El divorcio en Filipinas: la última herencia colonial se convierte en tabú

D.J. Alfafara tiene 47 años y una vida reconstruida sobre las cenizas de un pasado que el derecho civil se niega a enterrar. A pesar de que hace más de una década que no sabe nada de su marido, para el estado filipino continúa siendo su esposa. Esta activista se topó con la crueldad del sistema al intentar comprar una vivienda: un trámite rutinario se convirtió en un muro cuando el notario le comunicó que, sin la firma de un hombre desaparecido hacía diez años, ella no tenía entidad jurídica para adquirir un techo propio. Su caso no es una anécdota, sino el reflejo de una estructura legal que mantiene a decenas de miles de mujeres en Filipinas –uno de los dos únicos países del mundo, junto con el Vaticano, donde el divorcio es ilegal– atrapadas en matrimonios que ya solo existen en el papel timbrado de la república.

Este “hasta que la muerte os separe” no es una metáfora romántica, sino una condena sostenida por un lobby religioso que ha convertido el Código de Familia en una extensión del derecho canónico. En Filipinas la separación de poderes es un espejismo ante la sacristía: la influencia de la Conferencia Episcopal (CBCP) y grupos ultraconservadores como Couples for Christ ha conseguido que cualquier intento de legislación civil sea tratado como un pecado contra la nación. Mientras el mundo se ha secularizado, el país asiático mantiene intacto un legado colonial español que la misma metrópoli abandonó hace cuarenta años, fosilizando una moralidad del siglo XIX en pleno siglo XXI.

Atrapadas en este vacío, las mujeres se enfrentan a un sistema de anulaciones que es, en la práctica, un impuesto al sufrimiento: un proceso humillante y tan costoso que solo las élites de Manila pueden permitírselo. Para las que sufren violencia o abandono, la ley solo ofrece resignación. Alfafara, fundadora de la coalición Divorce Pilipinas, decidió que no bastaba con sobrevivir en silencio. Su lucha reclama que el matrimonio deje de ser una herencia colonial indisoluble para convertirse en un contrato civil basado en la libertad y no en una obligación divina dictada desde un púlpito.

El ancla de las Siete Partidas

La resistencia filipina a legalizar el divorcio no es fruto de una evolución orgánica, sino de una fosilización jurídica. Durante tres siglos de dominio (1565-1898), el archipiélago adoptó un marco legal donde el matrimonio era un sacramento indisoluble. Mientras la España de los ochenta abría la puerta a los derechos civiles, las Filipinas se quedaban congeladas, custodiando un legado que la misma metrópoli ya había enviado a los libros de historia.

Para A.J. Alfafara, la clave de la prisión son las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Este código medieval permitía la “separación de cama y techo” pero mantenía el vínculo intacto. “Podían separarse en convivencia, pero no volver a casarse”, explica. El actual Código de Familia bebe directamente de este derecho canónico, y convierte el contrato civil en un compromiso religioso de obligado cumplimiento.

Esta “pureza” católica convive con una paradoja que Ferdinand Marcos oficializó en 1977. Para apaciguar las tensiones en el sur, la dictadura permitió el divorcio al 5% de la población que profesa el islam. “Es profundamente injusto”, reflexiona Miguel Blázquez, profesor de la Universidad de las Filipinas Diliman. “Mientras la minoría musulmana tiene una segunda oportunidad, el resto continúa bajo las restricciones de una moralidad colonial impuesta”.

La historia recuerda que el divorcio no siempre fue un tabú. Antes de Legazpi, las sociedades precoloniales ya practicaban la disolución de vínculos, una flexibilidad que reaparecería brevemente bajo las ocupaciones norteamericana y japonesa. Pero cada apertura fue aplastada por la Iglesia. En 1950 el nuevo Código Civil cerró cualquier resquicio, y cedió a la jerarquía eclesiástica en un momento en que la fe se utilizaba como cemento identitario de la nueva independencia.

