Europa busca la fórmula para salvar las pensiones: ¿qué puede aprender España de ello?

Bruselas / MadridEl eterno debate sobre el modelo de las pensiones en España ha vuelto a llenar titulares a golpe de reproches. Los partidarios del modelo actual defienden que es perfectamente sostenible, mientras que los contrarios intentan hacer equilibrios para justificar a la vez que podrán pagar a los futuros jubilados y que es necesario aplicar cambios al sistema.

Más allá del choque político, sin embargo, los temores sobre el sistema de pensiones son compartidos por el conjunto de la economía europea. La población europea es de las más envejecidas del mundo: en España, el ciudadano medio tiene 45 años, una cifra prácticamente igual a la de la media de la UE, pero superior a los 39 años del norteamericano medio y a los 19 del africano medio.

El envejecimiento tiene un impacto en el mundo laboral: la UE ya tiene menos de tres residentes en edad laboral por cada pensionista. Y el gasto público en pensiones, salud y cuidados de larga duración para las personas mayores equivale a una quinta parte del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía) del bloque comunitario, una tendencia que va al alza.

La llegada masiva de inmigración puede mitigar las consecuencias de este envejecimiento de la población y de la baja natalidad inyectando músculo al tejido productivo del país. Pero no es suficiente para revertir la tendencia. Sobre todo, si ocupan puestos de trabajo poco cualificados en los que la retribución es baja y, por tanto, cotizan menos.

A estas alturas, el gasto en pensiones en España roza el 13% del PIB, una proporción ligeramente superior a la de la media de la UE (12,2%). Esta cifra se ha ido elevando los últimos años y la tendencia continuará al alza, teniendo en cuenta que justo ahora se empieza a jubilar la generación del baby boom español (nacidos en los años 60 y 70), la más numerosa.

Según el análisis de la OCDE publicado en 2025, en 2050 el gasto público en pensiones podría suponer hasta el 16,1% del PIB. En cambio, según los cálculos del gobierno español, la proyección de gasto medio neto se situará en el 14% del PIB entre 2022 y 2050. La Airef la sitúa en el 14,4% y la Comisión Europea en el 14,6%. A partir de 2050, cuando el grueso del baby boom ya se haya jubilado, la tendencia debería ser descendente.

El envejecimiento de la población es un problema que afecta a todo el continente. Pero hay estados donde, por la naturaleza de sus modelos de pensiones, tiene un impacto menor. Así pues, surge una pregunta legítima: ¿cómo se las arreglan el resto de países europeos? ¿España puede sacar alguna lección de los modelos que se aplican allí?

El modelo español

Para adentrarnos en esta cuestión, primero hay que entender cómo funciona el modelo español, llamado de reparto. A grandes rasgos, significa que son los trabajadores en activo quienes, a través de las cotizaciones, cubren las pensiones de los jubilados actuales. Cuando una persona trabaja, genera derechos para una pensión futura en función de su aportación y, por tanto, de su sueldo, pero no acumula su dinero en una cuenta, sino que el gobierno lo utiliza para pagar las prestaciones de los pensionistas de hoy.

El sistema español vivió una gran reforma en 2021 con el objetivo de ajustar el gasto y mejorar los ingresos. Por ejemplo, se penalizó la jubilación anticipada y se amplió progresivamente el periodo de cálculo de las pensiones, es decir, el número de años trabajados. En paralelo, se intentó recuperar la hucha de las pensiones o fondo de reserva que se había creado para compensar los desequilibrios del sistema de pensiones. Esta hucha se vació con la crisis de 2008 y pasó de un fondo de más de 66.000 millones de euros a uno de poco más de 2.000 millones en el año 2018. Con la reforma, que pretendía volver a llenarla, se introdujo un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que implica incrementar todas las cotizaciones hasta 0,6 puntos porcentuales y que irá escalando hasta alcanzar una subida de 1,2 puntos porcentuales a partir de 2029 y hasta 2050.

Reparto o capitalización?

Este modelo se contrapone con el sistema de capitalización, en el que cada trabajador (a menudo conjuntamente con la empresa) aporta dinero a una cuenta o fondo —individual o colectivo— que después se invierten en los mercados financieros y generan rendimientos. Cuando la persona se jubila, la pensión se paga con el capital acumulado más los rendimientos obtenidos.

En Europa no hay ningún país con un modelo del todo privado; la mayoría de estados optan por un sistema mixto que combina el modelo de reparto con el de capitalización.

Dinamarca

El sistema danés mezcla una pensión pública que garantiza una base de ingresos con aportaciones a planes de pensiones privados gestionados a partir de convenios colectivos. Actualmente, 9 de cada 10 trabajadores tienen un fondo de empresa donde la compañía aporta la mayor parte de la cuota mensual, garantizando una elevadísima cobertura del llamado "segundo pilar".

Países Bajos

El modelo neerlandés es similar al danés, ya que combina una pensión pública con planes ocupacionales. Más del 90% de los trabajadores ceden parte de su salario a fondos de pensiones colectivos gestionados por sindicatos y patronales. Este modelo destaca por tener uno de los fondos de pensiones gestionados más grandes del mundo en relación con el PIB, lo que permite mantener unas retribuciones finales muy próximas al último sueldo.

