Desclasificados los archivos policiales sobre el asesinato de Arturo Ruiz a manos de la ultraderecha en 1977

BarcelonaCasi medio siglo después del asesinato de Arturo Ruiz a manos de la ultraderecha en 1977, y de años de lucha por parte de su familia para esclarecer los hechos, se podrán empezar a tener algunas respuestas en torno al crimen. El consejo de ministros español ha aprobado este martes la desclasificación de toda la documentación policial relativa al asesinato del joven de 19 años. A Ruiz le dispararon en Madrid el 23 de enero de 1977 durante una manifestación proamnistía, solo un día antes de la matanza de los abogados de Atocha.

La medida llega tras la presión incansable de su familia. Miguel Ángel Ruiz –hermano de la víctima y representante legal de los cinco hermanos vivos– presentó en noviembre de 2024 un recurso contencioso-administrativo. La familia exigía que se abrieran los archivos de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para aclarar la autoría del crimen y las posibles conexiones de los asesinos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aquella época. Entre otras cosas, se pedía información sobre el asesinato de Arturo Ruiz; sobre el presunto autor, Fernández Guaza; y sobre las relaciones de este con las fuerzas policiales. También solicitaba información sobre el comando de Guerrilleros de Cristo Rey que participó en el crimen y sobre el papel del ministerio del Interior, entonces encabezado por Rodolfo Martín Villa. La familia también quería acceder a la documentación relacionada con la huida del pistolero a Argentina.

"Asesinado por sus ideas"

"Mi tío fue asesinado por sus ideas, lo asesinaron pistoleros de ultraderecha. Él era muy joven, tenía mucha ilusión y ganas de vivir. Estudiaba y trabajaba", explicaba Miguel Ángel Ruiz, sobrino de Arturo Ruiz, al ARA hace seis años. En aquel momento, Miguel Ángel recordaba que uno de los asesinos nunca fue detenido ni encarcelado y el otro solo pasó unos meses en la prisión. La familia de Arturo Ruiz intentó muchas veces que la Audiencia Nacional investigara el caso: "Han archivado el caso porque dicen que ha prescrito, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben y así lo dicen todos los tratados internacionales", lamentaba Miguel Ángel.

Como explica en la nota de prensa el ministerio del Interior, hasta hoy la documentación no era accesible: "El contenido y la naturaleza de esta documentación había sido clasificada de forma genérica como secreto por dos acuerdos del consejo de ministros de noviembre de 1986 y febrero de 1996 [ambos con gobiernos del PSOE presididos por Felipe González], que otorgaron esta categoría a todo aquello relacionado con la estructura, la organización, los medios y los procedimientos operativos específicos de los servicios de información policiales, especialmente los relacionados con la lucha antiterrorista". Ahora, sin embargo, el departamento que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska ha considerado que, por el tiempo transcurrido, "no concurren razones de seguridad pública que impidan proceder a la desclasificación".

Entre los papeles que la familia recibirá en los próximos días se encuentran oficios y atestados sobre los señalados en su día como posibles responsables del atentado. Según la nota de Interior, estos son los ultraderechistas José Ignacio Fernández Guaza, Jorge Cesarsky Goldenstein, Ángel Sierra Sánchez y Stefano Delle Chiaie, este último fundador del grupo neofascista italiano Avanguardia Nazionale.

La huida a Argentina

La sombra de la colaboración policial ha planeado siempre sobre el caso. Tras disparar, el autor material, José Ignacio Fernández Guaza, se esfumó. El único condenado fue el argentino Jorge Cesarsky como cómplice por haberle facilitado el arma, pero solo pasó un año en la cárcel.

El caso dio un giro en noviembre de 2023, cuando una investigación periodística deEl País localizó a Fernández Guaza viviendo con una identidad falsa en Buenos Aires (Argentina). Lejos de mostrar arrepentimiento alguno, siempre según la versión deEl País, el pistolero ultraderechista admitió sin rodeos la autoría del crimen: "Me tiró una piedra. Cogí la pistola y le disparé al corazón. Con mala leche. ¿Arrepentimiento? Usted está hablando con alguien que nunca se arrepiente de nada", relató al mismo diario. Fernández Guaza también explicó que fue la propia Guardia Civil quien le indicó que huyera de España, y aseguró que los "servicios de seguridad españoles" le habían proporcionado la documentación falsa.

A pesar de esta investigación, la Audiencia Nacional española se negó a reabrir la vía penal alegando que el delito había prescrito. Es el argumento que la judicatura española ha utilizado en la mayoría de casos en los que las víctimas del franquismo han intentado llevar los crímenes a juicio. Actualmente, solo la justicia argentina, a través de la jueza María Servini, mantenía abierta la investigación sobre el caso de Ruiz.