Hoy voces como la de Francisco Javier López Tapia, director del Instituto Cervantes de Manila, matizan que la cuestión ya no es “española”, sino religiosa. Sea como sea, el país se ha convertido en un laboratorio de resistencia conservadora. Para Blázquez, el lobby católico no solo frena el divorcio, sino que convierte cualquier avance civil, como el matrimonio igualitario, en una batalla cultural donde el pasado colonial se usa como escudo contra la modernidad.

El impuesto al sufrimiento: la trampa de la anulación

La única grieta legal para las parejas filipinas es la anulación matrimonial, un espejismo jurídico. A diferencia del divorcio, la anulación pretende demostrar que el vínculo nunca existió mediante la “incapacidad psicológica”, un concepto ambiguo que ha alimentado una lucrativa industria de peritos y abogados.

“Es una cuestión de dinero”, sentencia Alfafara. El coste del proceso oscila entre los 3.000 y los 10.000 euros, una fortuna en un país con un salario mínimo de 250 euros. Para las élites de Makati, la indisolubilidad es una molestia que se resuelve con un cheque; para la mayoría, un muro. “Muchos prefieren divorciarse en el extranjero y volver con el documento en la mano para paz mental, aunque aquí no sea válido”, explica la activista.

Esta barrera crea una sociedad de dos velocidades. La anulación, además, es humillante: obliga a las mujeres a relatar intimidades y abusos ante extraños para que un tribunal decida sobre la validez de un sacramento. Es una victimización doble: de la pareja y del Estado.

Esta humillación institucional tiene una cara B todavía más oscura: el chantaje emocional. En muchos casos, la ausencia de divorcio se convierte en un arma de control para los maridos abusivos, que utilizan la indisolubilidad del vínculo para amenazar a las mujeres con la pérdida de la custodia de los hijos o de los bienes compartidos. Sin la posibilidad de romper el contrato de manera unilateral y limpia, muchas filipinas optan por la sumisión o la huida a la clandestinidad emocional, viviendo en parejas de hecho que la sociedad acepta con hipocresía, pero que la ley persigue con un rigorismo medieval.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal (CBCP) y grupos como Couples for Christ presionan al Congreso con el argumento de que el divorcio destruirá la familia. “No se interesan por los motivos de quien lo necesita”, se queja Alfafara. Ella replica con una metáfora célebre: “Si hay fuego, necesitas un extintor. Tenerlo en casa no quiere decir que quieras quemarla, sino protegerte si las llamas lo consumen todo”.

Esta resistencia convierte el país en un laboratorio de contradicciones. Millones de trabajadores en el extranjero descubren en Taiwán, España o los EE. UU. que su situación es una anomalía. “Tengo amigas nacionalizadas españolas para poderse divorciar en Madrid”, comenta la A.J. Pero al volver a casa, la ley de Manila las sigue considerando propiedad de un vínculo muerto.

El extintor de la libertad: activismo a golpe de clic

Frente al muro institucional, la resistencia ha encontrado altavoz en las redes sociales. Filipinas, la “capital mundial de las redes”, ha visto cómo el debate saltaba de las sacristías a los vídeos de TikTok. Fue aquí donde Alfafara inició su camino: “Empecé la lucha cuando me denegaron la anulación; buscaba una salida y encontré a miles de personas en la misma situación”, recuerda.

El activismo de Alfafara es una pedagogía constante. Mediante la plataforma Fajeri, intenta desmontar los prejuicios de una sociedad educada en la culpa. “Nos hacen sentir culpables por ir contra la ley de Dios, pero reclamamos un derecho civil. El divorcio no es obligatorio, es una medicina para quien la necesita”, explica. El cambio de paradigma cala en las nuevas generaciones. Alfafara confiesa que su motor es el futuro de su hija: “Lucho para que ella no tenga que pasar por el mismo calvario. Porque si mañana se encuentra en un matrimonio de abuso, tenga una salida legal que su país no le niegue”.

El camino hacia la legalización choca con el “voto de conciencia” en el Congreso. Para muchos legisladores, aprobar el divorcio es un suicidio político en distritos controlados por la parroquia. Aun así, la administración de Marcos Jr. ha tenido que reconocer que miles de familias rotas necesitan una solución. “No pedimos que sea fácil, porque los filipinos somos monógamos y damos muchas oportunidades al matrimonio, pero la puerta no puede estar cerrada con cerrojo”, afirma la activista.

