Reparación para los funcionarios de la Diputación de Barcelona depurados por el franquismo
El proceso puesto en marcha parte del estudio de los datos de 1.924 expedientes
BarcelonaLa Diputación de Barcelona ha iniciado el proceso de "reparación de los funcionarios de la corporación que fueron depurados por el franquismo y, también, de aquellos que se exiliaron o no pudieron solicitar la readmisión". Por ahora se han publicado los datos obtenidos de los 1.924 expedientes de depuración custodiados en el Archivo General de la Diputación, un trabajo llevado a cabo desde 2021. 952 de los expedientes de depuración se resolvieron con la readmisión del funcionario sin imposición de sanción, y 193 expedientes finalizaron con sanción al funcionario. Sin embargo, no consta que se hubieran resuelto 779 de los expedientes, más del 40% de los custodiados en el archivo.
Se trata de reforzar "las actuaciones de apoyo a las actuaciones y actividades que desarrollan los entes locales en relación con la memoria democrática, y también a las entidades del movimiento memorialista sin ánimo de lucro", además de "reparar la memoria de los antiguos funcionarios represaliados", ya que la Diputación "tiene una deuda con todos aquellos funcionarios que en 1939 fueron destituidos o sancionados por el franquismo", explica el diputado de Memoria Democrática, Jesús Naharro.
La depuración del personal funcionario fue uno de los mecanismos de control franquismo. En el caso de la Diputación de Barcelona, el 17 de febrero de 1939 la comisión gestora aprobó una disposición que declaraba cesados a todos los funcionarios de la Generalitat y dejaba en suspenso al personal que había formado parte de la Diputación de Barcelona con anterioridad a 1931.
Personal sancionado
Entre el personal sancionado por las autoridades franquistas estaba el médico Carles Carceller Blay, vinculado a la Casa de Maternidad y Expósitos desde 1936; el gramático y filólogo Emili Vallès Vidal, profesor de la Escuela de Artes y Oficios del distrito quinto y de gramática catalana en la Escuela Normal de Mestres, y el músico Armand de Fluvià Vendrell, discípulo de Enric Granados y trabajador de la secretaría de la Escuela Industrial.
En el capítulo de las depuraciones sin resolver (o de las que no consta resolución) destacan los casos de Jordi Rubió Balaguer, director de la Biblioteca de Cataluña (1914 a 1939), de la Escuela de Bibliotecarias (1930 y 1939) y del Servicio de Bibliotecas del Frente durante la Guerra Civil; Pius Font Quer, primer director del Instituto Botánico de Barcelona y profesor de botánica y farmacia en la Universidad de Barcelona y en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, y Felipa Español Coll, bibliotecaria, traductora y abogada laboralista que durante la Guerra Civil trabajó en el Servicio de Bibliotecas del Frente y en los bibliobuses.
Personal readmitido sin sanción
Entre el personal readmitido sin sanción se encuentra el arquitecto Jeroni Martorell Terrats, director del Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos de la Mancomunidad de Cataluña (1914-1923), de la Diputación de Barcelona (1923-1931 y 1939-1951) y de la Generalidad (1931-1939). Martorell fue uno de los artífices de la salvaguarda de los monumentos y de numerosas obras de arte durante la Guerra Civil. Mar; Josep Colominas Roca, vinculado al Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes y conservador del Museo de Arqueología, y Josep de Calasanç Serra Ràfols, conservador del Museo de Arqueología, fueron admitidos sin sanción mediante un proceso que duró pocas semanas. Todos ellos eran discípulos de Pere Bosch Gimpera, funcionario de la Diputación exiliado en 1939 y que nunca pidió la readmisión. Bosch Gimpera fue creador y director del Museo de Arqueología y de los servicios de patrimonio cultural de la Generalitat, rector de la Universidad de Barcelona y consejero de la Generalitat.
Otros ejemplos fueron los médicos Tomàs Busquet Teixidor y Santiago Dexeus Font, la bibliotecaria Consol Pastor Martínez, la pintora Emilia Coranty Llurià, el arquitecto Joan Rubió i Bellver y la pedagoga Rosa Sensat Vilà, además de María de la Asunción Pascual i Mañé, vinculada a la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, y Maria Fath Camps, directora de la Escuela de la Mujer.
La maquinaria de depuración franquista en la Diputación de Barcelona se puso en marcha en agosto de 1939. Cada funcionario debía enviar una solicitud de admisión en que debía informar de su actuación política antes y después del 18 de julio de 1936 (ideología y militancia política y sindical), los servicios prestados y su actuación en el organismo, así como una declaración jurada, que consistía en responder a un cuestionario de entre 18 y 21 preguntas.
Cada funcionario debía aportar dos avalistas, testigos y pruebas documentales, así como informes del superior jerárquico. También podían aportar méritos, como haber formado parte de partidos de derechas o de la quinta columna o haber sido escondidos o perseguidos, entre otros. Para recuperar el trabajo también debía demostrar su adhesión al régimen franquista desde antes del golpe de estado del 18 de julio, ya que el marco jurídico franquista consideraba sospechoso a todo el mundo y establecía que era el interesado quien debía demostrar su inocencia. Con esta declaración, el juez instructor iniciaba las investigaciones, basadas en los informes de la Falange y de la policía y la Guardia Civil. Las sanciones podían ir desde la admisión con inhabilitación (de 2, 5 o 10 años) para cargos de mando o confianza hasta la destitución definitiva, pasando por períodos de postergación (de varios años) y de suspensión de empleo y sueldo.