Bruselas lleva a España a los tribunales por la maraña institucional entre gobierno, Adif y Renfe

BruselasBruselas ha denunciado a España a la justicia europea por la falta de transparencia de Adif y por el incumplimiento de algunos de los apartados de la normativa ferroviaria comunitaria. Concretamente, la Comisión Europea ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque el operador ferroviario español no es suficientemente independiente a la hora de "marcar los precios de explotación por la utilización de las vías, gestionar las compañías ferroviarias según principios comerciales y en la correcta redacción de los acuerdos contractuales".

En otras palabras, el ejecutivo comunitario critica que el gobierno español nombre a los consejos de administración de Adif y Renfe, y que estos dos organismos, una operadora y una compañía ferroviaria, no sean completamente independientes mutuamente. "Hay que tener en cuenta que la composición de los consejos de administración están nombrados por el Ministerio de Transporte", constata la Comisión Europea. En este sentido, Bruselas apunta que el gobierno español "es capaz de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos" de los consejos de administración de ambos organismos, "incluso en los precios de los billetes".

Además, l ejecutivo comunitario considera que "faltan elementos clave" en el acuerdo contractual entre el gobierno español y Adif, y critica que no "hay indicadores de rendimiento" claramente relacionados "con la eficiencia y con la voluntad de disminuir el coste de acceso" de nuevas empresas que tengan la intención de explotar las infraestructuras ferroviarias españolas. La Comisión Europea también ve mal que el organismo estatal que administra las vías, Adif, no ingrese directamente lo que cobra por la explotación de las vías, sino que "de facto son unos impuestos" que van a los presupuestos generales del Estado.

Un caso que viene de lejos

Bruselas ha decidido llevar a España a los tribunales europeos después de años de tocarle la corteza. La directiva europea que liberaliza del sector ferroviario y pretende homogeneizarlo se aprobó en el 2015. Dado que Madrid no la transponía en su globalidad a la legislación española, la Comisión Europea ya le abrió un proceso de infracción en el 2018.

Las autoridades españolas no respondieron hasta casi un año después y justificaron que la nueva legislación española resolvía algunas de estas objeciones. Sin embargo, admitían que se necesitaban más acciones para cumplir completamente las normas comunitarias. Por último, la Comisión Europea se ha cansado y ha optado por la vía judicial.