El fundador de Glovo niega a la jueza que el anuncio de contratar a los 'riders' sea "una estrategia de defensa"
Oscar Pierre asegura que fue "casualidad" que el cambio de modelo laboral se comunicara un día antes de su declaración
BarcelonaApenas quince minutos. Es el tiempo que ha tardado el consejero delegado y cofundador de Glovo, Oscar Pierre, en declarar este martes ante la juez y responder a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, en el proceso penal en el que está acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El empresario ha negado que la decisión de la empresa de contratar a sus repartidores, anunciada un día antes de que le tocara presentarse en la Ciudad de la Justicia, sea una "estrategia de defensa". Pierre se ha acogido a su derecho de no responder a la CGT, que se ha personado como acusación particular en el caso representando dos riders afiliados al sindicato.
Paradójicamente, el creador de la plataforma de repartos a domicilio volvió a defender su modelo actual y insistió en que le considera legal, según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia Efe. Aún así, ha justificado que cambiarán su forma de operar para evitar las discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo. Pierre ha declarado como imputado en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que investiga la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por utilizar falsos autónomos en su aplicación.
A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el imputado ha insistido en que el reciente giro en la estrategia de la empresa, que hasta ahora había defendido utilizar mensajeros autónomos pese a la presión de la ley rider aprobada hace más de tres años, es una "coincidencia". Pierre ha justificado que busca la "paz social" y evitar conflictos con la Inspección de Trabajo y los tribunales, tras las múltiples sanciones por mantener a los repartidores como falsos autónomos.
En un comunicado, la defensa ha explicado que el modelo de Glovo ha cambiado desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, en la que confirmaba la relación laboral entre la empresa y sus mensajeros, y desde la puesta en marcha de la ley rider. Según el letrado, Pierre ha destacado el "buen gobierno" de la compañía y "su vocación de ajustarse a los requerimientos judiciales y de la Inspección de Trabajo". De hecho, ha remarcado que la autoridad laboral nunca puso pegas a la condición de autónomos de los repartidores entre 2014 y 2018. El cofundador de la empresa barcelonesa ha explicado que la denuncia de la Fiscalía está construida sobre resoluciones que se refieren a un modelo anterior y no al actual.
Próximos pasos en el proceso
Antes de la esperada declaración de Pierre, en esta fase de instrucción de la causa ya ha habido tres sesiones entre septiembre y noviembre en las que han ido declarando diferentes riders de la plataforma. "Él mantiene que desde el primer modelo de la sentencia del Supremo hay una evolución a un segundo y un tercer modelo y defiende su legalidad. Lo sorprendente es que ayer anunciaron que cambiarán a la laboralidad", apunta el abogado de la CGT Raúl Maíllo, que ha presenciado este martes la declaración del empresario. El letrado explica que Pierre admitió que contratar a los repartidores generaría más dificultades para la compañía, pero no mencionó que esto implique su cierre. "Nosotros entendemos que las modificaciones [en el modelo de Glovo] están sobre el papel. Esto no acredita que se produzcan en la realidad", dice.
Ahora hay que ver si la Fiscalía, la CGT o la acusación particular piden diligencias que hagan avanzar la investigación. Cuando se dé por cerrada la instrucción la jueza valoraría si existe material e indicios suficientes para cambiar de fase y poner fecha a un juicio oral. El abogado reconoce que no hay muchos casos con los que comparar el proceso penal contra Glovo. Éste se activó a raíz de la reforma del Código Penal del 2022, que llevaría los castigos para los delitos contra los derechos de los trabajadores. Concretamente, el artículo 311 prevé ahora penas de seis meses hasta seis años de cárcel para quienes quieran "imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante la contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo". Por ejemplo, mantener a los repartidores como falsos autónomos.