Vivienda: cuando se desahucia un derecho básico

BarcelonaMaricarmen Abascal en Madrid; Olga, la mujer de 54 años de Hospitalet que se suicidó después de ser desahuciada... La lista es terriblemente extensa. Aunque el número total de lanzamientos judiciales es inferior al de hace unos años, sigue siendo un problema, una lacra. Y lo más grave es que cuando se ha intentado aplicar una medida, aunque fuera temporal –como el decreto para impedir los desahucios de personas vulnerables–, un conjunto de partidos, como PP, Vox y Junts, se opusieron.

Ahora, después de pasar la vergüenza de que incluso el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) haya destacado la falta de garantías de una "proporcionalidad individualizada" por parte de la ley española y la indignación social por el desahucio de Maricarmen, los juntaires parece que estarían dispuestos a negociar alguna solución. Un efecto de la presión social.

Hacen falta soluciones, aunque sean temporales, para preservar los derechos a la vivienda digna y los inherentes a un estado del bienestar. Se supone que este es uno de los motivos por los cuales pagamos impuestos. En un país desarrollado con garantías sociales no se puede consentir que una persona de 87 años con el 50% de discapacidad se quede en la calle. Ni muchas otras personas y familias con problemas diversos. Y, lo que es peor, tampoco se puede permitir que su comunidad autónoma, que es la que tiene la mayoría de las competencias, mire hacia otro lado. Pero el gobierno central tampoco se puede quedar de brazos cruzados y aprovechar para magnificar y airear las supuestas vergüenzas de la oposición. Y quizás habría que mirar hacia Viena, donde la mayor parte del mercado residencial es público, una vía que en España se abandonó.

Los datos siguen siendo terroríficos teniendo en cuenta que detrás de cada cifra hay una persona o una familia. El primer trimestre de este año se practicaron 4.005 desahucios, el 45,4% menos que un año atrás, pero todavía demasiados. Prácticamente, dos tercios fueron por impagos del alquiler, según los datos del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). Cataluña protagonizó el 23% de los lanzamientos (921), seguida por el País Valenciano (741); Andalucía (616) y Madrid (582). De los relacionados con el alquiler, la primera posición fue para el País Valenciano, con 513, seguido por Cataluña (489); Madrid (454) y Andalucía (355). Y en ejecuciones hipotecarias el orden fue Cataluña, con (217), Andalucía (208) y el País Valenciano (158).

Los legisladores no deberían parar hasta dejarlo a cero o bien hasta tener soluciones permanentes. Eso sí que es una prioridad, llámenla nacional o como quieran.