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ha sido el primer año de la historia en el que dos mujeres han intervenido en la apertura del año judicial.

Durante su intervención, Teresa Peramato ha denunciado que la corrupción “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y “distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos” y ha reclamado el “máximo rigor, independencia y determinación” del ministerio público para investigar y perseguir estas conductas, “particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”. No le ha mencionado, pero en las paredes del salón de plenos del Supremo ha resonado el nombre de José Luis Ábalos.

La fiscal general del Estado también ha salido al paso de las críticas que reciben algunos fiscales. El PP, por ejemplo, arremete desde hace tiempo contra los fiscales de los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, que desde el primer día han sido partidarios de archivar las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, que han salido adelante solo con el impulso de las acusaciones populares. Ha lamentado que se haga una “descalificación sistemática” y se proyecte sobre la institución una “imagen que no se corresponde con la realidad”. “Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica, se distingue entre fiscales buenos y malos según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros”, ha dicho. Y ha reiterado que los fiscales siempre actúan con “sujeción exclusivamente” a la ley.

Por otro lado, Teresa Peramato ha reclamado reforzar “todos los mecanismos de prevención, detección, protección y asistencia a las víctimas” de violencia de género y crear las “condiciones necesarias” para que puedan “denunciar con seguridad y confianza”. Las palabras llegan un mes después de que se supiera que en Andalucía el PP ha dejado en manos de Vox el servicio de valoración a víctimas de violencia machista. Y ha aprovechado para deshacerse en elogios hacia las reformas que ha impulsado el ministro Félix Bolaños y que sitúan a España, a su parecer, ante una “oportunidad histórica”. Después de celebrar la implantación de los tribunales de instancia, ha mostrado el “firme apoyo” a que se atribuya a la Fiscalía la dirección de la investigación penal –una “exigencia de racionalidad institucional” que “refuerza las garantías”– y ha recalcado que la propuesta de nuevo Estatuto de la Fiscalía es un “importante paso adelante” y una “apuesta valiente”. Ahora bien, es altamente improbable que los dos proyectos vean luz verde en el Congreso.

María Tardón investigará la entrada masiva en Ceuta

Este año el acto llega tres días después de que la Audiencia Nacional decidiera abrir una investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La jueza que se ha hecho cargo es María Tardón, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid de 1999 a 2003. Esto –sumado al hecho de que impidiera a la policía española que informara al gobierno español sobre el informe que le envió– provocó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera que desconfiaba de su papel: “Es una jueza que proviene del mundo político. Teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, hasta ahora ha dado muestras que nos llevan a dudar de su imparcialidad, por supuesto”, dijo.

Ahora bien, son unos recelos que Pedro Sánchez no comparte. En una entrevista en TVE, el presidente español se limitó a admitir que el pasado político de la jueza era un “hecho objetivo”, pero recalcó que su “compromiso político coyuntural no está reñido” con sus tareas como jueza.

Con la amnistía en el horizonte

Un año más, el acto también estará marcado por la ley de amnistía y la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla a los líderes del Procés. Respecto a hace doce meses, los dos grandes cambios que ha habido son la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la norma y las decisiones del Supremo de amnistiar en cascada causas que tenía pendientes. Pero los casos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y compañía continúan tal y como estaban.

Eso sí, su desenlace se empezará a encarrilar el 22 de septiembre. El Tribunal Constitucional dará el pistoletazo de salida a la deliberación sobre el recurso de amparo que presentó Jordi Turull. El ponente es el conservador José María Macías, y por tanto todo hace pensar que la mayoría progresista tumbará su presumible propuesta de rechazar el recurso. Esto conducirá a tener que cambiar de ponente y a resolver la cuestión en el mes de octubre. La previsión del Constitucional es abordar el recurso de Carles Puigdemont antes de finales de año. Después serán Manuel Marchena y Pablo Llarena los que tendrán la última palabra.