La emergencia de la vivienda pide un pacto transversal
Vivimos una emergencia de la vivienda. Los costes de construcción se han disparado, mientras la capacidad económica de muchas familias no ha crecido al mismo ritmo. Hoy, tener trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda digna. Esta situación va mucho más allá del mercado inmobiliario: es una crisis social que limita las oportunidades de las personas, debilita la cohesión de los barrios y compromete el futuro del país.
A la vez, esta emergencia nos obliga a afrontar dos retos inseparables: garantizar el acceso a la vivienda y construir hogares saludables, asequibles y capaces de protegernos ante un clima cada vez más extremo. Un reto especialmente urgente en el Mediterráneo, donde los efectos del cambio climático se intensifican más rápidamente.
La urgencia también ha llegado a Europa: la Comisión Europea ha presentado el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, después de solo siete meses de consultas. La razón es que responder a este reto exige políticas valientes y compromiso más allá de los ciclos electorales. Necesitamos un pacto transversal para la vivienda que garantice estabilidad jurídica, movilice inversión pública y privada y refuerce la capacidad de las administraciones.
Un pacto que permita activar nuevos planes y explorar múltiples iniciativas residenciales mediante un marco jurídico excepcional que flexibilice los procedimientos y nos permita actuar con la rapidez que exige esta crisis, sin rebajar nunca las exigencias de calidad, habitabilidad y eficiencia energética.
Hay que afrontar las condiciones reales en las que hoy se construye. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, los costes de construcción han aumentado hasta un 40%, según datos del sector.
La industrialización ofrece oportunidades para innovar y optimizar procesos, pero necesita demanda estable e inversión. Y, mientras tanto, seguimos necesitando profesionales de los oficios de la construcción. Prestigiar estas profesiones, impulsar la formación y atraer a nuevas generaciones es tan importante como incorporar tecnología. Sin las personas que tienen que construir y rehabilitar las viviendas, ningún objetivo cuantitativo será posible.
Existen, además, dos factores que a menudo quedan fuera del debate público y que encarecen la vivienda: el tiempo y el riesgo. Construir sobre suelo finalista requiere entre 4 y 5 años; sobre suelo urbanizable, entre 8 y 12. Pero el riesgo es aún más determinante: los cambios legislativos constantes dificultan planificar inversiones a largo plazo. Esta incertidumbre frena la inversión u obliga a prever un coeficiente de seguridad que implica mayor margen económico para cubrir riesgos. En ambos casos, el resultado es el mismo: menos viviendas y precios más elevados.
Por ello, agilizar los procedimientos es imprescindible. Necesitamos administraciones fuertes, con equipos técnicos suficientes, y una colaboración más estrecha con los colegios profesionales, que, como corporaciones de derecho público, estamos al servicio de las administraciones y podemos contribuir a reforzar su capacidad técnica.
Recuperar la revisión técnica de los proyectos en fases iniciales, reforzar la confianza en los arquitectos y facilitar el trabajo de los profesionales de la administración son vías concretas para reducir plazos.
Y tenemos experiencias que demuestran el valor de esta apuesta. Este año el Colegio de Arquitectos de Cataluña ha reconocido al Área Metropolitana de Barcelona con la Medalla COAC por su contribución a una metrópoli más cohesionada, sostenible y habitable.
La labor de los arquitectos del AMB y los proyectos de vivienda pública impulsados por el Impsol demuestran cómo la confianza en el talento profesional y los concursos de calidad pueden impulsar la innovación: viviendas que aprovechan mejor los metros cuadrados reduciendo pasillos y recibidores, espacios compartidos que favorecen las relaciones vecinales y soluciones arquitectónicas que mantienen una temperatura confortable con menos necesidad de aire acondicionado o calefacción y reducen el gasto energético de las familias.
Una muestra del interés que despierta esta manera de entender la vivienda es que el libro del Impsol fue el más vendido durante el Congreso Internacional de Arquitectos, que reunió a más de 10.000 profesionales de todo el mundo.
La urgencia de la vivienda debe darnos el coraje para cambiar aquello que hoy impide avanzar, sin renunciar a aquello que nos protege. Necesitamos, entre todos, actuar mejor, con más cooperación, confianza y responsabilidad compartida, y crear las condiciones para que las decisiones se transformen en aquello que realmente necesitamos: hogares dignos, asequibles y preparados para el futuro.
