La Audiencia Nacional investigará la entrada de migrantes en Ceuta como un intento de atentar contra el Estado

MadridLa Audiencia Nacional ha decidido abrir una causa penal para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Después de el aval de la Fiscalía y de recibir los informes que encargó a la policía española y a la Guardia Civil, la jueza María Tardón considera que es competente para analizar unos hechos que cree que podrían enmarcarse en tres delitos: uno que compromete la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –en conexión con un delito de homicidio imprudente por los 83 cadáveres que se encontraron en aguas españolas– y de organización criminal. “Nos encontramos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”, sostiene. “Se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado”, añade la jueza, que recuerda que Pedro Sánchez presentó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Además, apunta que los hechos los promovió una “pluralidad de personas aún no identificadas” y justifica que un “flujo migratorio masivo” es “uno de los métodos característicos” de la guerra híbrida.

El auto de Tardón, de 26 páginas, también habla sobre el gran interrogante que todavía se arrastra, que se ha convertido en el epicentro de la disputa política y que ha dejado al PSOE aislado de sus socios: el papel de Marruecos. Para la jueza, “se ha evidenciado” una “clara e indudable gestión favorecedora del proceso” desde el territorio del país alauí gracias al comportamiento “constatado y gráficamente contrastado” de las fuerzas de seguridad marroquíes. Haciéndose suyos textualmente los argumentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la policía española, alega que no solo hubo “pasividad” por parte de los agentes, que no hicieron “ninguna tentativa seria de intentar reducir, dispersar o alejar a la masa de personas” de la frontera, sino que llevaron a cabo un “guiado activo” dando “indicaciones” a los migrantes para ayudarles a “superar los obstáculos”. Y repite otra consideración del ministerio público: “La finalidad migratoria opera solo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas en la frontera”.

“Desde el absoluto desprecio por la vida y la integridad física de algunas de las personas más vulnerables, se las condujo a lanzarse al mar, sin preparación y [...] proveyéndolas de débiles instrumentos de flotabilidad, algunos poco más que juguetes”, denuncia la jueza. Eran personas de edad avanzada o familias con niños –algunos padres con los bebés en brazos– que llevaban “precarios elementos de auxilio” y ropa “inadecuada” que una vez mojada podía “obstaculizar seriamente” los movimientos a la hora de nadar. Asimismo, María Tardón alude al papel de la Moncloa y del ministerio del Interior y avisa que analizará “todas las actuaciones” que tuvieron lugar en España, como “la articulación de adecuados medios de respuesta” en relación con la “información y alertas de su posible evento” y la “incidencia que estas actuaciones” habrían podido tener en los “efectos producidos” por la entrada masiva.

De hecho, no es la única investigación que se puede acabar abriendo. Un recurso contencioso-administrativo de Zeolandia –una asociación que defiende a los animales y el medio ambiente– contra la Administración General del Estado por omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas y por ocultación de información de inteligencia ha propiciado que el Tribunal Supremo reclame información al gobierno español sobre las declaraciones de Pedro Sánchez desde Ceuta el 31 de julio. En paralelo, Vox ha presentado una querella contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska por delitos de colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. Se suma a la que impulsó Manos Limpias hace unos días.

La importancia de los móviles

La jueza dedica cuatro páginas y media a hacer una cronología de los hechos. Explica que todo empezó con una “situación sostenida y creciente de incremento de las entradas” en Ceuta los días previos. Hasta que el 30 de julio estalló la crisis. Hubo “oleadas de diferente intensidad y perfil” que provocaron un “colapso de las capacidades de respuesta” del sistema de control fronterizo español y una “violación masiva de la soberanía territorial” de España. La llegada de tanta gente hizo que el patio que hay entre la zona restringida de la playa y la zona de libre circulación, donde los migrantes quedaban retenidos en un primer momento, llegara a una situación de “saturación” que provocó que hubiera que abrirlo. “Los agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera y defender la vida humana”, defendió Pedro Sánchez la semana pasada.

Después de que se abriera esta puerta, la entrada fue “más accesible” y se viralizaron mensajes de que la frontera se había abierto. El auto recoge algunos: “Noche de asalto, el último que apague la luz” o “Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto”. “La policía lleva su ropa normal, todas las ciudades de Marruecos están aquí”, decía otro. Posteriormente, también se propagaron consejos para evitar la expulsión. “Hay que entrar en Ceuta y esconderse hasta que se calmen los españoles”, por ejemplo. O “cuando pises Ceuta, di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos”.

La jueza subraya que la policía española detectó que el 91% de los móviles que actuaron como “dinamizadores” y “altavoz” tenían un prefijo de Marruecos. Y destaca que, entre otras cosas, los mensajes “distorsionaron” la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente de migrantes que llegan por mar y del proceso de regularización que impulsó el gobierno español a principios de año.

Un “minucioso análisis” por parte de la policía española

Asimismo, después de las dudas que extendió el ministerio del Interior sobre el veredicto del Cenif, María Tardón también aprovecha para defender el trabajo de los investigadores: “Un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material”. Y recalca que el Cenif tiene una “especial cualificación” para analizar “cualquiera de las dinámicas” relacionadas con los fenómenos y flujos migratorios.

Finalmente, reclama a las acusaciones populares que se han personado en la causa que paguen una fianza de 6.000 euros para poder formalizarlo. Son Iustitia Europa, el partido extraparlamentario que presentó la denuncia inicial; el PP, Vox, Hazte Oír, Libertad y Justicia, Zeolandia y Ahora España. En cambio, la jueza ha rechazado la denuncia que presentó S'ha Acabat la Festa –el partido de Alvise Pérez– contra el rey de Marruecos y el ministro del Interior marroquí por crímenes de lesa humanidad: le recrimina que haga una “mera instrumentalización política” del ejercicio de la acción penal.