Europa da la razón a las trabajadoras del hogar: no tener paro es "discriminatorio"
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la normativa española es contraria al derecho de igualdad entre mujeres y hombres
MadridTener derecho al paro. Una de las reivindicaciones históricas de las empleadas del hogar en España puede estar más cerca de hacerse realidad. La justicia europea ha sentenciado este jueves que negar el acceso de estas trabajadoras al paro es discriminatorio. En concreto, los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han concluido que la legislación española es contraria al derecho comunitario de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de la Seguridad Social.
El motivo al que se aferra la justicia europea es que el sector está conformado "casi exclusivamente" por mujeres –la sentencia apunta que el 95% del total de los empleados del sector son mujeres— y, por lo tanto, la legislación española constituye una discriminación indirecta por razón de sexo "contraria a la directiva europea". Así, los magistrados consideran que la ley española sitúa a las mujeres en una situación de desventaja respecto a los hombres. "Esta exclusión desemboca en menos protección social hacia los empleados del hogar, un hecho que se traduce en una situación de desamparo social", concluye el tribunal.
El sector de las empleadas del hogar, conformado por unas 580.00 empleadas (se calcula que un 36% parte de la economía sumergida), es un sector que no cotiza dentro del régimen general de la Seguridad Social, sino en uno de especial. Esto hace que sea el único colectivo sin derecho al paro y que permite el despido por desistimiento, es decir, por desconfianza de la persona que contrata y que no hay que justificar. Para el colectivo, esta situación ha desembocado en una cronificación de la "inestabilidad y la inseguridad" de las trabajadoras. Además, las empleadas conviven con altos porcentajes de informalidad, temporalidad y parcialidad que hacen que los sueldos sean unos de los más bajos del mercado laboral, y que una de cada tres trabajadoras del sector viva bajo el umbral de la pobreza, según un informe de Intermón Oxfam.
Después de un periplo judicial iniciado en Galicia a raíz de un recurso de una trabajadora del hogar en un juzgado en que alegaba que la normativa española las coloca en una situación de desprotección social, el tribunal pone de relieve que no hay motivos que justifiquen que este colectivo sea excluido de la prestación por desocupación, por el agravio que representa respecto a otros colectivos de trabajadores que llevan a cabo trabajos similares. De hecho, los magistrados han concluido que todos los empleados inscritos en el régimen general de la Seguridad Social tienen derecho al paro, incluidas las empleadas del hogar.
La justicia europea incluso va más allá y estima que la normativa española tampoco es "adecuada" para conseguir revertir el paro y luchar contra el trabajo ilegal y el fraude a la Seguridad Social. De este modo, contesta a unas alegaciones del gobierno español y la Tesorería General de la Seguridad Social en que vinculaban esta exclusión del derecho al paro a objetivos como mantener las tasas de ocupación.
Once años sin el 189
Pero el pulso que las trabajadoras del hogar mantienen con el gobierno español desde hace años para formar parte del régimen general no solo tiene que ver con la ayuda por desocupación. El régimen especial también relega a este colectivo a solo tener derecho a doce días de sueldo por año cotizado, en vez de veinte. Tampoco tienen derecho a la negociación colectiva ni a una ley de prevención de riesgos laborales. “No estamos pidiendo más, sino que se nos trate y vea como el resto de trabajadores”, reclamaba Carolina Elias, del sindicato de trabajadoras del hogar Sedoac, en una conversación con el ARA.
Además, una asignatura pendiente desde hace once años es la ratificación del artículo 189 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) “por un trabajo decente doméstico “, que el gobierno español se ha comprometido a firmar esta legislatura. De hecho, una vez se ha conocido la sentencia del TJUE los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han exigido al gobierno que acelere los trámites para ratificar el artículo.
Fuentes del ministerio de la Seguridad Social apuntan al ARA que cuando llegue la sentencia completa "se estudiará y decidirá cómo se debe proceder". A su vez, desde la cartera de Trabajo, dirigida por Yolanda Díaz, defienden que la sentencia del TJUE "refuerza y permitirá acelerar la línea en la que ya se está trabajando desde el principio", apuntan fuentes del ministerio a Europa Press.