Los ingresos reales, el obstáculo de la negociación de las cotizaciones de los autónomos

Madrid"¿De qué hablamos cuando nos referimos a los ingresos reales de los trabajadores autónomos?", comenta medio riendo una fuente de la Agencia Tributaria al ARA, que anticipa así uno de los principales obstáculos de la actual negociación entre el ministerio de Inclusión y Seguridad Social y las organizaciones de autónomos sobre el futuro sistema de cotizaciones por tramos en función de las ganancias. De hecho, las reuniones, que arrancaron el pasado año y han cogido impulso este enero, no pasan por uno de sus mejores momentos, reconocen distintas fuentes del diálogo social consultadas por este diario.

Con el cambio de sistema, lo que busca el gobierno español es que los tres millones de autónomos a los que puede llegar a afectar la reforma paguen una tarifa de acuerdo con las ganancias o, en el lenguaje que se está utilizando en el marco de la negociación, de acuerdo a los "ingresos reales". Una propuesta, sin embargo, que no es nueva del todo porque en 2018 ya se hizo un primer intento en este sentido.

Vamos a palmos. Lo que plantea el ejecutivo con la reforma es dividir a los trabajadores autónomos en 13 tramos en función de las ganancias y determinar así si deben pagar una cuota menor o mayor. Por eso, determinar qué son los ingresos reales es imprescindible. De esta forma, se dejaría atrás la elección actual que tiene el trabajador de pagar más o menos, pero siempre a partir de 294 euros al mes (sin tener en cuenta el primer año de tarifa plana) independientemente de las ganancias. Con la propuesta del ministerio, el autónomo podrá escoger el tramo en el que se situaría de acuerdo con sus previsiones de ganancias y podría cambiar hasta 9 veces de tramo a lo largo de un ejercicio. Será más tarde, a través de la declaración de la renta, cuando Hacienda determinará si el contribuyente debe pagar algo más o, contrariamente, se le debe devolver dinero, como sucede actualmente con la declaración del IRPF de un trabajador asalariado. "Lo que no puede ser es que una persona que tiene unos ingresos de 700 euros pague lo mismo que una persona que gana 4.000", ejemplifican fuentes del ministerio de la Seguridad Social, un argumento al que se suman también las organizaciones del sector.

Hasta aquí todo parece muy sencillo. Ahora bien, el concepto de ingresos reales como tal no existe en la normativa tributaria. Hasta ahora, estos ingresos reales se han transformado en lo que la Agencia Tributaria llama "rendimiento neto" y que básicamente es el resultado de tener en cuenta todos los ingresos menos los gastos fiscalmente deducibles. El centro de la cuestión es qué gastos se descuentan, reconocen las diferentes partes implicadas en la negociación, ya que en función de lo que el trabajador autónomo puede y decide deducirse, las ganancias finales varían mucho. ¿Podrán descontarse la gasolina de un trayecto en coche, la electricidad del hogar o el wifi?, son algunas de las preguntas que ahora planean sobre la negociación.

Fuentes implicadas en las conversaciones explican al ARA que justo se están discutiendo los gastos que finalmente se incluirán en la reforma —y, por tanto, en el diseño del concepto de ingresos reales— y que los trabajadores autónomos podrán deducirse. Asumen que se están generando muchas dudas —de hecho, las organizaciones llevan días pidiendo claridad al ministerio— y que las asociaciones del sector se sitúan en puntos muy alejados del gobierno español.

¿Qué dicen las organizaciones? En la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) -vinculada a la CEOE- sostienen que si no quedan estipulados qué gastos son deducibles "es difícil tener unas tablas con tramos coherentes". "Un fotógrafo que tiene un estudio se deduce la luz del local, pero, en cambio, otro que se dedica a tomar fotos de bodas o celebraciones no se puede desgravar la electricidad porque forma parte de los gastos del hogar", pone como ejemplo Lorenzo Amor, presidente de ATA, que por eso defiende que debería tenerse en cuenta la capacidad de deducción de un autónomo, pero no los ingresos reales. "Es discriminatorio", sostiene. Además, desde ATA consideran que la propuesta de vincular las cuotas con los ingresos reales "es meramente recaudatoria". Según ATA, "se confunde a un autónomo con un asalariado, cuando un autónomo no tendrá nunca los mismos derechos". Pero esto es precisamente lo que busca el ministerio con este cambio.

Al otro lado se sitúan las organizaciones progresistas Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que sí defienden que es necesario tener en cuenta las ganancias netas reales y, además, que se tenga en cuenta como gasto deducible la cuota de autónomos y las manutenciones. Un planteamiento, sin embargo, que a estas alturas no está sobre la mesa del ministerio de Seguridad Social.

Fuentes de la Agencia Tributaria explican al ARA que todavía existe otro desajuste: el de los autónomos societarios (unos 200.000 en toda España). "Nosotros [la Agencia Tributaria] sabemos el dinero que se declara, pero no quién declara. A efectos de tributación no tenemos la etiqueta de autónomos", explican las mismas fuentes.

Un sistema fallido

El único punto en el que existe consenso entre el gobierno y las asociaciones del sector es que "el actual sistema es injusto". Gran parte de los autónomos tienen unas pensiones más pobres que la media de los trabajadores. Una anomalía que desde el ministerio de Seguridad Social asocian a que durante años el 85% de estos profesionales han escogido pagar la cuota mínima. Desde este ministerio explican que este colectivo es el que tiene un mayor porcentaje de complemento a mínimos, una ayuda que se da a los pensionistas que no llegan a la pensión mínima.

Por otra parte, los agentes sociales piden que se traslade la negociación a la esfera política "para que no se repita el espectáculo de la reforma laboral", dice Lorenzo Amor. El ejecutivo todavía tiene hasta el verano de 2022 para aprobar una reforma comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación de los fondos europeos y que entraría en vigor en 2023.