Desestimada la demanda de más de 500 M€ de los nuevos propietarios de Celsa contra Francesc Rubiralta

BarcelonaFin de otro capítulo del caso Celsa. Si bien en septiembre de 2023 el juzgado mercantil 2 de Barcelona decidió entregar Celsa a unos fondos acreedores, los cuales habían presentado un plan de reestructuración para convertirse en los nuevos propietarios de la compañía después de acumular desde hacía años una deuda milmillonaria, la nueva dirección, ya con la compañía bajo el brazo, decidió volver a llevar a los tribunales quien había sido su presidente hasta entonces, Francisco Rubiralta. Lo hizo casi un año después, a mediados del 2024, siendo el objeto una acción social de responsabilidad contra él por unos créditos por valor de 469 millones de euros concedidos a empresas patrimoniales de la familia y que ya eran incobrables porque estas sociedades estaban en concurso de acreedores. Ahora el juzgado mercantil 5 de Barcelona acaba de sentenciar a favor de Rubiralta: considera que queda acreditado que el préstamo era inexigible y era conocido como incobrable tanto por la sociedad demandante como por sus socios, deudores y acreedores financieros.

La demanda, presentada por la propiedad de Celsa, Inversiones Pico Espadas, se centraba en un crédito de 469 millones de euros –que en la demanda el valor reclamado ascendía a 504 millones– que tuvo su origen en una serie de transacciones realizadas por varias empresas del grupo Celsa durante el período comprendido entre los años 20. interno de reorganización societaria para acometer la separación patrimonial y funcional de las actividades del grupo siderúrgico, que quedó en manos de Francesc Rubiralta, y de las actividades del sector farmacéutico, que correspondieron a su hermano, José María Rubiralta. Asimismo, este crédito se tuvo en cuenta en los diferentes procesos de refinanciación del grupo, en los años 2010, 2013 y 2017, pero nunca lo reclamaron, y años más tarde, en el proceso de homologación del plan de reestructuración promovido por los fondos extranjeros en 2023, los informes técnicos de valoración no lo tuvieron en cuenta.

Sin embargo, Inversiones Pico Espadas consideraba a la demanda que Rubiralta había incurrido en una omisión antijurídica por no acordar el vencimiento ni instar la reclamación del crédito intragrupo durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, cuando este crédito, según ellos, era exigible y relevante patrimonialmente. Una opinión que ahora el tribunal ha declarado errónea: "La reclamación del crédito no sólo resultaba improcedente en el contexto económico, financiero y jurídico del grupo Celsa, sino que también habría perjudicado el interés social y el de los socios comunes", concluye el juez, que desestima la demanda porque no incurren los elementos constitutivos de la relación exigida –conduce antijuicio.