Desahucios, IRPF... Las compensaciones y ayudas que llegan a propietarios e inquilinos

La medida que más impacto tendrá en las arcas públicas es la deducción en el IRPF para los inquilinos

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La fachada de un edificio viejo en Esparreguera.
01/10/2026 - 18:53 h

MadridEl primer decreto de vivienda –el decreto antidesahucios– incluye algunas medidas que van acompañadas de compensaciones y bonificaciones a propietarios e inquilinos. De hecho, este ha sido y es uno de los puntos de la discordia de la negociación con Junts, sobre todo en lo que respecta a las ayudas a los propietarios. La memoria económica del decreto, a la que ha tenido acceso el ARA, pone cifras al impacto de algunas de estas medidas, mientras que otras no las cuantifica. Solo entre deducciones y bonificaciones fiscales, el ministerio de Economía estima un coste de 1.280 millones de euros a las arcas públicas, según han señalado fuentes gubernamentales a la ACN.

Desahucios

Ante la suspensión temporal de algunos desahucios, la administración competente –las comunidades autónomas– deberá compensar al propietario cuando sea una persona física (un particular) o una persona jurídica (empresa) que se dedica al alquiler asequible o social. Las comunidades deberán asumir la renta que el propietario deje de cobrar durante la suspensión del desahucio y los suministros impagados (agua o electricidad) cuando corresponda. Si no se asume, se generarán intereses. Ahora bien, "la suspensión o compensación no supondrá la desaparición de la obligación [para el inquilino] de mantenerse al corriente de la renta". Tampoco desaparece la deuda.

¿Qué pasa con la deuda?

En paralelo, la norma incluye un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal que contempla que en caso de impago del alquiler, cuando el propietario sea una persona física y el inquilino una persona en vulnerabilidad económica, la comunidad autónoma se hará cargo de la deuda, aunque después la costeará el Estado.

En concreto, si en un plazo de dos meses no se ha ofrecido una alternativa habitacional, se contempla una enervación de la deuda (esta medida tiene un carácter estructural). Cuando se salda, el proceso de desahucio queda paralizado y el inquilino puede seguir en el piso.

Si pasados dos meses no se ha costeado la deuda, la comunidad autónoma ocupará la posición deudora del inquilino (continúa sin producirse el desahucio). El Estado compensará a las comunidades autónomas, excepto por los intereses generados por la deuda si estas pagan tarde.

Ninguna de las medidas se cuantifica.

IRPF

El decreto contempla desgravaciones en el IRPF para los propietarios con pisos en zonas tensionadas. Por una parte, por los ingresos que el propietario (particular) obtiene del alquiler si renueva el contrato o aplica una rebaja de la renta. Por ejemplo, cuando se firma un nuevo contrato, si es un pequeño propietario (10 inmuebles o menos) y se aplica una rebaja del alquiler de como mínimo un 5% respecto al contrato anterior la desgravación puede llegar a ser del 100%. Entran en juego diferentes casuísticas como por ejemplo la edad del inquilino. En este caso, no se cuantifica el impacto para las arcas públicas.

Asimismo, incrementa las deducciones cuando los contratos firmados antes de mayo de 2023 entran en una prórroga tácita (se renueva el contrato) o por rehabilitación energética. Hacienda estima que dejará de recibir 370 millones de euros por las deducciones sobre los rendimientos por alquilar un piso (pueden pasar a ser del 60% en el IRPF al 80%).

En cambio, contempla un incremento de la recaudación en el IRPF (disminuyen las deducciones) por la firma de algunos nuevos contratos a partir del 1 de diciembre de 2026 que incluyan un incremento de la renta. Aquí, Hacienda solo ha hecho una estimación de la recaudación del primer mes de aplicación: 37 millones de euros (impacto del primer mes).

En cuanto a los inquilinos, se plantea una deducción en el IRPF del piso habitual si se declara zona tensionada. La deducción es del 10% del alquiler que se paga, con un límite sobre la cantidad de la renta, y disminuye en función de los ingresos (se aplica si se gana menos de 33.007 euros). La Agencia Tributaria calcula que la deducción llegará a 945.000 inquilinos que se ahorrarían unos 835 millones de euros en sus declaraciones de la renta por el alquiler que pagan.

Viviendas vacías

El gobierno español prorroga el tipo del 1,1% en el IRPF para las viviendas vacías. La medida afecta a unas 2,36 millones de declaraciones de la renta y el impacto recaudatorio es de unos 154 millones de euros. También se permite a los ayuntamientos aplicar recargos sobre el IBI en un inmueble vacío. El coste no se cuantifica porque la medida depende de si el piso está en una zona tensionada.

IVA turístico

El paquete de medidas incluye un IVA del 10% sobre aquellos inmuebles que se ofrezcan como pisos turísticos. Este IVA, que solo se podrá aplicar en las zonas tensionadas, tendrá un impacto recaudatorio de 170 millones de euros al año.

Venta de inmuebles

Ante las dificultades de hacer crecer la oferta rápidamente, se contemplan bonificaciones en el IRPF sobre las ganancias de la venta de un piso cuando se produce a una entidad pública.

La medida estará en marcha desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2027. El inmueble deberá haber estado vacío durante como mínimo dos años y las bonificaciones podrán llegar a ser del 100% sobre la ganancia patrimonial en caso de que la venta sea de como máximo 200.000 euros. Se irán reduciendo hasta un máximo de una venta de 800.000 euros. El impacto estimado es de 93,9 millones para las arcas públicas.

Por ejemplo: se compra un piso por 120.000 euros, se vende por 200.000 euros y la ganancia patrimonial es de 80.000 euros. Si se cumplen las casuísticas, la ganancia no tributará en el IRPF.

Otras medidas

Elevar del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las Socimis supondrá una recaudación de 1,2 millones de euros. Ahora bien, las deducciones a las que se pueden acoger este tipo de empresas suman 3 millones.

El IVA reducido por obras de renovación y reparación de viviendas destinadas al alquiler supondrá un coste de 103,5 millones de euros al año. También se rebaja el IVA al 4% para las viviendas protegidas, una medida con un impacto de 121,2 millones de euros.

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