El Supremo aboca las arcas públicas a devoluciones millonarias a las petroleras

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes y abre la puerta a devoluciones millonarias por parte de la administración a las petroleras, pese a que ni el Supremo ni Hacienda han dado cifras exactas. Una primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había apuntado previamente a cantidades que rondaban los 6.000 millones.

Según afirmó el Supremo este viernes, el derecho de la Unión Europea se opone al tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, y las petroleras que lo pagaron tendrían derecho a la devolución. Durante los años 2013 a 2018, la ley de impuestos especiales facultó a las comunidades autónomas para el establecimiento de un tipo impositivo autonómico, posibilitando un gravamen diferenciado según el lugar donde se consumía el producto sometido a imposición, y Cataluña fue una de las regiones que aplicaron esta tasa.

Ante las dudas que suscitaba la interpretación del Derecho de la Unión Europea, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en una sentencia del pasado mes de mayo, consideró que no es necesario establecer tipos diferenciados según la comunidad autónoma.

¿Quién puede reclamar?

El Tribunal Supremo reconoce así su legitimación para solicitar a la administración la devolución de este impuesto. Además, el alto tribunal aclaró que la obligación de devolución corresponde a la comunidad autónoma en la que se ingresaron las cuotas ilegales, aunque no fuera la destinataria final de estos importes, sin perjuicio de los ajustes internos entre Estado y comunidades autónomas.

Sin embargo, los consumidores de carburantes no pueden solicitar a Hacienda la parte correspondiente que han abonado de este impuesto ahora declarado ilegal, añade el Supremo, ya que existen otras vías para reclamar, directamente al proveedor o al Estado, por la aplicación de una ley contraria al Derecho de la UE.

La sentencia ordena la retroacción de actuaciones para que la sala de instancia valore aspectos relativos a la prescripción, la cuantía de los importes repercutidos y la traslación directa de todo o parte del importe del tributo sobre terceros. Cuando todo esté verificado, la administración tributaria deberá reembolsar las correspondientes cantidades. Fuentes de Hacienda dicen al ARA que todavía "hay que ver cómo se hará", si será vía presupuestos o por otro método, y recuerdan que "la sentencia firme no ha llegado todavía". Sin embargo, tendrá impacto para las arcas públicas.