¿Qué es el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que lleva años atascado en el Parlamento?

BarcelonaHace cinco años, en el Parlament de Catalunya, se llevó una propuesta de ley para la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. El proyecto, impulsado por Lafede y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, proponía crear, a través de un decreto ley, un órgano que asegurara que se cumple la ley de acción exterior del 2014, que obliga a que toda actividad y dinero que salga de Catalunya garantice los derechos humanos. Pese a que se empezó a hablar en 2015 y se llevó al Parlament por primera vez en 2020, los continuados cambios de legislaturas han ido retrasando el proyecto, que ahora ha sido admitido a trámite por tercera vez –la segunda fue en 2021– con los votos a favor de PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP. La idea de los impulsores es "que se apruebe antes de fin de año".

La semana pasada se designó como relatora a la diputada de Comunes Susanna Segovia, y la próxima semana se harán nuevas comparecencias en el Parlament. Sin embargo, el proyecto suscita algunas reticencias entre el empresariado y algunos grupos políticos, así como el desconocimiento de algunas de las instituciones preguntadas para elaborar este artículo, a pesar de tener voz en el debate parlamentario. Vamos a palmos: ¿qué es el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos?

El responsable de incidencia política e institucional de Lafede, Dani Gómez-Olivé, explica que se trata de crear un "órgano que vele por las buenas prácticas" de las empresas tanto en Cataluña como en los demás territorios donde tengan actividad. Según el texto, el centro debería ser un órgano "público e independiente", y entre sus funciones estaría poder recibir y contrastar denuncias de comunidades afectadas por empresas presentes en Catalunya –independientemente de donde tengan su sede–. Así, si este centro emitiera un informe que validara cualquier tipo de violación en el ámbito de los derechos humanos, la compañía en cuestión no podría "operar más en territorio catalán hasta haber reparado las vulneraciones llevadas a cabo".

"Un ejemplo de lo que pretendemos es lo que ha pasado con Alstom. Esta empresa alemana está en una lista negra de la ONU para estar colaborando con el genocidio de Gaza, y el Ayuntamiento de Barcelona decidió que Alstom no podía entrar en el concurso público", dice Gómez-Olivé. "Eso es lo que nosotros queremos hacer con el Centro –apunta–. Catalunya se convertiría en pionera en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y se situaría por delante de Naciones Unidas en el control de las empresas transnacionales", añade.

Aunque de entrada la propuesta parece bien en general, también ha abierto algunas dudas en cuanto a su impacto en el tejido empresarial catalán. Algunas patronales han levantado el dedo señalando puntos calientes de la normativa, ya que consideran que "pone en riesgo a la empresa catalana, principalmente a la pyme". Por otra parte, la Cámara de Comercio de Barcelona y Foment del Treball han desistido participar en este artículo alegando "desconocimiento" de la propuesta. Ambas instituciones están citadas en la nueva ronda de comparecencias en el Parlament.

Puntos calientes

La patronal Cecot ha sido especialmente beligerante y asegura que "se trata de una regulación que puede condicionar la actividad internacional de miles de empresas, a menudo integradas en redes globales complejas". Desde Pimec "no lo ven claro", pero no quisieron hacer más declaraciones.

"Muchas pymes pueden estar integradas en cadenas de valor internacionales sin tener conocimiento detallado de las empresas de origen o de destino con las que acaban vinculadas. Esto puede exponerlas a responsabilidades por circunstancias que escapan a su control", afirma el secretario general de la patronal de la Cecot, Oriol Alba. Asimismo, destaca la preocupación por el hecho de que este centro pueda implicar "más burocracia" para las empresas, y reclama que "las pymes necesitan orientación, apoyo y espacios de excelencia empresarial que les ayuden a adaptarse a las exigencias, y no solo un régimen sancionador". Por su parte, desde Lafede rebaten que "no crearía más burocracia, sólo si se les denuncia de forma justificada".

Desde el sindicato UGT, Cati Llibre explica al ARA que valoran muy positivamente la propuesta, pero piden que no quede "solo como un centro de formación y promoción en derechos humanos, sino que también incluya el control y la sanción". Asimismo, considera que los sindicatos mayoritarios deberían formar parte de la junta de gobierno.

Gobernanza y pymes

La gobernanza de este centro –todavía por acabar de definir– no gusta al empresariado. El texto considera que debe ser un órgano "público e independiente", por lo que sus impulsores defienden que el empresariado no forme parte de la junta de gobierno, lo que crispa a las patronales. Además, se prevé no distinguir por tamaño de la empresa. Desde el grupo parlamentario de Junts, pese a que han votado a favor, Joan Canadell lo expone así en el ARA: "Aunque estamos de acuerdo con la idea, se trata de una ley que afecta a toda la pyme, y no podemos tratar igual a la pequeña y la gran empresa. No debe ser una ley que castigue a las pymes y aumente la burocracia".

Así, los más reacios plantean que el centro pueda desincentivar que las empresas se instalen en Catalunya y prefieran realizar actividad en otro punto de España. "Si alguna empresa se marcha de Catalunya por eso, es que tiene un problema", rebate Susanna Segovia, de Comuns. "Se trata de tener una herramienta para investigar y aplicar la ley", apunta.

"No vamos en contra de la empresa en sí, sino contra actos y acciones que hemos detectado", argumenta Gómez-Olivé. En cuanto a las competencias, desde Lafede explican que "hay que empezar por algo" y que, de entrada, se podría hacer "una lista negra". "No se puede sancionar en relación al impacto porque Catalunya no tiene competencias para ello, pero sí se puede sancionar si la empresa no colabora en el proceso", apunta Gómez-Olivé. Sin embargo, este punto "aún no está definido ni discutido".

Con todo, Gómez-Olivé concluye: "Las pymes no deben tener miedo, por el contrario, probablemente les ayudará a abrir mercado porque lo más probable es que sean las grandes las más afectadas y, por tanto, tengan menos competencia".