Las gambas del PP y los sindicatos
MadridEl PP ha vuelto a hacer uso de la inteligencia artificial (IA) para lanzar un dardo a quien considera sus contrincantes —una estrategia que ha copiado de Donald Trump—. En este caso, sorprende porque lo ha lanzado hacia los sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, que tienen un papel reconocido en la Constitución: si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, tendrá que reunirse con ellos para, como mínimo, hablar de cuestiones como las pensiones o el salario mínimo interprofesional (SMI). De hecho, hace dos años, Feijóo reivindicó el papel de los sindicatos como agentes sociales en el Congreso de la UGT.
Coincidiendo con la jornada de huelga general de este 11-N, la cuenta de la red social X del PP publicó una imagen en la que se veían tres personas con chalecos de la UGT y CCOO comiéndose unas gambas, un fotomontaje que servía para burlarse de ellos. Pero más allá de la burla, la imagen desprende otro mensaje aún más relevante: ¿Es un problema comer gambas? ¿O el problema es que las coman unos sindicalistas y no, por ejemplo, unos empresarios? ¿No tiene todo el mundo derecho a comer gambas?
No es la primera vez que la derecha plantea como una contradicción que alguien de izquierdas, en este caso representantes sindicales, que a su vez pueden ser trabajadores, disfruten de un hábito de consumo —una comida— que implica un producto considerado refinado o caro. Con esta contradicción se busca deslegitimar y señalar como incoherente al contrincante, como han reflexionado diferentes sociólogos, por el hecho de que disfruta de un bien que históricamente se ha asociado a la élite.
De esta manera no solo se desprende clasismo —se sitúan las gambas como un alimento solo para los sectores conservadores y las clases altas que sindicalistas o gente de izquierdas no pueden consumir—, sino que también se desprende lo que históricamente han denunciado diversos sociólogos sobre los juicios que se hacen de la dieta de la población de la calle o las rentas más bajas, que es cierto que normalmente está basada en productos más baratos o ultraprocesados: ignorar que detrás hay una desigualdad económica que convierte el acceso a comida fresca, variada o incluso ecológica en un privilegio. Es una distinción.
Quizás al PP ya le va bien no esconderse de este discurso. Al fin y al cabo, es el mismo partido que en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, aprobó durante la pandemia de la covid-19 no retomar el servicio de comida nutritiva para los 11.500 menores de familias con rentas bajas el resto de aquel curso. Ayuso, en cambio, firmó contratos exprés con empresas de comida rápida, como Telepizza, para que los niños vulnerables se alimentaran durante tres meses de pizza, hamburguesas o nuggets. ¿Es este el alimento de la gente más pobre o de la gente de izquierdas? La presidenta de Madrid, sin embargo, terminó teniendo que dar marcha atrás.
El PP colgó la foto el mismo día en el que, de hecho, una buena parte del Estado paraba y se movilizaba para reivindicar no solo que la vivienda sea un derecho, sino que el salario garantice una vida digna. Y parte de la dignidad empieza, precisamente, con el plato en la mesa.
