Cincuenta años sin responsables del accidente minero en Fígols: "Fue un asesinato"

BarcelonaEl 3 de noviembre de 1975 Txema Gómez tenía ocho años. Era un lunes normal de escuela hasta que en el patio se empezaron a oír gritos alborotados entre los juegos de pelota. "Ha habido una explosión en la mina". Gómez tuvo una sensación extraña. No recordaba si ese día su padre se turnaba de mañana o de tarde, pero tuvo un mal presentimiento. Después de un rato de quietud tensa en la clase, llamaron a la puerta. Era un vecino, también minero, que se lo llevó a casa de unos familiares para confirmarle la noticia. "Me hice mayor de golpe", dice 50 años más tarde el hijo de uno de los 30 trabajadores que murieron en aquella explosión de grisú en la mina La Consolació, en Fígols (Berguedà). Medio siglo después, ninguno de los directivos responsables fue condenado por las negligencias que han detectado a los descendientes de las víctimas a raíz del accidente.

La empresa Carbones de Berga SA (CBSA) era entonces propiedad de Fecsa, la eléctrica fundada por el banquero de Franco Juan March. Le llamaban "la niña bonita del Régimen" porque éste había acelerado su modernización en plena crisis del petróleo para alimentar de electricidad a las fábricas catalanas con su carbón. Aquella explotación de lignito era un laberinto de galerías a 1.000 metros de profundidad. En las minas, la ventilación es uno de los elementos esenciales para garantizar su seguridad. "Si existen acumulaciones de gas, las diluye", explica Gómez. Gases que se esconden entre las capas de carbón como el grisú, un compuesto muy temido por los mineros y que fue el detonante de la explosión en Fígols.

Tras décadas de investigaciones, Gómez y los hermanos Marcelino y Emili Díaz, también hijos de una de las víctimas, han constatado que en La Consolació los sistemas de ventilación se habían instalado a toda prisa y llevaban dos días seguidos apagados. El gas se había acumulado durante más de 48 horas. "Aquel viernes antes de la explosión los mineros hicieron un escrito porque llevaban una semana quejándose de que hacía un calor bestial", dice Gómez. En el primer informe después de inspeccionar la mina, los ingenieros detectaron que seguramente una chispa eléctrica en alguna de las maquinarias había provocado la ignición. Si la chispa se hubiera producido 20 minutos más tarde, comenta Gómez, habrían podido morir 400 mineros.

No había aparatos para medir la presencia de gases y, según descubrieron las familias, tampoco descendieron los vigilantes antes de que entrara el primer turno de trabajo, como decía la normativa. "Ya les habían hecho una auditoría avisando de que podía salir una bolsa de gas grande. Se estaban arrancando un montón de toneladas a mucha profundidad", añade este hijo de minero. Tanto él como los hermanos Díaz participaron en la producción de Grisú, la tragedia de Fígols, un documental para 3Cat, que explica cómo el franquismo escondió las responsabilidades en el accidente.

Gómez, su hermana –que entonces tenía cinco años– y su madre –que tenía 34– ni siquiera saben a ciencia cierta si el cuerpo que lloraron era el de su padre. "No nos dejaron verle", dice. Los entierros se realizaron al día siguiente sin dar margen para el reconocimiento de los cadáveres. Dos días más tarde, se organizaba un funeral con más de 6.000 personas, entre ellos tres ministros franquistas, el gobernador civil de Barcelona y el presidente de la Diputación, que en ese momento era Juan Antonio Samaranch. Tras los protocolos, la empresa se centró en reforzar su versión para proteger a sus responsables de una posible condena: en una de las inspecciones se había encontrado un paquete de tabaco de la marca Rex y una caja de cerillas y culpaban a los mineros de haber provocado la explosión por fumar un cigarrillo. "Si eso había sido una bola de fuego, ¿de dónde podía salir? Fue una estrategia que les sirvió para dar una explicación y crear un relato", lamenta Gómez.

Un juicio "pantomima"

Los directivos –a los que podía caerles una pena de prisión de 8 años y una fianza de 32 millones de pesetas– fueron indultados y tras muchas presiones las viudas aceptaron indemnizaciones para cerrar el caso. Más adelante, unas pocas reanudaron el litigio aconsejadas por abogados como el laboralista Marc Viader y reunieron pruebas suficientes para llevar a la empresa a juicio. Finalmente, éste tuvo lugar en febrero de 1978, pero Gómez critica que fue una "pantomima". "Fueron como testigos mineros que eran compañeros de quienes murieron a decir que todo estaba bien. Aquello fue un escándalo", recuerda. Seguramente, añade, culpar a los muertos era más llevadera para los supervivientes psicológicamente: "Es mejor pensar que fueron unos compañeros imprudentes que estructuralmente aquella mina es una mierda y tienes que entrar cada día".

La sentencia concluyó que la explosión no podía preverse y absolvió a los responsables de la explotación. Gómez tiene todavía muy presentes los nombres, especialmente el de Manuel Portis, el director de la mina. "El término accidente se ha colocado en nuestra cultura desde el poder. Es un comodín que desde siempre se ha utilizado por parte de los empresarios", reivindica Gómez. Tras la tragedia, su familia tuvo que aguantar también un clima de silencio, vergüenza colectiva y tabú que impregnó la comarca. A su madre y las demás mujeres que perdieron a sus maridos en la mina se les puso el mote de "las viudas de oro", para recalcar que al menos habían sacado dinero de esas muertes repentinas. "Yo he tenido que trabajar durante muchos años esta rabia", admite Gómez. Aún recuerda cómo su abuela, que había cuidado a los hijos de uno de los ingenieros, les insultaba cuando se les encontraba por la calle: "Me decía: «estos han asesinado a tu padre»". La mina siguió funcionando hasta 1991.

Cincuenta años después, Gómez tiene claro que la explosión no fue un accidente: "Fue un asesinato". También lamenta que, vista la situación actual de la siniestralidad laboral, probablemente si ese incidente hubiera ocurrido en el 2025, tampoco se pudo evitar. Pese a la falta de reconocimiento por parte de la administración y la justicia, Gómez y los hermanos Díaz se sienten un poco más en paz porque, al menos, han puesto los hechos sobre la mesa y han podido hacer públicos los indicios que el Régimen intentó enterrar.