El gobierno español investiga Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos

BarcelonaEl ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador a Lloguer Segur, una empresa que da servicios a los arrendadores, por posibles "prácticas abusivas" contra inquilinos en la gestión de su alquiler. El ministerio, liderado por Pablo Bustinduy (Sumar), también investiga a otras agencias inmobiliarias por cobros ilegales a inquilinos y por obligarles a contratar servicios no solicitados.

La apertura de un expediente sancionador implica la recolección de pruebas y se da la oportunidad al infractor a presentar alegaciones, que se tendrán en cuenta para decretar sanciones, que pueden incluir multas y la obligación de cesar conductas irregulares. El procedimiento de sanción abierto por el ministerio forma parte de una investigación que se puso en marcha en octubre, a raíz de varias denuncias del Sindicato de Alquiladoras de Madrid y de las asociaciones de consumidores Facua y OCU.

En los escritos, estas entidades denunciaban infracciones como hacer pagar una comisión por la gestión del alquiler, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino. Estas supuestas prácticas, que ahora investiga el ministerio, están prohibidas por la ley estatal de vivienda aprobada en mayo de 2023, la misma en la que se regula el tope de precios. En caso de acreditarse estas prácticas, la ley de defensa de los consumidores permite calificarlas como graves o muy graves. En el primer caso, podrían acarrear multas de hasta 100.000 euros, con la posibilidad de superar esta cuantía hasta multiplicar por cuatro e incluso seis veces el beneficio ilícito obtenido. De ser declaradas muy graves, estas sanciones podrían comportar multas de hasta un millón de euros, que también podría superarse, hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Facua denunció Alquiler Seguro en noviembre del 2023 porque obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% del IVA, y desde la ley de vivienda de mayo de ese año también ha denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante todos los administradores de consumo, pero de respuesta. En el caso del Sindicato de Inquilinos de Madrid, la denuncia se presentó en febrero por prácticas "abiertamente contrarias a la legalidad", como el cobro de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas en los contratos y el incumplimiento del derecho de desistimiento, entre otros. "La sanción que hoy se anuncia demuestra que Lloguer Segur va más allá. Bajo una retórica grandilocuente de criminalización de los inquilinos y protección al propietario se escondía una estafa permanente de la que también eran víctimas los propios rentistas", dice la asociación. Alquiler Segur ha dicho este jueves que analizará el expediente para evaluar si presentará alegaciones y ha defendido que cumple "escrupulosamente" con la ley y que todos los procesos que lleva a cabo están auditados.

Este nuevo procedimiento que ha abierto se suma a lo que el ministerio de Consum ya abrió hace tres meses contra una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas, motivado por la presencia de miles de anuncios de alojamientos de corta duración que fueron catalogados como publicidad ilícita porque suponían una infracción de la ley general para la defensa. En febrero también se abrieron varios expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, después de que se detectara que estas compañías ofrecían, presuntamente, información falsa o información que puede inducir a error a los destinatarios.

Alquiler Seguro tiene 61 oficinas abiertas en España y cuenta con más de 300 personas en todo el territorio, con casi 100.000 inquilinos en las viviendas de alquiler que gestiona.