El gobierno español refuerza la supervisión a los operadores eléctricos para evitar apagones

BarcelonaAnte el apagón general del pasado 28 de abril y después de los varios informes que se han derivado para intentar averiguar qué causó el cero energético, el gobierno español ha aprobado este martes un real decreto ley de medidas para reforzar el sistema eléctrico, que incluye inspecciones a los operadores obligados a controlar la tensión de la red así como ayudas a los consumidores. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Sara Aagensen, ha explicado que el objetivo de estas iniciativas es conseguir un sistema "más robusto y solvente" con grandes beneficios, como facturas más estables y previsibles para los ciudadanos.

El ejecutivo también ha dado luz verde a 931 millones de euros, provenientes de fondos europeos, para inversiones en la red de transporte destinadas a proyectos estratégicos de descarbonización, lo que "ahorra costes a los ciudadanos", indicó Aagesen. La norma potencia las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio, y elaborar el correspondiente informe, que actualizará cada trimestre.

Asimismo, también se encarga al operador del sistema, Red Eléctrica, que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, y sobre la velocidad de variación de tensiones, la programación de restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos. Además, se le encomienda un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.

La responsabilidad del apagón

La ministra Aagesen también ha asegurado, después de que este lunes las grandes energéticas señalaran a Red Eléctrica como "única responsable" del apagón del 28 de abril, en que las responsabilidades del episodio "tendrán que ser definidas por los tribunales tanto administrativos como judiciales", en los diversos procedimientos abiertos.

Asimismo, la ministra ha señalado que el gobierno español ha logrado en 49 días tener un informe del comité de investigación que ha identificado "claramente las causas con rigor, analizando la información de cada uno de los operadores". Además, añadió que el real decreto ley aprobado este martes dispone de un paquete de medidas para actuar y evitar un evento de estas características, algo "que es importantísimo", asegura. "Otros procesos, como las instrucciones, tanto administrativas como judiciales, seguirán su curso. Estas son las que dirimirán las responsabilidades", apuntó, y añadió que ya se verá "qué sale de estos procedimientos".

Además, Aagesen defendió el informe elaborado por el comité de investigación y respondió a la petición de Iberdrola de desanonimizarle que, en su momento, ya se hicieron "hasta dos solicitudes a los agentes para solicitar transparencia y que esta información pudiera hacerse pública a toda la ciudadanía".

"El resultado es un informe anónimo. Solo hubo un agente que dijo claramente que la información que nos había enviado, que fuera al 100% de su propiedad, podía hacerse pública, que fue Red Eléctrica", apuntó la ministra. "Por tanto, este informe es el resultado de esta anonimización de cada uno de los operadores que no nos permitieron hacer transparente esta información", aseveró.