UGT ha presentado una reclamación colectiva contra España al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que no garantiza el acceso a una vivienda digna, lo que vulnera el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada. "Hay que dar ese paso ante el problema de la vivienda", ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en rueda de prensa este miércoles. La demanda implica a todas las administraciones públicas que tengan competencias en la materia, es decir, el gobierno español, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos.
El gobierno español propone "blindar a perpetuidad" el parque de vivienda pública
Isabel Rodríguez reitera la necesidad de aplicar la ley de vivienda y pide colaboración a las comunidades autónomas
BarcelonaNuevo anuncio del gobierno español en materia de vivienda. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha propuesto este miércoles "blindar a perpetuidad" la protección del parque de vivienda pública y también los suelos públicos, de forma que no puedan descalificarse y, así, sirvan el interés general para siempre. Para materializarlo, ha dicho que espera un acuerdo unánime: "Las comunidades autónomas tienen mucho que decir", ha declarado.
Lo ha planteado durante una sesión de control en el gobierno español en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición de ERC, EH Bildu y el grupo mixto. La ministra ha advertido de que si no se alcanza un gran acuerdo en este ámbito, el ejecutivo tiene otras vías para sacar adelante la propuesta. "La vía de los hechos permitirá también hacerlo ante un cambio de paradigma en el que el gobierno, a través de la ley de vivienda, tiene otros instrumentos para hacerlo viable", ha asegurado Rodríguez.
Aprender del pasado
Rodríguez lamentó que España está pagando "el déficit de vivienda de protección oficial" porque actualmente existe una demanda muy superior a la oferta, lo que, dijo, empuja el precio del alquiler al alza. De hecho, el parque de vivienda pública de todo el Estado es inferior al 2% –al igual que en Catalunya–, una cifra muy por debajo de la media europea, ubicada en el 9,3%. "La construcción de vivienda social de propiedad fue una medida de ascenso social, porque muchas personas accedieron a una vivienda digna, pero la descalificación de aquellas viviendas hace que hoy no podamos contar con ese parque, con recursos sufragados por todos ", ha explicado la ministra. El salto de pisos protegidos en pisos del mercado libre es habitual al cabo de unos años y una de las causas que explican la escasa proporción que supone el parque de protección oficial en España.
Ahora Rodríguez dice que hay que aprender del pasado y reconocer lo que no funcionó para evitar nuevos errores: "Por ejemplo, más oferta no hizo bajar los precios: más vivienda y suelo liberal no hicieron que bajaran los precios en el 2005 y 2006". También ha afirmado que en esa época la política crediticia "llevo a la ruina" a miles de personas y derivó en un rescate financiero a la banca a costa de recortes para toda la ciudadanía.
La intervención de la ministra no ha satisfecho ni a la oposición, ni a su socio en el ejecutivo español. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha dicho que ha sido una "oportunidad perdida" porque Rodríguez, a su juicio, ha hecho cero propuestas. La ministra "no sintoniza en absoluto con la calle", criticó. Dice que ahora es necesario "abrir una reflexión", como formación de la coalición, para tratar de "enderezar el rumbo" del ejecutivo español en materia de vivienda.
La aplicación de la ley de vivienda
Durante su intervención, la ministra defendió los efectos positivos del despliegue de la ley de vivienda, que ya recogía la protección permanente de parque público, pero el Tribunal Constitucional tumbó ese precepto por invasión de competencias. Recientemente, el PSOE registró una iniciativa en el Congreso para que se garantizase por ley la calificación permanente de las viviendas protegidas para que las comunidades no puedan revocarla.
La ministra también ha avanzado que el nuevo índice de referencia para actualizar anualmente el precio de los alquileres, también recogido en la ley de vivienda estatal, estará listo en el primer trimestre de 2023. Este índice debe sustituir el método de cálculo actual , que se realiza a través del índice de precios de consumo (IPC). En cuanto al suelo, la ministra recordó que el gobierno español pondrá más suelo público a disposición para la construcción de vivienda, y pidió a los grupos parlamentarios firmar la ley del suelo, registrada por el PSOE y el PNV.
"La barra libre ha fracasado"
La ministra ha aprovechado la comparecencia para pedir a partidos e instituciones que no pongan "bastones en las ruedas" para desarrollar las políticas de vivienda necesarias contra una situación que ha calificado de emergencia social. Pero también ha lanzado un aviso a las comunidades autónomas: "Agotaremos todo el margen de actuación que nos otorga el ordenamiento jurídico, confiando en que ellas también lo hagan y lo ejerzan con la misma determinación política y corresponsabilidad financiera", ha dicho.
Una de estas políticas es ampliar el parque de vivienda pública –Rodríguez ha dicho que quiere aprovechar los fondos europeos y ha pedido cooperación a las comunidades– y, como ahora se propone el gobierno español, protegerla. "La experiencia del modelo de libre mercado de la barra libre ha fracasado", ha dicho. Ha hecho referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha dicho que "la barra libre" lleva a que miles de madrileños estén atrapados en los precios del alquiler. "Tienen instrumentos, utilícenlos", ha añadido, en la línea de las últimas semanas ante la negativa de algunas comunidades de no aplicar la ley de vivienda estatal, que permite contener los precios de los alquileres en zonas tensionadas. La otra cara de la moneda es Catalunya, a la que la ministra ha puesto de ejemplo.