Los deberes (y un fraude) pendientes en vivienda protegida

BarcelonaLa apuesta del Govern por construir 50.000 pisos de alquiler social no ha causado indiferencia al sector. Por un lado, está vista con buenos ojos porque, dicen, se ha producido un cambio de discurso. Pero también se pone en cuarentena: construir masivamente requiere actores y financiación externas –levantar pisos de alquiler social no es rentable a corto plazo– y agilizar trámites burocráticos.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno supone casi doblar el actual parque de vivienda de alquiler social –cifrado en 54.000 unidades, el 1,7% del total– y, por tanto, también significa multiplicar los deberes pendientes sobre este régimen y la su gestión. Estos son algunos de ellos:

El tope de ingresos que empuja al fraude

La mitad de las solicitudes son de unidades de convivencia de una sola persona

El registro de solicitantes de vivienda de protección oficial (VPO) de la Generalitat cuenta con 97.569 personas a 30 de junio de 2024. Casi la mitad de estas solicitudes (46%) son de unidades de convivencia de una sola persona y un 23% de dos personas. Para acceder a una vivienda no se puede superar un tope máximo de ingresos, que se calcula a partir del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) –situado en 717 euros– y varía dependiendo de la normativa que ampara el vivienda, la calificación –general, especial o precio concertado– y la zona donde se encuentra. Cuantas más personas forman parte de la unidad, más aumenta el umbral máximo, pero lo hace por cientos o pocos miles de euros de diferencia, una realidad que, según diversas fuentes consultadas por este diario, empuja al fraude.

"El formato empuja a que nos registremos a nombre de una sola persona, incluso en casos en que se tienen hijos o una relación de mucho tiempo, para evitar que se cuenten como unidad de convivencia de dos personas o más", explica Adrià (nombre ficticio) en el ARA, que hasta hace unos días estaba en una cooperativa para acceder a una vivienda en cesión de uso. "Conozco casos de parejas en los que uno de los dos es autónomo y en el año que debe entrar ha fraccionado su sueldo a la baja y al año siguiente ha vuelto a tener una facturación normal", explica. "Con mi pareja aplazamos ser pareja de hecho para poder optar a una vivienda protegida", explica otro testigo al ARA, que quiere mantenerse en el anonimato. "Viví un tiempo en un alquiler social con mi pareja, pero el piso estaba a nombre de la hermana: él se quedó en el piso porque ella tuvo hijos y se marchó", explica otro testigo.

La gestión y el mantenimiento del parque

El alud de nuevas promociones requerirá más esfuerzo para evitar la desatención de blogs

Construir decenas de miles de nuevas viviendas hará que el parque de alquiler social a gestionar sea el doble del actual, lo que mantenerlo requerirá más recursos –públicos o privados–, cuando actualmente esta gestión es lo que puede frenar el desarrollo de viviendas. "Si hay miedo de los ayuntamientos a la hora de realizar una promoción pública, el acuerdo con las entidades del tercer sector es clave. Las entidades del tercer sector deben ir haciéndose más sólidas para que puedan ser gestoras de este parque", explica la presidenta de la Fundación Hábitat 3, Carme Trilla. "Esto facilitaría la toma de decisiones de promover vivienda de alquiler: necesitas equipos, hay ayuntamientos que quizás no tienen equipos porque son pequeños", añade Trilla, y asegura que en otros países esta red de entidades es muy potente.

Esta realidad también es extrapolable a las promociones a las que diez o quince años después decae la obligación de hacer alquiler social. Algunas de ellas quedan en el limbo: inquilinos que deben marcharse y otras que continúan sin contrato mientras el blog se pone en el mercado. La Generalitat ha comprado varios blogs en esta situación para añadirlos de nuevo al parque público, incluso con algunos pisos vendidos a particulares. "Uno de los que compró, colgó un anuncio de 700 euros por una sola habitación. La condición, terreno y bloque sigue siendo de protección oficial. Sé de primera persona que ha comprado y que ha realquilado. Está denunciado en la Agencia de la Vivienda de Catalunya", explica una vecina de un bloque de Girona al ARA, que lamenta que hay "muy poca vigilancia" sobre el uso que se da en la vivienda una vez se vende, aunque siga siendo de protección oficial. "En nuestro blog, las placas solares nunca han funcionado y el techo de la sala común estuvo caído durante años", añade esta vecina.

La cronificación del empleo

La Agencia de la Vivienda de Cataluña tiene más de 935 viviendas ocupadas ilegalmente

El parque de viviendas de protección oficial administrado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) cuenta con 935 pisos ocupados ilegalmente, lo que supone el 4,09% del total (22.837). Una realidad que también afecta a administraciones locales y gestoras de vivienda de alquiler social como Hábitat 3. De hecho, el director del área de territorio del Institut Cerdà, Lluís Inglada, coautor del estudio Ocupación de viviendas en España. Actualización del informe de 2016, asegura que se trata de una situación que es también un problema para los ayuntamientos, así como para las entidades sociales que gestionan estos parques porque "obstaculiza" los procesos reglados para dar respuesta a familias vulnerables. "En octubre estuvimos dos semanas haciendo guardias entre los vecinos. Teníamos que llamar a los Mossos diez veces al día", dice la vecina del blog de Girona.

"Los datos dicen que van a la baja, pero se corre el riesgo de que el empleo se cronifique y que haya pasado a ser una forma normalizada de acceder a la vivienda por parte de determinados segmentos de la sociedad, y que se haga un negocio", añade Inglada. Trilla explica que este fenómeno se ha reducido, pero no erradicado, y defiende que legislativamente podrá ser contundente contra el empleo el día en que las familias dejen de perder sus viviendas.