Suecia

El sistema sueco se basa en un sistema de cuentas virtuales, donde las aportaciones se revalorizan según el crecimiento económico y se ajustan automáticamente a la esperanza de vida. Además, destina obligatoriamente un 2,5% de las cotizaciones a un fondo de inversión privado elegido por el ciudadano.

Francia

El modelo francés es similar al español y se caracteriza por un gran peso del sector público de reparto. Se estructura en una pensión pública básica y una red de regímenes complementarios obligatorios gestionados por puntos (AGIRC-ARRCO), que dejan un papel testimonial a los planes de pensiones privados.

Austria

Mantiene un modelo público de reparto con una de las tasas de sustitución más altas de la OCDE (la pensión pública puede superar el 80% de la media salarial del trabajador). Utiliza una cuenta individual de pensiones que calcula la prestación sobre toda la vida laboral y tiene también un fondo privado corporativo obligatorio donde la empresa aporta un 1,5% del sueldo mensual.

La edad de jubilación

El retraso del momento de jubilación en todo el continente es la medida más extendida para reducir el peso de las pensiones sobre el PIB. Y, no en vano, ha sido a menudo el ariete de las luchas sindicales. Mientras países como Bélgica o Alemania tienen edades exactas preestablecidas, otros como Finlandia o Italia la vinculan automáticamente a la esperanza de vida. España (como Francia) combina una edad legal ordinaria con la duración de la carrera de cotización.

En la UE, la edad media real de jubilación para un trabajador que empezó a trabajar a los 22 años se sitúa en los 64,7 años. Pero a lo largo de los próximos años, los diferentes estados prevén un aumento progresivo de la edad legal. En Dinamarca, por ejemplo, debe llegar a los 74 años. Le sigue Estonia, con 71 años, y los Países Bajos, Suecia e Italia, los tres con 70 años. En el extremo opuesto, Luxemburgo y Eslovenia mantienen la edad de jubilación prevista en 62 años, Francia en 64 años y España en 67.

Esta diferencia genera suspicacias. Hay críticos, como el investigador del think tank Bruegel Jacob Funk Kirkegaard, que defienden que el derecho a jubilarse pronto "lo pagan las futuras generaciones". "Estoy muy seguro de que la mayoría de países de Europa acabarán teniendo edades de jubilación próximas a la de Dinamarca hoy, es decir, unos 70. De lo contrario, el sistema quiebra", dice al ARA.

Las diferencias entre modelos también impactan en las rentas que perciben los jubilados. La retribución media en la UE garantizada por las pensiones públicas es de 17.327 €. Luxemburgo lidera la clasificación en el bloque con una pensión media anual de 34.413 €, seguido de Dinamarca (30.543 €), Austria (26.129 €) y los Países Bajos (25.417 €). España, con 19.844 € anuales de media, queda en sexta posición.

Por el contrario, cuando se ajusta el poder adquisitivo según el coste de la vida de cada país, estados como España e Italia mejoran notablemente su posición. En cambio, países con salarios y precios más elevados sufren el efecto contrario: Dinamarca baja de la 2.ª a la 5.ª posición e Irlanda cae incluso por debajo de la media de la UE.

Pros y contras

En el informe Los daneses, los neerlandeses, los suecos y la viabilidad de abandonar las pensiones de reparto, Funk Kirkegaard defiende la transición hacia sistemas de capitalización u ocupacionales. Esgrime tres argumentos. Primero, dice que "aportan más solidez financiera", ya que las contribuciones de los trabajadores se invierten en el ahorro y el rendimiento suele superar el coste de la deuda pública. En segundo lugar, destaca que los fondos de pensiones aportan capital que sirve para financiar inversiones empresariales y tecnológicas, de manera que se produce un "círculo virtuoso" de la productividad. Por último, sostiene, incentivan que se retrase la edad de jubilación, ya que quien trabaja más años cobra una pensión más alta.

Este modelo, para Kirkegaard, ha funcionado en los países donde se implantó en los años noventa. Pero para estados en los que ya está en marcha un sistema de reparto, como España, hacer la transición es complicado. Estima que tardaría entre 20 y 30 años, pero defiende que se debe poner a ello "cuanto antes mejor".

Al otro lado de la balanza, los defensores de reforzar el sistema público de reparto rechazan desviar recursos hacia los mercados financieros y proponen transformar su financiación. Su apuesta por mantener viable el sistema pasa, pues, por inyectar fondos a la Seguridad Social mediante impuestos directos a las rentas altas y las grandes fortunas.

Según la catedrática de economía de la UB Montserrat Guillén, la ventaja de las pensiones de reparto es la obligatoriedad, es decir, que "todo el mundo tiene que cotizar para poder pagar las pensiones". En el norte de Europa, dice, "la pensión pública es muy baja, pero la parte de capitalización la complementa y puedes llegar a tener una pensión muy alta. Pero también te puedes quedar muy abajo. Hay más rango de variación, mientras que en España hay muy poco rango de variación".

En el fondo, añade Montserrat, todo depende de cómo funciona la economía. "Sea cual sea el sistema, siempre es muy dependiente de la situación económica del mercado laboral y de los precios. Si la economía va mal, el sistema de pensiones sufrirá seguro", dice. Así, defiende, hace falta un sistema capaz de resistir épocas en las que la economía vaya mal. "La longevidad la tenemos clara. El reto no es solo demográfico —asegura—, donde queremos llegar es a hacer que los salarios reales sean más altos".