¿Quién tiene que pagar las carreteras?
Con la llegada del verano, las carreteras están más llenas que nunca. Desde pequeños desplazamientos internos hasta turistas que nos cruzan sin detenerse. Lo que está asegurado es la pérdida de horas en los kilómetros de retención en las principales vías del país. Ante esta situación, se ha abierto de nuevo el debate: ¿quién paga las carreteras?
Las constructoras acaban de proponer un pago de 3 céntimos el kilómetro de autopista y (¡atención!) de autovía. Por tener una referencia, ir de Barcelona a Girona tendría un coste aproximado de 3 euros por trayecto. Esta es la opinión de quienes defienden el pago por uso: quien utilice la carretera, que la pague. La medida prevé un ahorro público de 5.700 millones de euros anuales. Aparte de la recaudación, prever un coste adicional debería bajar la demanda en la vía y permitir una circulación más fluida.
Por el contrario, la mayoría de usuarios tienen una opinión muy diferente. Consideran que, teniendo en cuenta que las autovías y autopistas son gratuitas y todos los impuestos que ya pagan por el vehículo (circulación, matriculación, hidrocarburos, etc.), ¿por qué deberían asumir un coste adicional para poder circular?
En otros países de Europa existe una solución intermedia: se paga una tarifa plana para utilizar la red viaria. Normalmente, los residentes disponen de una tarifa anual asequible (de unos 80-100 euros al año), mientras que los viajeros ocasionales asumen el grosor del coste (unos 20 euros por una semana). Esto permite externalizar parte de la recaudación y evitar que recaiga exclusivamente sobre los habitantes locales, que ya contribuyen con sus impuestos habituales.
Parece que el debate no avanza y lleva años abierto. Lo que queda claro es que las consecuencias las sufrimos los usuarios: carreteras en deterioro y horas perdidas en atascos. O destinamos recursos públicos a la mejora de infraestructuras o implementamos un sistema de pago que las financie.
