El gobierno Illa deja en el aire la publicación de las balanzas fiscales

BarcelonaEn septiembre de 2017 fue la última vez que el gobierno central publicó las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, también llamadas cuentas territorializadas (aunque estas últimas utilizan un método diferente de cálculo). La balanza fiscal es la diferencia entre lo que pagan los ciudadanos y las empresas catalanas en impuestos al Estado y lo que gasta el gobierno español y otros organismos estatales en territorio catalán. En ese momento, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, liderado por Cristóbal Montoro, admitió un aumento del déficit catalán de hasta los 10.000 millones de euros en 2014, el equivalente del 5% del PIB, y un 38 % más que el déficit registrado en 2013.

Desde entonces no se han publicado más por decisión de los gobiernos que ha liderado Pedro Sánchez: en el 2018 ya no se dieron estos datos, pese a que el equipo técnico del ministerio –entonces bajo la batuta de la ministra María Jesús Montero–, ya tenía preparadas las balanzas para poder publicarlas cuando tocaba. Montero decidió no hacerlo y guardarlas en el cajón. En el 2019, las balanzas ya ni se calcularon.

Ante esta situación –que el gobierno de la Generalitat de la época criticó reiteradamente, en lo que tildaba de "política deliberada de opacidad y de no rendición de cuentas del Estado"–, el ejecutivo de Pedro Aragonés se encargó de dar unas balanzas fiscales catalanas con una parte de datos calculados debido a la negativa del Estado de facilitar la información. En septiembre de 2022, la conselleria de Economía y Hacienda, con Jaume Giró a la cabeza, presentó los datos de las balanzas fiscales de Cataluña para el año 2019; y en 2023, el mismo Departamento, entonces con Natàlia Mas Guix como consejera, presentó las de 2020 y 2021, que determinaba un nuevo máximo histórico en el déficit fiscal en este último ejercicio: 21.982 millones de euros.

En ese momento, Mas Guix recordó que la parte estimada respondía a que el ministerio de Hacienda no facilitó los datos que le había reclamado la Generalitat, pero que el cálculo llegaba avalado por el Consejo Asesor de Política Económica del Gobierno catalán, formado por expertos. Hace un año y dos meses de estos últimos datos y el nuevo ejecutivo, ahora del PSC, todavía no ha hecho públicas las balanzas fiscales calculadas desde la propia conselleria, como hizo el año anterior el equipo de Mas Guix.

Preguntados por la tardanza, desde el Departamento de Economía de la Generalitat no concretan al ARA si la previsión es publicar las balanzas fiscales próximamente ni si existe una decisión explícita de acabar con estas publicaciones. De hecho, aseguran que "no ha habido actualizaciones por decisión del anterior Govern", y que ésta fue una decisión tomada "antes de que llegara" el nuevo ejecutivo.

Pero fuentes del anterior equipo de Economía niegan estas acusaciones y aseveran que "el Departamento tenía previsto actualizar las balanzas fiscales a la vuelta del verano, tal y como se hacía anualmente". "Pero a mediados de agosto hubo cambio de gobierno y la decisión de hacerlo recae ya en el actual equipo que dirige el departamento de Economía". Las mismas fuentes explican al ARA que, si bien "una parte del cálculo de las balanzas fiscales debe hacerse con estimaciones" por la negativa del gobierno español de compartir toda la información necesaria para calcularlas, "los equipos técnicos de la Generalitat están más que preparados para poder calcularlo de forma ágil y esmerada con la información que ya está publicada", aseguran.

No se puede pasar por alto el contexto actual, marcado por la propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña. El gobierno de Aragonès se apresuró a presentar una primera propuesta con este concepto goloso pocos meses antes de cambiar el gobierno, y ahora el gobierno de Illa asegura que pondrá manos a la obra con la creación de un programa para implementar y diseñar el nuevo modelo, que incluye un grupo de expertos que se encargarán de coordinar su despliegue.El programa no se marca plazos, pero los acuerdos alcanzados entre ERC y el gobierno central tenían como fecha límite en 2026. El nuevo modelo, justamente, debería equilibrar el déficit flagrante que sufre Cataluña, pero del que, por ahora, sólo se tienen datos hasta 2021.