Alerta entre las pymes: la Comisión Europea quiere retirar el reglamento sobre morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad acusa a Bruselas de ceder a las presiones de los grandes lobis empresariales

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Antoni Cañete durante un acto en Pimec
17/11/2026 - 12:44 h

BarcelonaAlerta entre las pymes y autónomos. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, ha expresado su rechazo a la decisión de la Comisión Europea de retirar el reglamento contra la morosidad, un instrumento jurídico que consideran esencial para combatir los impagos o pagos fuera de plazo.

Esta iniciativa se incluye entre las actuaciones legislativas que el ejecutivo comunitario prevé retirar de su programa de trabajo para 2027. Y su posible eliminación, según la plataforma, “deja desprotegidas a cerca de 34 millones de empresas, mayoritariamente pymes y autónomos, en la Unión Europea” (UE), en un contexto de empeoramiento de los plazos de pago, tipos de interés elevados y alta inflación, constatado en los informes de la misma Comisión y el Observatorio Europeo de Pagos.

La organización presidida por Antoni Cañete, que también lidera Pimec, ve detrás de este planteamiento una cesión “a las presiones de los grandes lobis empresariales” contra una normativa para la protección de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y contra “los esfuerzos europeos para garantizar unas condiciones de competencia justas y equilibradas”. Y desde la organización recuerdan a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ella misma advirtió que “la morosidad está detrás de una de cada cuatro quiebras empresariales”.

Oportunidad perdida

La plataforma recuerda que el Parlamento Europeo ya aprobó la propuesta de reglamento en el pleno de abril de 2024 y que, desde entonces, la iniciativa ha quedado estancada en el Consejo de la Unión Europea (UE). La propuesta de la Comisión, añade, “representa una oportunidad perdida para corregir algunos de los principales problemas estructurales que afectan al tejido empresarial europeo, tales como los plazos de pago abusivos, la indefinición de determinadas disposiciones normativas y los desequilibrios en las relaciones comerciales”. Este reglamento permitiría “reforzar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago y establecer mecanismos de control para evitar que las empresas proveedoras continuaran soportando retrasos que comprometen su liquidez y capacidad de crecimiento”, agregan.

Según el último estudio de la PMcM publicado en primavera, el plazo medio de pago en España aumentó durante el ejercicio anterior hasta alcanzar los setenta días en las administraciones públicas y 67 días en el sector privado, frente a los máximos legales de treinta y sesenta días, respectivamente. Además, el 85% de las grandes empresas supera el plazo legal de pago y los subcontratistas cobran de sus contratistas principales con una media de 87 días.

Esta organización considera “especialmente preocupante y contradictorio” que la Comisión Europea renuncie a esta iniciativa cuando los informes Letta y Draghi para potenciar la autonomía y la competitividad europea han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización normativa. El objetivo sería fortalecer el mercado único y la competitividad europea, y priorizar los reglamentos por delante de las directivas para garantizar unas normas de juego comunes y evitar la fragmentación reguladora.

La PMcM también rechaza los argumentos esgrimidos por algunos estados miembros que defienden evitar el reglamento “con el pretexto de evitar nuevas cargas burocráticas, costes administrativos y la creación de organismos de supervisión”. En este sentido, recuerdan que “la verdadera burocracia es la que soportan cada día millones de pymes europeas para conseguir cobrar por los bienes y servicios que ya han prestado”. Y afirman que las empresas europeas dedican una media de casi diez horas semanales a reclamar pagos atrasados.

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