Esta lucha tiene una vertiente internacional que conecta con la diáspora en España. Es la paradoja definitiva: las filipinas que viven en Madrid ven cómo el país que les legó la religión y el código medieval es ahora uno de los más progresistas, mientras su tierra sigue siendo una anomalía global. La relación con España es especialmente irónica; las filipinas que trabajan allí, a menudo en el sector de los cuidados, ven cómo las familias para las que sirven se divorcian y se vuelven a casar con normalidad, mientras ellas envían remesas a maridos de quienes llevan años separadas.

“Es un choque cultural a la inversa”, comenta Alfafara. Descubrir que la Madre Patria que les impuso la fe es ahora un referente de libertades civiles es el detonante que las empuja a unirse a la lucha digital. “Pedimos a los compatriotas en el extranjero que nos ayuden a difundir el mensaje. Cada vídeo de apoyo desde el exterior es una grieta más en el muro del Senado de Manila”, concluye Alfafara.

Una geografía de la desigualdad

Esta parálisis legislativa no solo fractura la sociedad por clase, sino que dibuja una geografía de la desigualdad que muchos juristas consideran inconstitucional. Mientras una mujer católica en Manila puede pasar décadas esperando una sentencia que no llega, una ciudadana en la región autónoma de Bangsamoro, al sur, accede al divorcio gracias al Código de Leyes Musulmanas. Esta dualidad crea ciudadanos de primera y de segunda en función de la fe, una anomalía que el estado justifica como respeto a las minorías, pero que actúa como un castigo para la mayoría católica.

“El derecho civil en Filipinas está fragmentado por creencias, y olvida que la ley debería ser la misma para todos, se rece en una iglesia, en una mezquita o en ningún sitio”, reflexiona Alfafara. Esta fragmentación es el último muro que el activismo intenta derribar: la idea de que la libertad civil no debería depender del código postal ni del certificado de bautismo.

El tapón del Senado y la moralidad del estado

Hoy el camino hacia la libertad tiene un nombre propio: el Senado. Aunque la Cámara de Representantes ha dado pasos históricos, la iniciativa tropieza con la influencia de los sectores más conservadores y el miedo al castigo electoral de las parroquias. Es la batalla final entre una sociedad que pide modernidad y una clase política que se inclina ante la jerarquía católica. Para muchos senadores, el divorcio no es un derecho, sino una amenaza a la esencia de la nación.

Esta parálisis revela una paradoja que Miguel Blázquez analiza con lucidez: la misma influencia religiosa que frena el divorcio es la que ha impedido la reinstauración de la pena de muerte. “La Iglesia sigue teniendo un peso considerable; ha sido un obstáculo para el divorcio, pero ha evitado retrocesos en el derecho a la vida", explica el académico. Es una espada de doble filo: una protección moral que se convierte en un estorbo para normalizar las relaciones civiles en un mundo globalizado.

Para Alfafara, el tiempo no se detiene. Cuando se le pregunta si volvería a pasar por el altar, responde con prudencia: “No puedo decir que no, porque así es la vida. Quizás me enamoraré otra vez, pero seré más cuidadosa”. Su lucha no busca destruir el matrimonio, sino despojarlo de su naturaleza de trampa. Quiere poder elegir, equivocarse y rectificar sin pedir perdón a un estado que aún se comporta como una colonia espiritual.

Las Filipinas del 2026 caminan hacia el liderazgo tecnológico en Asia, pero arrastran las cadenas de un pasado que se resiste a desaparecer. El divorcio es la última frontera de una independencia incompleta mientras el Código Civil de 110 millones de personas siga redactado con la tinta del derecho canónico medieval. Como asegura Alfafara, el divorcio salva vidas. Mientras tanto, miles de personas esperan que el Senado abra la puerta de una jaula que hace siglos que debería haberse vaciado. El “hasta que la muerte os separe” debería ser una elección diaria, no una imposición dictada desde un pasado que ya no existe.