Colaboración público-privada: una pareja conveniente pero desconfiada

BarcelonaUna losa importante para el despegue de la colaboración público-privada es la desconfianza mutua. Lo admiten tanto la parte pública como la privada, pero a la vez coinciden en que será difícil llegar a los objetivos de país en materias tan trascendentales como la vivienda, la transición energética y la digital y las infraestructuras, sin la suma de las dos partes. Todo ello se ha constatado durante una jornada sobre esta materia organizada por la Fundación Economía y Empresa, del Colegio de Economistas, y el Instituto Cerdà.

El secretario general de la consejería de Economía y Finanzas, Juli Fernández, ha admitido que esta es una cuestión sobre la que "se habla mucho, pero se hace poco". Los retos, ha asegurado, "no los puede alcanzar la administración por sí sola". Ha reconocido que ha habido unos años, especialmente del 2003 al 2009, de una "gran desconfianza" entre el sector público y el privado. A la administración, ha dicho, "le toca ponerlo fácil y recuperar la confianza", garantizando la confianza de los inversores. Como ejemplos de que sin esta asociación no se podrían hacer grandes obras ha puesto los nuevos campus del Hospital Clínic en Barcelona y el del Josep Trueta en Girona. "Cuando sumamos esfuerzos el efecto es multiplicador", ha concluido.

La seguridad y la estabilidad jurídica son aspectos fundamentales. De hecho, ha añadido, algunos cambios normativos y regulatorios constantes han provocado que haya muchas licitaciones que quedan desiertas. Miguel Hernández, director general del Instituto Cerdà, ha destacado algunas cuestiones importantes, como la prohibición de revisar los precios con la inflación, la de reequilibrar las condiciones del contrato por desviación de la demanda y la inestabilidad normativa, entre otras. Otro punto importante es que la mayoría de los expedientes de concesión –el principal vehículo de la colaboración público-privada– los hacen los ayuntamientos y el mundo local, que necesitan apoyo porque en la mayoría de los casos no tienen las capacidades y los recursos para supervisar contratos de 25 o 30 años.

El exconsejero de Economía Jaume Giró también ve en la poca fuerza de la colaboración público-privada la ideología y la identificación de esta fórmula con las privatizaciones. Una alerta que ha puesto también sobre la mesa el exconsejero de Política Territorial, exalcalde de Sant Cugat y presidente del patronato de la Universidad Ramon Llull, Lluís Recoder. Y a esto, según este último, que participó en la fallida privatización de la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL) –hoy de nuevo pública como ATL–, se suma que muchas administraciones una vez que externalizan un servicio se desentienden de él.

Malas experiencias

Esto, ha añadido, ha comportado malas experiencias, de las cuales son responsables el sector privado pero también el sector público, por no controlar unos activos o servicios de los cuales, a pesar de la gestión de un tercero, es el titular. En este contexto se sitúa la corriente remunicipalizadora que defiende la gestión pública directa de los servicios de suministro de agua, por ejemplo. Recoder ha alertado de que la desconfianza ha llevado a un exceso de burocracia o "burocracia preventiva", de manera que los funcionarios quieren curarse en salud y alargan los procedimientos.

Hernández ha dicho que es esencial para atraer a los inversores que los costes se puedan compensar y que los riesgos se puedan distribuir. Y ha recordado los ámbitos en los cuales la pareja público-privada deberá actuar para poder cumplir los objetivos, y que van de la vivienda a la defensa y la seguridad, las infraestructuras esenciales y la adaptación climática. Hace falta presupuesto, pero también tener en cuenta la urgencia y necesidad de ejecutar los proyectos, ha dicho.

La falta de confianza ha sido uno de los elementos más reiterados, y la consejera delegada de Vertix, Elena Massot, ha insistido en que hay que superarla. También Anna Gener, consejera delegada de Savills en Barcelona, ha incidido en esta línea. Estos contratos a largo plazo deben dar una rentabilidad que si bien es limitada, también lo debe ser el riesgo. Y para ello hacen falta "marcos reguladores estables y comprender que el mundo privado necesita un retorno, que se puede limitar o auditar y que debe ser transparente".

Todos los participantes han coincidido en el hecho de que los países más competitivos y con mejores niveles de vida son aquellos donde hay más colaboración público-privada. El secretario general de Economía ha asegurado que la Generalitat actual está convencida de la fórmula y que la estabilidad y la seguridad normativa que la regula no debe cambiar con los gobiernos.