La vivienda necesita presupuesto, inversión y suelo
La vivienda condiciona la emancipación de los jóvenes, las decisiones de las familias y la capacidad de las empresas para atraer trabajadores. La respuesta exige asumir responsabilidades públicas y ampliar la oferta. Buscar culpables entre quienes pueden aportar ahorro, suelo y capacidad de construir difícilmente nos acercará a la solución.
Si queremos que la vivienda se convierta en un nuevo pilar del estado del bienestar, hay que empezar por los presupuestos. Según Eurostat, en 2024 España destinó a desarrollo de vivienda y prestaciones habitacionales el 0,21% del PIB, frente al 0,59% de media de la UE. Estas funciones representaban el 0,47% del gasto público español y el 1,21% del europeo. Son dos partidas concretas, que no incluyen todo el apoyo fiscal ni todo el gasto relacionado con la vivienda, pero muestran un esfuerzo presupuestario inferior al europeo.
La perspectiva temporal es reveladora. La suma de estas partidas pasó de 4.137 millones de euros en 2009 a 1.955 millones en 2013 y a 3.413 millones en 2024. La recuperación todavía no había alcanzado el nivel nominal de 2009. Además, en 2013 se suprimió la deducción general por nuevas adquisiciones de vivienda habitual, y se mantuvo un régimen transitorio para las anteriores. El apoyo a la compra se redujo sin consolidar una política directa suficientemente potente y sostenida.
La crisis inmobiliaria también debilitó la capacidad productiva. Entre 2008 y 2014 Cataluña perdió más de la mitad del empleo de la construcción y más de una cuarta parte de la industrial, según la EPA. Se perdieron empresas, oficios y experiencia que hoy cuesta recuperar. El ajuste se aceptó demasiadas veces como un adelgazamiento inevitable, sin valorar suficientemente la pérdida de mano de obra especializada. El crecimiento demográfico, alimentado en buena parte por la inmigración, ha incrementado las necesidades residenciales ante una oferta con poca capacidad de respuesta. El recurso al alquiler de habitaciones puede aplazar el acceso a una vivienda completa, pero no resuelve esta necesidad. La construcción industrializada puede ayudar, pero también hacen falta profesionales formados y una cartera estable de proyectos.
El resultado se ve en la vivienda protegida. En Cataluña se terminaron 6.675 en 2010 y solo 617 en 2015. Los 3.517 de 2025 indican una mejora, pero el vacío acumulado no se recupera en un ejercicio. Una política de vivienda necesita continuidad durante décadas: los anuncios sin presupuesto ni capacidad de ejecución no garantizan nuevas viviendas.
También hay que evaluar las normas por los resultados. Fomento y la APCE han advertido de los efectos de la reserva del 30% de vivienda protegida en determinadas promociones y grandes rehabilitaciones de Barcelona. Trasladar el coste de la política social a operaciones concretas puede hacerlas inviables y reducir la oferta que se quiere ampliar. Hay que revisar esta obligación atendiendo a las viviendas efectivamente obtenidas y a las actuaciones que no han salido adelante. Las restricciones y una fiscalidad excesiva pueden desplazar la inversión hacia otros territorios.
La redistribución necesita recursos presupuestarios aportados por el conjunto de la sociedad. Cargarla sobre una oferta nueva ya escasa puede frenar promociones y encarecer el acceso. Hay que movilizar inversión con seguridad jurídica, reglas estables, una fiscalidad que favorezca el alquiler y plazos administrativos previsibles. Una rentabilidad razonable permite financiar construcción, rehabilitación y mantenimiento. Las obligaciones sociales deben ser compatibles con la viabilidad económica de los proyectos.
El plan de choque debe combinar presupuestos plurianuales, suelo urbanizado, licencias más ágiles y colaboración público-privada. Los derechos de superficie sobre suelo público permiten reducir el coste inicial y mantener la titularidad pública del terreno, con alquileres asequibles y compromisos de conservación. También hay que revisar los módulos protegidos para que cubran costes eficientes y reforzar la formación de los oficios. Mientras tanto, los hogares vulnerables necesitan ayudas que eviten que la espera agrave su situación.
La Administración debe aportar recursos estables, facilitar la ejecución y rendir cuentas; las empresas, invertir y asumir compromisos verificables. El derecho a la vivienda se hará efectivo con más viviendas disponibles, asequibles y bien situadas. Convertirlo en pilar social obliga a darle presupuesto y a sumar a quienes pueden hacerlo posible.
